La Legislatura votó este jueves el convenio urbano con la Nación para que las viejas bodegas Giol y Santa Ana, en Palermo Viejo, pasen a ser un polo científico y tecnológico. El tema no levantó demasiada polvareda porque es un buen uso para los terraplenes abandonados del ferrocarril, sobre Godoy Cruz, y para los viejos edificios. Pero el jueves a la noche hubo un debate previo por una cuestión bastante importante de procedimiento.

Las bodegas Giol y Santa Ana fueron propiedad estatal, productoras masivas de vinos de muy baja calidad que se exportaban en tal volumen que ponían a Argentina en el mapa de los grandes productores mundiales. En los setenta y ochenta, quienes se pidieran un bal de rouge en el mostrador de un cafetín en Francia tenían buena chance de acabar tomando un mendocino de Giol, maltratado y reetiquetado por los franceses. Obviamente, el precio que se pagaba por semejante vino era bajísimo. Giol no fue privatizada sino transformada en una suerte de cooperativa de productores que es un modelo de cómo revolucionar un sector. Mendoza exporta hoy mucho más valor agregado en sus vinos.

Entre otros descartes de la antigua megaempresa están sus oficinas y depósitos al borde del San Martín, el ferrocarril que venía justamente de Cuyo. Los edificios y su playa de cargas fueron abandonados y luego ocupados por una verdadera comunidad de despojados. Después de debatir varios usos, se terminó hablando de crear un polo científico que revitalizara la zona. No es poco, ya que la vitalidad de Palermo Viejo se congela en Godoy Cruz, calle sombría de galpones sin uso, solitaria y abandonada al tránsito rápido.

Ahora se van a instalar ahí el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología, y centros de investigación y laboratorios. Con esto se reciclarán los edificios existentes y se construirán otros, además de agregar un nivel de actividad importante en la zona.

La discusión del jueves a la noche no fue por el uso final sino por un tema legal importante. Según el Ejecutivo, el convenio debía ser aprobado con una sola lectura y una sola votación, como pasa con los convenios. Pero resulta que este convenio en particular implica un cambio de zonificación, evento que pide doble lectura. Los terrenos son hoy Urbanizaciones Futuras, pato con gallareta que no significa más que dejarlos abiertos a ideas. A partir de su uso científico, serán un sector de Equipamientos y Servicios.

El oficialismo quería aprobarlo el jueves como un convenio y listo, ya que nunca está de más sentar precedentes para futuros usos más comerciales. La CC propuso dividir el tema en dos, aprobando el convenio por un lado y rezonificando los terrenos en dos lecturas sucesivas. El PRO rechazó la idea y el voto terminó siendo unánime en lo general –una muestra de mostrar apoyo al proyecto–, pero no en lo particular, con la CC y Diálogo en abstención.

Un gusto a IRSA

Pasada la campaña electoral, las lentas ruedas del lobby terminaron de dar la vuelta y la Legislatura casi le vota este jueves a IRSA un cambio de zonificación para que construya un mega-súper-ultra-shopping en una zona bien saturada de Flores. No ocurrió porque ya había bastantes posibilidades de debate con el tema del endeudamiento de la ciudad, con lo que esta otra polémica quedó para el 17 de septiembre.

El proyecto de IRSA tiene un enorme impacto urbano porque tendrá 156.000 metros cuadrados con una torre de 38 de altura y será un masivo atractor de tránsito. A principios de noviembre del año pasado, el proyecto ya estaba en la Comisión de Planeamiento y, aunque es un portaaviones en medio de botecitos, tenía un sospechoso apoyo de ciertos diputados. El proyecto se alza sobre tres manzanas sobre la avenida Avellaneda, un sector porteño perfectamente inocente de plazas y espacios abiertos, y con calles donde estacionar ya es un lejano recuerdo.

Tal es el poder de IRSA que, sin estudio de impacto ambiental y sin pensárselo demasiado, la comisión se reunió en tiempo record y lo votó. Silvina Pedreira, Cristian Asinelli y Alvaro González, del FpV, junto a Silvia Majdalani –que luego se batiría como una mosquetera contra la ley de carteles–, Martín Ocampo –que contrata como asesor a un enemigo del patrimonio sumariado por cosas raras–, Carlos Araujo y el mismísimo Diego Santilli, todos del PRO, votaron encantados. El no vino de Teresa de Anchorena (CC) –que estaba de viaje, pero se hizo escuchar previamente– y de Eduardo Epzstein, de Diálogo por Buenos Aires, que pidió que se archivara el proyecto.

La reunión fue movida porque había representantes de nueve asociaciones vecinales, muy enojados ante la sordera de los diputados. Los vecinos saben perfectamente que las tres manzanas de IRSA forman un conjunto con las 16 de la vieja playa ferroviaria de Primera Junta. También saben que esas tierras pueden ser un gran negocio y un no menos grande negociado, y piden que los terrenos de IRSA sean urbanización parque y los del Onabe –los ferroviarios–, un gran parque urbano, como propusieron en su momento Anchorena y Enrique Olivera. Ni bolilla.