Uno de los secretos a voces de esta ciudad porteña es que su gobierno no tiene ni por asomo la capacidad de cumplir sus funciones. No la tenía cuando era municipalidad, no la tiene como gobierno autónomo. Esto tiende, de hecho, a agravarse porque al transformarse Buenos Aires en una ciudad-provincia sus “gobernadores” son presidenciables, estado muy tentador que afecta aunque sea como fantasía a políticos muy menores como Jorge Telerman. La inversa del problema es la tanda de políticos que pasaron por la Jefatura de Gobierno porteño sin ningún otro interés que proyectarse a nivel nacional. Este síndrome De la Rúa es la base de la jefatura de Mauricio Macri, que dijo que solucionaría los problemas de gestión urbanos pero no hizo más que emperrarlos aún más.

Con lo que no extraña que algo no haya cambiado: para que la ciudad cumpla sus deberes, más vale vivir en un buen barrio y/o ser alguien bien conectado. La Auditoría General de la Ciudad acaba de publicar un estudio en el que describe con toda crudeza el problema en la Dirección General de Arbolado Urbano, un ejemplo de incompetencia realmente duro. En 2009, la dirección recibió 57.100 reclamos o pedidos de intervención. Logró apenas intervenir en el 9 por ciento –apenas más de cinco mil– y solucionó el uno por ciento, menos de 600.

La Auditoría concluye que la dirección no tiene equipos adecuados, sus trabajadores no tienen el menor entrenamiento en eso de podar o remover árboles, y que nadie tiene la menor idea de cuántos árboles tiene Buenos Aires, en qué estado están y qué necesidades tienen. De hecho, la conclusión es que lo único que hace el ente es correr ante una emergencia y atender a los “reclamos VIP”. De hecho, como se puede ver en la foto, hasta tiene motosierras marcadas VIP para estos trabajos.

Los reclamos sobre los árboles urbanos son simples y repetitivos: veredas levantadas por las raíces, copas que ocultan luces o semáforos, ramas caídas que dañan autos o caen en la calzada o veredas. Para mostrar gestión, Macri creó por decreto la dirección especializada en mayo de 2009, con el encargo de atender reclamos y cuidar el arbolado, y de supervisar a las empresas privadas que atienden los árboles. Es que en todo menos en nombre, el asunto está privatizado.

La dirección tiene responsabilidad sobre apenas un tercio de Buenos Aires. La ciudad, forestalmente hablando, está dividida en seis zonas, cuatro a cargo de privados y dos de la dirección en sí. La dirección tiene, a su vez, dos bases operativas, una para los CGP 4, 5 y 6, y otra para los 8 y 9, en el Parque Avellaneda. La Auditoría visitó ambas bases y se encontró con dos desastres gemelos. En la sede de la calle Venezuela –CGP 4, 5 y 6– hay dos pickups y una Trafic, que el día de la visita estaban paradas por falta de combustible. La falta de herramientas, escaleras, sogas y arneses era tan grave, que francamente no importaba si las camionetas no andaban, ya que sólo una parte muy minoritaria de los empleados podía materialmente salir a trabajar en un día promedio. Nadie nunca vio un equipo de comunicaciones, con lo que los equipos salen –cuando salen– con una hoja de ruta que no puede cambiarse ni aunque lluevan árboles en algún barrio. El delegado confirmó que absolutamente nadie recibió jamás un minuto de entrenamiento y que todos aprenden el oficio “en la cancha”.

La sede en Parque Avellaneda es un galpón en “completo estado de abandono” que, se encontraron los auditores, estaba siendo emparchado por los mismos empleados de la dirección general. Estos agentes les dijeron a los inspectores que nunca nadie les preguntó qué necesitaban en cuanto a equipos o ropa, y les mostraron cajas de motosierras nuevas que no sirven para podar ramas en altura: son muy grandes y pesadas, del tipo que se usa para talar. Estas máquinas nuevas cumplen, sin embargo, una función muy útil como fuente de repuesto para las motosierras más viejas y livianas. Nunca se compran repuestos tan básicos como cadenas, con lo que se canibaliza las nuevas para seguir trabajando.

De paso, el jefe operativo de Parque Avellaneda le reveló un misterio insondable a los inspectores: por qué las plazas nuevas nunca tienen árboles grandes. Según el funcionario, los árboles nuevos se compran a viveros particulares y son palitos con hojitas, aunque el vivero municipal puede proveer árboles mayores. Pero un árbol grande necesita de palas mecánicas para el trasplante y de camiones de porte para el traslado, y la dirección general no tiene ninguno de esos elementos.

Los escasos pedidos de acción que son atendidos llegan por lo que la Auditoría llama “un circuito preferencial y discrecional para la atención de reclamos”. Según el ex titular de la dirección general, que renunció, los pedidos llegan de las secretarías privadas del jefe de Gobierno, de la vicejefa, de la Jefatura de Gabinete, de ministros y de secretarios de Estado. De hecho, en las sedes visitadas, los auditores hasta encontraron sobre el escritorio una serie de papelitos pinchados con direcciones a atender. No había registro formal y todos los llamados llegaban “de arriba”. La dirección general tampoco lleva registros de sus actuaciones, ni de inspecciones, ni siquiera del corte de árboles.

¿Y qué pasa con las privatizadas? Nada: “En el año 2009, prácticamente no se habían realizado inspecciones ni controles sobre las empresas contratistas del Servicio de Mantenimiento de Arbolado”. Textuales palabras de la directora operativa de la Dirección Operativa de Inspecciones y Certificación de la misma Dirección General de Arbolado Urbano.