La causa del patrimonio está ganando espacios de una manera notable, generando debates. Esta semana fue particularmente rica en eventos que mostraron varias cosas. Por ejemplo, el buen nivel de discurso que se está logrando, con ONG, profesionales y ciudadanos individuales hablando con coherencia y nivel. Y de paso dejando en evidencia, por simple contraste, el nivel ramplón, mediocre y anticuado de las ideas de ciertos funcionarios.

Donde más se vio esto fue en la Sociedad Central de Arquitectos, donde este miércoles se realizó uno de los debates organizados por la subcomisión de patrimonio que encabeza Rita Comando. Fue parte de un ciclo llamado “Buenos Aires, mi Patrimonio Querido”, y de hecho estuvo dedicado a debatir dos proyectos de gran importancia presentados por el diputado Patricio Di Stefano (PRO). Uno amplía el APH1 más allá de la calle Perú, y el otro lleva su frontera norte hasta el entorno protegido de Plaza San Martín, tomando toda la City porteña y el barrio viejo de Catedral al Norte.

Que la SCA organizara el debate muestra la madurez de su posición, en franco contraste con el CPAU, que se comporta como un nido de lobistas cascarrabias. Son proyectos masivos, importantes, que despiertan debate y la Sociedad los acoge y fomenta. Por eso, invitó al autor, al defensor adjunto del Pueblo Gerardo Gómez Coronado, al director general de Casco Histórico Luis Grosman y a la encargada de patrimonio del Ministerio de Desarrollo Urbano, Susana Mesquida. Lo que dijo cada uno sirvió para marcar la cancha con una claridad notable.

Di Stefano arrancó explicando que nuestra ciudad tiene una legislación de patrimonio que atrasa décadas, lo que causó la pérdida de cientos de edificios patrimoniales. El momento actual es de transición y emergencia, con lo que hay una gran inestabilidad para los inversores, que no tienen reglas claras. Para el diputado, estas reglas surgen de un sistema de protección patrimonial claro y firme, que no permita el vandalismo y dicte qué se puede hacer y qué no. A la vez, Di Stefano señaló con justicia que antes el patrimonio no formaba parte de las preocupaciones ciudadanas. Y dio como ejemplo un recuerdo infantil, el de la demolición en Avenida de Mayo para construir el bodrio que aloja el HSBC, “que no fue un escándalo”.

Di Stefano dio por ganada la batalla por la opinión pública y se dedicó a rebatir los argumentos antipatrimoniales más comunes entre arquitectos y especuladores. Estos son: que se congela la ciudad, que se detiene el progreso, que nadie quiere vivir en edificios viejos, que se le quita trabajo a la gente y que “somos así, caóticos”. Con tino, el diputado explicó que San Telmo demuestra la vitalidad de la protección patrimonial, que en Nueva York se protegió el 18 por ciento de todos los edificios –más de 32.000 piezas– sin que nadie llame a esa ciudad anticuada, que lo que la gente quiere es vivir en edificios en buen estado, no nuevos, y que ser caóticos es una de las cosas que somos, pero no la única que somos. ¿O para qué preocuparse en limpiar el Riachuelo?

El contraste entre la claridad del joven Di Stefano con la de Luis Grosman no pudo ser mayor. Cada vez que el arquitecto habla en público muestra su hostilidad ideológica hacia el patrimonio, con lo que la pregunta es por qué es el encargado del Casco Histórico. Grosman devaneó un rato, habló de un estudio hecho antes de asumir sus funciones –le encantan los estudios– y advirtió sobre el peligro de las leyes “innecesariamente restrictivas”, cosa curiosa en el contexto del debate. Por ejemplo, Grosman está preocupado porque se prohíba construir en altura en las avenidas que cruzan su Casco Histórico... El funcionario se retiró temprano porque tenía un “diagnóstico de reposo”.

Susana Mesquida fue la que más habló, porque presentó un larguísimo powerpoint sobre el APH 1. Como pasó casi toda su vida profesional en la gestión municipal, la arquitecta defendió la idea llamativa de que el patrimonio conservado existe gracias a “sucesivas gestiones y técnicos en Cultura y Desarrollo Urbano”. En el fárrago de frases a medio terminar –a la funcionaria no le va hablar en público– se terminó entendiendo que en realidad su entidad se opone a limitar las alturas sobre la Nueve de Julio y considera negativo catalogar “edificios sueltos, sin entorno”. A demolerlos, la arquitecta lo considera “flexibilidad”.

A medida que avanzaba en su exposición, iba quedando claro el rechazo dogmático de Mesquida a la idea de no demoler. Entre “piezas de ajuste” y “fragmentos”, iba repitiendo que no hay que limitar las alturas en las avenidas –ella lo llama “reconocer las alturas”– y que nada que no esté de punta en blanco, bien conservado, y no tenga rasgos especiales y “auténticos” debe ser conservado. El caradurismo de la arquitecta resultaba notable: representa a un ente dedicado al patrimonio, estaba en un debate de patrimonio y estaba hablando de San Telmo.

Después de estos dos ejemplos de vuelo rasante, fue agradable escuchar la practicidad de Gerardo Gómez Coronado. El defensor adjunto explicó que el debate unía sus dos áreas, la de cuidado de lo edilicio y de cuidado de la identidad de los barrios, como pocas veces le sucedía. Resulta que el funcionario vivió muchos años en la calle Carlos Calvo, a metros de donde se acaba el APH, con lo que tenía una vivencia personal de los beneficios de la preservación. De un lado de la frontera, casas mejor cuidadas, más comercio y animación. Del otro, una quietud de mal pronóstico, deteriorada.

Gómez Coronado fue el primero en contestarle a Mesquida, y de lejos el más amable. “En el mundo ideal –dijo el defensor adjunto–, podría haber otras figuras legales que el APH. Pero las leyes se aprueban en el espacio y el tiempo, con lo que hay que aferrarse a la norma más restrictiva que se tenga.” Y respecto a cómo la funcionaria se pone preciosista –digna de un debate académico– a la hora de catalogar edificios, le explicó con sentido común que “no hay que dar vía libre a la piqueta, mejor es exagerar en catalogar porque siempre puede revertirse. Sólo la demolición no tiene retorno.”

Santiago Pusso, de Basta de Demoler, también le pidió a Mesquida que no se pusiera tan fina a la hora de catalogar. Como quedó claro al ver cómo funciona el CAAP, del que Mesquida es parte, por un local remodelado se descartan edificios, con lo que queda poco por proteger. Pusso le explicó en la cara que, pese a tantos estudios y power points, “los ciudadanos vemos cómo ustedes privilegian los criterios que permiten demoler”.

Como ya era tardísimo, se suspendió el debate, con lo que quedaron muchas cosas en el tintero para decir. Como la idea de Ignacio Fusilier, de Proteger Barracas, sobre el daño que puede causar la mala arquitectura.

“Cuando una torre aparece en medio de casas bajas –dijo Fusilier–, produce daño permanente e irreversible a quienes la rodean. Hace mal.”

EN LA LEGISLATURA

El otro encuentro de patrimonio fue el martes en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña. El diputado Eduardo Epszteyn invitó a hablar sobre “Planeamiento Urbano y Patrimonio Histórico: demanda ciudadana y acción legislativa”, en un panel donde estaban él, su colega Patricio Di Stefano –que tuvo una semana movida–, Ignacio Fusilier, Ana Bas de Basta de Demoler y Javier Vanneri en representación de los vecinos de Villa Pueyrredón. Epszteyn presentó el encuentro, y refirmó la necesidad de dar tratamiento legislativo a varios proyectos que permitirán proteger diversas zonas de la ciudad de la destrucción de su patrimonio. Destacó el proyecto para rezonificar el barrio de Barracas (ver aparte). Epszteyn explicó con tino que el tema patrimonial es “transversal” y agrupa a las fuerzas políticas de modos peculiares, con el lobby de las constructoras en la vereda de enfrente. “Por eso las posturas tienen que ver no tanto con una posición ideológica sino más bien con el compromiso de distintos diputados de enfrentarse a esos lobbies en pos de un bien común que es la preservación del patrimonio cultural.”