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La Escuela Normal de La Rioja, fundada en 1884, forma parte de ese conjunto de inmuebles educativos construidos a fines del siglo XIX, que sustentaron desde lo edilicio el sistema de educación pública durante más de 100 años. El inmueble emblemático de la capital riojana también fue el lugar elegido por Rosario Vera Peñaloza para el primer jardín de infantes de la Argentina, en 1898.

Hoy, a casi 130 años de ese hito en la historia de la escuela pública, el gobierno de la provincia avanza con las obras para transformar la escuela en un shopping, que bautizaron con el nombre de Paseo Ramírez Cultura y Entretenimiento. Como si la palabra cultura pudiera mitigar el escándalo que significa transformar una escuela pública en un centro comercial. Y peor aún, destruir un edificio que es Monumento Histórico Provincial y fue propuesto para ser declarado como integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, con el aval de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos.

En la ficha que preparó el organismo nacional para elevar su opinión al Congreso de la Nación se indica que “es emblemático en la estructura urbana y paisajística de la ciudad de La Rioja. La Escuela Normal forma parte de un conjunto edilicio, de una política educacional de alcance mundial que en la Argentina conformó más de 64 obras arquitectónicas, varias de las cuales ya han sido declaradas monumento histórico nacional y siguen cumpliendo su actividad áulica. La importancia de la tipología está en que se pudo adaptar a todos los cambios pedagógicos y metodológicos que se implementaron a lo largo de estos 125 años”.

Esta iniciativa ya recibió aprobación por parte del Senado de la Nación y está en tratamiento en la Cámara de Diputados, lo que demuestra una clara voluntad de los legisladores en proteger el inmueble.

La justificación oficial de este atropello absurdo contra el patrimonio cultural fue expresada por el secretario de Obras Públicas provincial y es de lo más curiosa: “Se está haciendo porque se está haciendo”. Y abundó: “Los que se quejan son malintencionados. Son las maestras que quieren quedarse en el centro y perder tiempo en los lugares de ahí”.

Las irregularidades no terminarían allí. La obra se está llevando a cabo en el marco de la ley 21.323 que prorroga la emergencia edilicia de los establecimiento educativos provinciales, y su denominación oficial es “Refacción y Puesta en Valor de la Escuela Normal Pedro Ignacio de Castro Barros”, predio que a su vez fue donado originariamente para ser destinado a la construcción de una escuela pública.

Desde el comienzo de este proyecto y hasta hace pocas semanas, cuando el atropello ya era evidente, hubo un ocultamiento de las verdaderas intenciones sobre el destino que se le pretende dar al edificio en el futuro y del real alcance de la obra en ejecución.

Los fondos fueron aportados por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, mediante un convenio firmado en el marco del Plan de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar Provincial, cuyo fin nada tiene que ver con la construcción de un centro comercial y de entretenimientos.

Los docentes del establecimiento y otros ciudadanos de la provincia que se han manifestado en contra de este atropello a la educación y al patrimonio arquitectónico presentaron un recurso de amparo que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, con una resolución firmada por el juez Angel Roberto Avila el 26 de febrero de este año, argumentando que no se produciría un cambio de función del edificio.

El fallo expresaba: “Sólo existe una cuestión generada en los medios [...] que indicaban que se cambiaría el destino de la escuela normal, y que en realidad se trata de la realización de trabajos de refacción y puesta en valor de la escuela, como parte del Programa Nacional de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar Provincial”.

Sin embargo, las obras para el nuevo paseo ya estaban licitadas y adjudicadas, y los funcionarios responsables han reconocido públicamente el cambio de destino del edificio. Un documento oficial fechado en el mes de enero indicaba: “Por expreso pedido del gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera, se realiza el proyecto de intervención del edificio para la refuncionalización como Nuevo Paseo Cultural”, firmado, llamativamente, por la directora de Conservación de Edificios Públicos, Valeria Soriano.

Para los jueces fue suficiente con que la parte demandada –el gobierno de la provincia– manifestara unilateralmente que no cambiaría el destino de la escuela, más allá de que los documentos oficiales y la realidad terminaron demostrando lo contrario.

Todavía estamos a tiempo de que las autoridades frenen este desastre. Pero también este caso demuestra la urgencia que se requiere en modificar la legislación nacional en materia de patrimonio cultural. Se debe establecer claramente un mecanismo de protección preventiva de los bienes mientras se encuentra en estudio su declaración, de lo contrario se vulnera la facultad de los legisladores de ejercer su función constitucional, como ya lo estableció la Justicia porteña en más de una oportunidad.

Si las obras en la escuela riojana no se detienen en forma inmediata y se impide el cambio de uso y la modificación arquitectónica del inmueble que están realizando, cuando el proyecto de ley que propone incorporarla al patrimonio nacional llegue al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, ya no habrá nada que proteger, y habremos perdido un ícono del patrimonio arquitectónico escolar.

Licenciado en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. http://facundodealmeida.wordpress.com