[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Este martes se reunió el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, CAAP, en el octavo piso del Mercado del Plata, con la novedad de que también asistieron dos representantes de Basta de Demoler y un periodista. La novedad significó una verdadera “introducción”, con reunión cordial y todo, y ver de cerca cómo se elige qué se podrá preservar y qué no, qué medios hacen falta para crear un sistema en serio de protección patrimonial y cuánta falta hace discutir criterios. Pero sobre todo permitió entender por qué el Ministerio de Desarrollo Urbano introdujo una novedad difícil de interpretar, la de que al tratar un bien por pedido se tratara toda la manzana. Es que el CAAP produce dos cosas en cada sesión, una lista de edificios que quizá, tal vez, quién te dice, serán catalogados, y una lista de desestimados, que es una autorización instantánea para que sean demolidos.

Por supuesto, la ley no dice en ninguna parte que exista la figura de “desestimado”. Es un invento.

El CAAP nació como un ente asesor del Ejecutivo y no tuvo demasiado peso hasta que se pasó la ley 2548, que congeló las demoliciones en el perímetro del tontolín Paisaje Cultural que Ibarra-Telerman le quisieron vender a la Unesco. La ley buscó resolver una crisis e improvisó creando un mecanismo en el que el poco conocido CAAP recibía los pedidos de demolición de edificios anteriores a 1941 y decidía si valía la pena preservarlos. Si decidía que no, el trámite volvía a ventanilla y seguía su curso de piqueta y obra nueva. Si decidía que sí, la carpeta viajaba a la Legislatura para el largo, largo trámite normal de una catalogación.

La ley 2548 se extendió en el tiempo y pasó a abarcar toda la Ciudad como ley 3056, que fue renovada en diciembre por un año. Incidentalmente ya se fue la mitad de ese año sin que Patrimonio catalogue siquiera un edificio, anomia causada por las trampas de la diputada Silvina Pedreira (ver aparte) y una parálisis de la misma comisión tan preocupante que ya habría que llamar a ALPI.

Según los consultados, la sesión de este martes –a la que asistió m2 junto a Basta de Demoler– fue típica, excepto por el informal debate al que cordialmente fueron invitados los visitantes por varios funcionarios de Desarrollo Urbano, a los que se terminó sumando el subsecretario Héctor Lostri. El debate era por el nivel de vinculación que tienen las decisiones del CAAP, tema que hace a su nivel de apertura al público. Cuando se decide algo vinculante, las reuniones deben ser públicas y abiertas. Cuando se decide algo técnico, como hace un grupo asesor, no es mandatorio que haya público. Como su mismo nombre lo indica, el CAAP nació “asesor”, con lo que actuó siempre como un ente técnico. Pero desde que la Legislatura le delegó poderes para hacer un primer filtro, pasó a tener cierto nivel de vinculación, con lo que habrá que acostumbrarse a las puertas abiertas.

Otra conclusión del debate informal es que la funcionaria de Patrimonio Urbano, Susana Mesquida, pondrá en Internet las actas de lo que se decida en cada sesión, para que puedan ser consultadas por el público. Y que Basta de Demoler tendrá que recurrir a la Legislatura para que se decida, por ley, que las ONG tengan voz y voto en las sesiones del Consejo.

Lo que siguió fue la dura tarde de trabajo que sucede todos los martes, con los miembros por la UBA, el Cicop, el Instituto de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, la SCA, la Comisión de Patrimonio de la Legislatura y la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura presentes.

El mecanismo normal es que se toma un edificio que por cualquier razón –desde un pedido de demolición hasta uno de reformas– haya entrado por ventanilla. Ese es el trámite “madre”. Al presentarlo, la funcionaria que opera la computadora presenta en un monitor una foto del lugar, otra de sus vecinos de cuadra, otra aérea de la década del ‘40 y otra aérea actual. Lo que sigue no está en la ley, ni en el mandato recibido, ya que es una idea de Desarrollo Urbano: un plano de la manzana que señala en colores cuáles otros edificios son anteriores a 1941. Aquí es donde la cosa se pone buena.

El señor o los señores que iniciaron un trámite saben que su edificio está siento considerado por el gobierno. Pero no sus vecinos de manzana: ellos ignoran por completo que sus casas o edificios fueron fotografiados y debatidos. El CAAP debate cada una de esas casas, decidiendo si son o no preservables. Si hay desacuerdos insalvables, una opción es no considerarlas, ya que no fueron motivo del pedido: sólo el proyecto “madre” es de tratamiento obligatorio. Pero esto no es la norma, por lo visto, ya que se decide por sí y por no.

Con lo que, cada martes, el CAAP produce tres listas. Una es muy corta: la de edificios que dejó para más ver, cuando alguien haga un pedido concreto de tratamiento. Otra de edificios que opinan que son catalogables, con lo que algún día serán tratados por la Legislatura. Y una tercera de edificios que tampoco tienen pedido específico, pero salen como “desestimados”. Esta tercera lista es la única que tiene una aplicación instantánea y de lo más vinculante, ya que el Ministerio de Desarrollo Urbano acaba de obtenerles lo que equivale a un permiso de demolición inapelable y total. Ni siquiera hace falta que sus dueños pregunten: ya se sabe que pueden ser demolidos. Es una base de datos para el negocio.

Este tipo de regalos son caídos del cielo para la industria de la inmobiliaria, el especulador y el constructor de porquerías. Gracias a que el ministerio se estiró, sin preguntar ni avisar, el mandato legal que la Legislatura le dio al CAAP, se confecciona una lista de libertades para los especuladores de lugares que pueden destruirse sin más vueltas. La legalidad de esos pasos es realmente dudosa. Las leyes 2548 y 3056 facultan al CAAP a opinar únicamente sobre los edificios sobre los que alguien abre un trámite, con lo que estas opiniones “preventivas” se sustentan en casi nada. Será interesante ver la selva de juicios que puede crecer de esta creación.

Si se suma a esto que Desarrollo Urbano no puso recursos extra para la tarea –su entidad de Patrimonio sigue teniendo 18 empleados para todo concepto, que tienen que atender al público y atender al CAAP– y la Legislatura tampoco le asignó ni un duro, además de que sus miembros no gubernamentales están ahí por deber cívico, ad honorem, queda en claro que seguimos sin una entidad que realmente solucione de una vez el tema del patrimonio edificado. La carencia de recursos hasta mereció un pedido de informes del defensor del pueblo adjunto, Gerardo Gómez Coronado.

Para terminar, una curiosidad: ¿quién es la persona más hostil a las catalogaciones en todo el grupo? Inesperadamente, la representante del Ministerio de Cultura, Graciela Aguilar. Lo de hostil no es por decir, ya que al terminar la reunión se acercó especialmente a expresar su hostilidad hacia este suplemento, en enorme contraste con la impecable amabilidad de los funcionarios de Desarrollo Urbano. Aguilar tiene un largo record de votar en disidencia contra las catalogaciones, con argumentos como que la casa en cuestión no está mal, pero el entorno fue muy modificado, que deja por escrito por debajo de su firma.