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Los negocios inmobiliarios y las obras públicas asociadas ya no son un tema que pueda resolverse a la sombra y con la exclusiva participación de funcionarios y depredadores patrimoniales. El intendente de La Plata, el de Esquina, el de Salta, el Ministro de Fabricar Opositores porteño –como lo describe el editor de este suplemento– y los gerentes del marketing del banco Citi lo saben muy bien, porque tuvieron que enfrentar protestas y reclamos ciudadanos por su accionar ilegal.

Lo curioso es que los funcionarios de turno de otras jurisdicciones siguen sin tomar nota de la irrupción del tema en la agenda política actual. Hay dos explicaciones posibles: incapacidad para leer la realidad o negocios suculentos, que por ahora les resultan más redituables que el costo político que les puedan ocasionar las medidas antipatrimonio.

La última lección fue para el intendente de Vicente López, que insiste con un proyecto destinado a construir un emprendimiento vial en la costa del Río de la Plata, cuya consecuencia inmediata será la destrucción del Paseo de la Costa: un espacio verde y público construido por el propio municipio donde cientos de habitantes y visitantes disfrutan cada fin de semana de la ribera del río, como lo promociona el sitio web oficial de la intendencia.

Esta semana el perenne jefe comunal no tuvo buenas noticias, porque a raíz de una presentación judicial de los vecinos y legisladores de oposición, el juez de Garantías Orlando Díaz dictó una resolución aclaratoria indicando que la “tenencia provisoria de los terrenos que se le dio al Municipio lleva implícita la prohibición de modificarlos”.

La diputada bonaerense Liliana Piani, siempre comprometida con la defensa del patrimonio arquitectónico y medioambiental, explicó que en la práctica esto significa que el Municipio debe detener las topadoras y paralizar las obras, de lo contrario incumpliría una orden judicial, algo que constituye un delito.

Esto confirma que los ciudadanos que pusieron su cuerpo para evitar el paso de las máquinas y fueron reprimidos y detenidos por la policía de la provincia de Buenos Aires, como relató m2 la semana pasada, tenían razón.

Hace pocos días 2000 ciudadanos convocados por la Asamblea de Vecinos de Vicente López (http://vecinosendefensadevicentelopez.blogspot.com) y otras organizaciones sociales se movilizaron contra esta obra, demostrando que estos temas ya no son exclusividad de un pequeño grupo de especialistas o nostálgicos. Este grupo, que reunió cientos de seguidores en Facebook (http://esla.facebook.com/pages/Noalvialcostero/119886224710238?ref=ss), ni siquiera exige la anulación de la iniciativa, simplemente pretende la convocatoria a una consulta popular, algo a lo que ningún político con convicciones democráticas se debería oponer.

Este proyecto es sólo uno de varios que se están llevando adelante en esta suerte de zona liberada para los depredadores patrimoniales en que el intendente y sus concejales transformaron al partido de Vicente López. El vínculo entre política y negocios es aún más claro en el proyecto impulsado por Ribera Desarrollo S. A. de Carlos de Narváez, hermano de Francisco. El diputado nacional es conocido no sólo por sus aspiraciones presidenciales inconstitucionales, sino también por haber intentado que la Legislatura porteña le aprobara una ley a medida para hacer un estadio en el predio de La Rural, que felizmente los vecinos de Palermo, los jueces y los diputados de la oposición han logrado, hasta ahora, detener.

El megaproyecto de Vicente López incluye la construcción de un shopping con 200 locales, un hotel cinco estrellas, 16 torres de departamentos y oficinas, y hasta un estadio cubierto para eventos deportivos y recitales. Otra infeliz iniciativa local es la que promueve la empresa hotelera Howard Johnson, campeones de la depredación patrimonial, que obtuvieron una concesión por 99 años –artilugio legal para burlar la prohibición de venta– de un espacio verde propiedad del Club Atlético Banco Nación.

Este es otro de los negocios inmobiliarios comandados por el presidente del club, Juan Carlos Dicandia, que desde tiempos del menemismo revista además como gerente de Recursos Humanos del Banco de la Nación Argentina, y se ha dedicado a rematar cuanto predio tenía la institución deportiva. Vendió hace pocos años un campo de deportes en Benavídez, al lado de Nordelta, y recientemente se deshizo de otro solar que quedó en manos de un colegio privado.

El “emprendimiento” en Vicente López transformará las canchas de rugby y hockey donde crecieron y se desarrollaron deportivamente el histórico capitán de Los Pumas Hugo Porta y la ex integrante de Las Leonas Jorgelina Rimoldi, en un hotel cinco estrellas, con 450 habitaciones, 37.000 metros cuadrados cubiertos, 60 metros de altura y 100 metros de frente. Todo esto en medio de un barrio residencial que sólo permite edificaciones de planta baja y dos pisos.

La excepción al Código de Ordenamiento Urbano, que votó el Concejo Deliberante en 2009 para autorizar las obras, es otro triunfo del presidente de la filial argentina de la cadena hotelera, el ex diputado de la Ucede y ex funcionario menemista Alberto Albamonte. Seguramente recordado por los lectores de m2 porque fue quien comandó la cuestionada operación que terminó en la demolición de la histórica casa Cobo-Anchorena en Tigre, para construir un hotel del que por ahora no hay noticias.

¿El intendente Enrique García escuchará a los ciudadanos y pondrá freno a esta destrucción masiva del patrimonio urbano y natural? Si no lo hace, seguramente se lo va a seguir recordando en sede judicial y en las próximas elecciones, aunque sea demasiado tarde.

Licenciado en Relaciones Internacionales. Magíster en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. http://facundodealmeida.wordpress.com