El Ministerio de Desarrollo Urbano porteño acaba de disparar un muy fuerte torpedo al régimen de penalidades que busca proteger el patrimonio. Poniéndose por encima de la Ley 1227, descartando la misma posibilidad de que la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires sea la que tiene derecho a hacer leyes, cambiarlas y modificarlas, el ministro Daniel Chain y su subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri, se niegan siquiera a considerar que Cultura toque el tema de proteger el patrimonio. Si se trata de edificios, dicen Chain y Lostri, el monopolio es de ellos. Y no importa que la Legislatura diga, como ya dijo, que los edificios patrimoniales son también alzada de Cultura.

El conflicto nace con un detalle muy rico de la Ley 1227, votada en el ya lejano 2003 y la primera que definió el patrimonio como figura legal. Vista hoy, la ley resulta muy genérica –aunque fue un verdadero logro entonces–, pero incluía un cambio copernicano en la legislación de la ciudad: por primera vez se definía que el patrimonio edificado era un tema cultural y por tanto el Ministerio de Cultura tenía intervención.

Por eso se le ordenaba a ese ministerio –y no al de Desarrollo Urbano– que creara un régimen de penalidades específico para los que atentaran contra el patrimonio cultural (mueble, inmueble e intangible) y se implicaba que existiría un futuro cuerpo de inspectores específico. Este régimen era formalmente una reforma al código de faltas de la ciudad.

Todo esto durmió largamente en los cajones de esa supuesta progresista llamada Silvia Fajre, que fue subsecretaria de Patrimonio Cultural y luego ministra de Cultura. Pese a que cualquier funcionario se entusiasmaría de alma ante semejante mandato, Fajre siempre repitió como un mantra que “no se puede, no se puede”, lo que demuestra más su desánimo moral que un análisis de la realidad. A tanto llegó su negativa a mover un dedito que la diputada Teresa de Anchorena, presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, tuvo que presentarle un amparo para que se animara a reglamentar la ley. La reglamentación tomó más de tres años y luego Fajre tuvo el alivio de que Jorge Telerman perdiera las elecciones y ella no tuviera que pasar más angustias.

El tema fue retomado por la actual subsecretaria de Patrimonio Cultural porteña, Josefina Delgado, que tiene otros calibres. Delgado entendió rápidamente el potencial enorme de tener semejante herramienta para sancionar a los chantas golpeándolos en su órgano más sensible: el bolsillo. Por eso preparó un proyecto con fuertes multas: “Para obras no autorizadas que afecten el valor patrimonial de Bienes Catalogados y Monumentos Históricos Nacionales, se sancionará al responsable (propietario, profesional a cargo de la dirección de obra, empresa constructora y/o empresa de demolición involucradas en el daño) con multa de 350.000 a 500.000 unidades fijas si el daño es la demolición total; de 200.000 a 350.000 unidades fijas si es demolición parcial; y 50.000 a 200.000 unidades fijas cuando se modifique, destruya o sustraiga una parte constitutiva del bien. En todos los casos, si el responsable de la ejecución de la obra fuera un profesional o titular de una empresa, será sancionado con multas mayores a las de cada caso y puede ser pasible de la sanción de inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma. Se procederá asimismo a la clausura de la obra”.

“En cuanto a los bienes inmuebles declarados ‘Bien de Interés Cultural’, en los términos de la Ley 1227 o que se encuentren en proceso de ser catalogados, la sanción será una multa de 200.000 a 250.000 unidades fijas cuando efectúe la demolición total del inmueble, 100.000 a 200.000 unidades fijas para demolición parcial y de 25.000 a 100.000 unidades fijas para modificación, destrucción o sustracción de una parte constitutiva de un inmueble. Se prevén asimismo sanciones a los responsables profesionales y empresas, inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma y clausura de la obra.” Estas grandes cifras de “unidades fiscales” deben traducirse a su equivalente en pesos para tener una idea de lo que estamos hablando.

Como esto es más revolucionario que Rosa Luxemburgo en un mal día, el proyecto fue cautamente tratado. Tanto, que parecía nuevamente encaminado al cajón. Pero, el 23 de julio, el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, le contó a este suplemento que el proyecto ya estaba en Planeamiento y que el mismo subsecretario Lostri le había garantizado por teléfono que en quince días lo despachaba. Pasados los quince días, y quince más, y algunos más de yapa, quedó esta semana en claro que Lostri no despachó nada y que embarró la cancha a más no poder: le envió un rotundo rechazo a toda la idea al procurador general porteño.

Este jueves, m2 se enteró de que Desarrollo Urbano rechazaba en los términos más duros el expediente 78654/03 MGEYA. Según Lostri, que firma el papeleo, la Dirección General de Interpretación Urbanística “no considera procedente” que Cultura se meta a inspeccionar edificios. Lostri no sólo dice que está de acuerdo con su DGIU en eso de cuidar el rancho sino que agrega que envía el parecer al procurador para que le diga enérgicamente a la subsecretaria de Patrimonio Cultural que desista de insistir con esa idea.

Lostri y Chain son más arquitectos que otra cosa, más arquitectos que funcionarios porteños, que militantes del PRO, que reguladores, que planificadores o mismo que ciudadanos. Son arquitectos que consideran que los arquitectos no pueden ni en sueños ser sancionados por sus actos, que es exactamente lo que piensan las corporaciones de arquitectos, que jamás sancionaron a un socio por obras ilegales. El ministro y su subsecretario se comportan como miembros fieles de la corporación. Para cubrir las formas, Lostri avisa que preparó un proyecto propio de “faltas urbanísticas” con el proviso de que será exclusivamente administrado por su gente.

El procurador general de esta ciudad se encuentra ahora en un brete proverbial. Esta posición de Desarrollo Urbano no refleja un simple conflicto entre ministros o subsecretarios sino un monumental desprecio a la Legislatura y un potencial conflicto de poderes que te la debo. Lo que Lostri no entiende –o se hace el que no entiende– es que la Legislatura tiene el poder soberano de sacarle el monopolio de las inspecciones. En su nota al procurador, el arquitecto hasta cita el código urbano sin darse cuenta de que la Ley 1227 es, justamente, una reforma de ese código. Y lo que se reforma es nada menos que el monopolio que ejercía su susbsecretaría y sus direcciones generales.

¿No hay un abogado en Desarrollo Urbano que les explique estas cosas a Chain y Lostri? ¿No hay un político del gobierno porteño que les pida que se dejen de inventar problemas y piantar votos?

Por muchos años fue Desarrollo Urbano, bajo nombres diversos, el que se encargó de inspeccionar todo lo que tuviera ladrillos. Se ganaron una merecida fama de indiferencia a los crímenes de lesa historia y fue por eso que la Legislatura le dio vela a Cultura en el tema patrimonial. Ni Chain ni Lostri pueden rechazar lo votado por la asamblea de la ciudad.