El banco Citi acaba de anunciar con bombos y platillos que el legendario Teatro Opera será, a partir de ahora, el nuevo Teatro Citi. Parece que a algunos empresarios, funcionarios y otras especies de depredadores patrimoniales les cuesta entender que a los ciudadanos les importa preservar el patrimonio cultural.

Los responsables de marketing del Citi deben estar arrepentidos –y tal vez algunos de ellos preparando su CV para buscar un nuevo empleo– por la reacción negativa de los ciudadanos. Quedó demostrado no sólo el fracaso de la estrategia de marketing sino también, y una vez más, que la preservación de nuestro pasado es un tema instalado en la agenda pública de los porteños y que las redes sociales son el lugar privilegiado para expresarlo.

El grupo de Facebook “Para que le devuelvan el nombre al Teatro Opera” (http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=102436193128253), creado por Ricardo Watson y Christian Rodríguez, en menos de una semana superó los 5200 miembros. La protesta se amplificó en el blog http://paraquevuelvaelopera.wordpress.com.

El banco abrió su foro, también en Facebook y en respuesta al conflicto se acumularon cientos de comentarios negativos por el cambio de nombre. ¿Ya les habrá quedado claro qué piensan los ciudadanos?

Pero más allá del rotundo fracaso de la operación de marketing ¿qué pasa desde el punto de vista legal? ¿No hay límites?

El valor patrimonial del Teatro Opera (considerado un edificio representativo de la arquitectura porteña y como tal protegido por la Ley 1227 de Patrimonio Cultural) está compuesto por un conjunto que integran el inmueble, el nombre y el uso teatral. Es decir que modificar el nombre –o partes de la fachada, como el histórico cartel que se ubicaba en la marquesina– no solamente es una barbaridad, sino que además es ilegal.

Previo a toda modificación debería haber intervenido el Ministerio de Cultura de la Ciudad, con el asesoramiento de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, y evaluar por ejemplo si el cambio de nombre implicaba o no un avasallamiento del patrimonio intangible del teatro y, eventualmente, rechazar la modificación.

En el caso de los Bares Notables Gato Negro y Británico, cuyo peligro de desaparición motivó un recurso de amparo presentado por la entonces presidenta de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico de la Legislatura Teresa de Anchorena, se consideró que los respectivos nombres –“marcas” dirían los del Citi– formaban parte del patrimonio intangible de esos espacios.

En esos casos no estaba en riesgo el patrimonio arquitectónico, pero la medida buscaba preservar los bares, tal como los ciudadanos de Buenos Aires los conocían desde hacía décadas: con sus muebles, sus sabores, sus aromas... y sus nombres.

Fue en ese sentido que la Justicia falló –con sentencia firme de la Cámara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo y Tributario– incluyéndolos como Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le ordenó al Ministerio de Cultura su inmediata protección.

Pero en el Teatro Opera fueron mucho más allá. La obra arquitectónica que realizaron en el interior y exterior del edificio, por más maravillosa que pueda parecer, también es ilegal. Anuncian que fue dirigida por el arquitecto Alberto Negrín, un profesional respetable en su rubro, pero más bien volcado a la escenografía, que con trayectoria en restauración del patrimonio arquitectónico.

Tal vez por eso, no sabía que este edificio está triplemente protegido. Lo protegen las leyes 2548 y 3056, está expresamente incluido en la lista de inmuebles que figura en el Anexo I de la primera norma, y también por haber sido construido antes de 1941. Ello exige, previo a toda intervención, una consulta vinculante al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), algo que en este caso no sucedió.

Pero si todo esto fuera poco, el inmueble se encuentra en estudio para ser catalogado y con dos resoluciones –a falta de una– del subsecretario de Desarrollo Urbano inhibiendo la parcela, es decir, prohibiendo toda obra que no sea aprobada por la Supervisión de Patrimonio Urbano, organismo que tampoco fue consultado.

En este punto, nos surgen algunas preguntas: ¿hicieron la obra sin permiso? Si fue así ¿ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad se percató de que estaban trabajando en un edificio de la importancia y la visibilidad del Opera? ¿O el Ministerio de Desarrollo Urbano autorizó la obra sin dar intervención al CAAP y a la Supervisión de Patrimonio? ¿Por qué el Ministerio de Cultura tampoco se enteró de que estaban modificado el Teatro Opera y utilizó el poder de policía que le otorga la ley para impedirlo?

Es muy positivo que las empresas inviertan en cultura y especialmente en la restauración del patrimonio arquitectónico. Pero tienen que cumplir la ley y ser más creativos e inteligentes, porque una acción de marketing tan burda, directa y chabacana como es cambiarle el nombre al Teatro Opera no solamente atenta contra el patrimonio cultural, sino también contra la propia efectividad de la acción promocional pergeñada.

Cuánto mejor hubiera sido que el banco quedara asociado a una “marca” verdaderamente prestigiosa como es la del Teatro Opera, en lugar de poner su nombre al tope de la marquesina, y para peor después de apadrinar y financiar una obra ilegal.

Es de esperar que el gobierno porteño les exija que cumplan la ley y que en forma inmediata repongan el cartel original, sin perjuicio de que se investiguen las responsabilidades por la realización de una obra sin las autorizaciones del caso.

* Licenciado en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. http://facundodealmeida.wordpress.com