Hubo un tiempo en que el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales era una amable reunión de asesores del Ministerio de Desarrollo Urbano –o de Planeamiento, como era antes– con un encarguito casi abstracto. El ministerio que representa los intereses de la demolición y la especulación cada tanto tenía que frenar a alguien, cuando la Legislatura decidía catalogar algún edificio. Como esto sucedía casi a las perdidas –un puñado por década–, el ministerio podía encogerse de hombros cuando pasaba alguien por ventanilla pidiendo permiso para demoler algo todavía no catalogado. El Consejo era consultado, sin apuro, cuando llegaba una comunicación de la Legislatura, y entonces se inhibía o no el edificio en cuestión.

Todo esto cambió con la ley 2548 y volvió a cambiar mucho más con la 3056, que crearon un nuevo sistema. No se puede demoler nada anterior a 1941 sin un trámite especial, que consiste en que el Consejo vea el edificio en cuestión y acepte la demolición –o remodelación– o la rechace, con lo que el trámite va a la Legislatura para su catalogación (o no). En su momento, este sistema despertó la alegría de los que esperan que algún gobierno porteño haga respetar la Constitución de la Ciudad y proteja el patrimonio.

Pero no contaban con la astucia del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que es un hombre muy soberbio, un arquitecto olvidable, pero un soldado de cierto sector económico. Chaín, vía su subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, inventó que el Consejo tiene que ver no sólo el edificio cuya demolición se solicita sino su entorno. Por lo que los consejeros ven cada martes una completa ficha de la manzana entera y deciden sobre todos los edificios anteriores a 1941. Cosa rara, en la ley 3056 no dice nada sobre esto, sólo se mencionan los trámites específicamente solicitados por ventanilla.

El truco consiste en que por cada edificio recomendado a catalogar se autoriza, sin que nadie lo pregunte, la demolición de varios otros. La proporción es demoledora, de a docena por cada catalogable, que nada casualmente suelen ser edificios grandes, que no corren peligro porque demolerlos no es rentable para los especuladores. Las razones que se aducen llegan a lo pueril: se cambió una ventana, se pintó la fachada, se hizo un local en planta baja. Los consejeros se refugian en que catalogar es algo así como un premio y no hay que dárselo a los que cambiaron un edificio. No entienden ni quieren entender que la catalogación es una manera de proteger edificios y eventualmente forzar su restauración.

La lista así compilada es un valioso servicio a la piqueta, una apertura de la temporada de caza con el mapa de dónde está cada conejo. Susana Mesquida, que se encarga de Patrimonio en el ministerio de Chaín y Lostri, defiende la legalidad del mecanismo con razonamientos arcanos. Las representantes de la Secretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura, las defienden con rencor –“tu suplemento le hace daño a mucha gente buena”, les encanta decir a m2– y los que representan a entidades no gubernamentales –Cicop, Instituto de Investigaciones Históricas de la Arquitectura y el Urbanismo, UBA, SCA– adhieren o por solidaridad entre arquitectos o porque consideran normal cerrar de una vez la cuestión de qué se puede demoler, que no es lo mismo que cerrar la cuestión de qué se va a proteger.

Por suerte, hay un miembro del Consejo que no es arquitecta, ni considera normal quebrar la ley y arriesgarse a una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público (que alcanza a todos los miembros, aunque no sean funcionarios de carrera, por haber aceptado un asiento en el Consejo). Mónica Capano dirige la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural con mandato de la Legislatura, y está preparando un escrito para deslindarse explícitamente del mecanismo inventado y entrampar al Consejo. Capano tiene un sentido común sumamente robusto y entiende claramente que no se puede autorizar algo tan vinculante como una demolición con argumentos de seminario en la FADU, si no se tiene el respaldo del voto o una ley. Los consejeros no tienen ni lo uno, ni lo otro.

En el Congreso

Mientras en el Mercado del Plata se cuecen esas habas, en el Congreso está apareciendo la agenda patrimonial de un modo sorprendentemente claro. El diputado Horacio Piemonte –de la Coalición Cívica, con años de militancia en Suteba, en el Frente Grande y el Frepaso– presentó un claro proyecto de ley de preservación. Lo que busca Piemonte es crear una entidad nacional que ayude a conservar edificios, lugares, colecciones, monumentos, parques y yacimientos, o sea el stock de cosas importantes, hermosas y cargadas de historia que tiene el país. El diputado anduvo investigando leyes similares de otros países, y explicó a m2 las cuerdas principales de su proyecto. Por un lado está simplemente la necesidad de cumplir con el artículo 41 de la Constitución, que ordena preservar el patrimonio nacional. Sin leyes que accionen este mandato, es como si no existiera...

Segundo, se quiere imponer “una visión más moderna del patrimonio, que salga de la pieza notable, del monumento, y tome conjuntos por prioridades sociales, etnográficas y ambientales”. Piemonte entiende bien el funcionamiento de una ley nacional, que sirve de marco para legislaciones provinciales y hasta municipales. A la vez, tener una ley a nivel federal permite a la sociedad impulsar sus peleas locales, con un respaldo grandote. Quienes ven las batallas perdidas en pueblos y ciudades entienden bien el calibre de una herramienta así.

Piemonte incluye en su proyecto un grado de energía ejecutiva muy agradable. La idea es crear una comisión con capacidades de acción y un régimen de castigos. “Yo sé que existe el peligro del reglamentarismo –explica–, pero si no se especifican castigos, las leyes son una expresión de deseos nobles, nada más.” Con lo que el proyecto detalla multas y sanciones a quienes destruyan bienes catalogados.

Y un gran elemento es la explícita inclusión de la acción ciudadana. Esto es porque la experiencia demuestra que sin ONG y sin vecinos movilizados en temas de patrimonio, nada ocurre ni ocurrirá. Habrá que ver el camino de este proyecto en el Congreso –que empieza por la Comisión de Cultura que preside Roy Cortina– y ver cómo se gana justamente el apoyo de los grupos ciudadanos.

El Quartier

Quien pase por San Telmo, Garay arriba a la altura de Piedras, ya verá el primer piso del Quartier, la torre que amenaza arruinar el barrio. Como se veía en los render y como se adivinaba, es un mazacote de hormigón sin gracia ni estilo, el tipo de cosa que pasa por arquitectura en este país. Quien mire bien verá que no hay nadie trabajando, porque la Justicia porteña hizo lugar al amparo presentado por Basta de Demoler y la obra está paralizada.

El amparo explica en números el bodrio: 30 mil metros cuadrados sobre 27 pisos, a casi 90 metros de altura, sin estudios ni inversión en las redes de servicios de un barrio básicamente de casas bajas. Tampoco se tuvo en cuenta que un barrio no es un espacio abstracto, una plancheta del código, sino “una unidad territorial” con factores propios que le dan cierta homogeneidad que no puede quebrarse así nomás. Construir una mole así le va a cambiar el carácter a San Telmo de un modo definitivo, sin retorno, lo que quiebra la Constitución porteña. En resumen, lo que plantea Basta de Demoler es que la obra nunca debió ser autorizada y que ese permiso debe ser revocado.

Una originalidad del planteo es que se menciona el concepto de “contaminación arquitectónica”, metáfora feliz para la mancha de petróleo de edificios anómicos que se incrusta hasta destruir todo carácter a los barrios. Los apelantes explican al juez que el daño que causa este tipo de contaminación no tiene arreglo, afecta los derechos adquiridos de los vecinos que ya viven en el barrio y resulta una violenta imposición de los intereses de unos pocos sobre los derechos de muchos.

Para pedir el revocamiento del permiso de obra, Basta de Demoler denuncia que la Ciudad no hizo los estudios ambientales y por tanto se trata de un abuso de derecho, que no cumplió con su propio Plan de Manejo del Casco Histórico y que no debería haber permitido la obra simplemente porque la Legislatura está tratando la expansión del APH1 hasta Parque Lezama.