El espectáculo de este miércoles en el salón San Martín de la Legislatura fue notable. Era la audiencia pública por La Cuadra, cuya catalogación pareada con la de La Imprenta ya se votó, y estaban todos los protagonistas de la polémica: los vecinos en contra, los vecinos a favor (menos), el arquitecto Natalio Churba, el lobbista Diego Guelar, el inesperado testigo espontáneo Miguel Schapire y hasta el abogado de los desarrolladores. Pocas veces se vio una audiencia que resultara tan educativa sobre las actitudes de los bandos que se oponen en un tema patrimonial.

Lo más destacado que se vio en la reunión organizada por la Comisión de Planeamiento fue la abierta altanería del equipo desarrollista. Guelar, ahora de barbita y siempre de bastón, dirigía el tránsito sentado por atrás, asintiendo. Churba fue despectivo hasta con los locales actuales de La Cuadra, sobre los que afirmó que están vacíos porque resultaron nada atractivos, siendo que cualquiera sabe que el anterior dueño los fue vaciando para poder vender el edificio. El tono de voz del arquitecto hasta dejaba entrever cierta violencia moral porque alguien le cuestione un diseño suyo: el hombre todavía no logró la altanería zen de un Mario Roberto Alvarez, pero va en camino.

El editor Schapire compartió esta actitud, aunque fue un poco errático en su discurso, como si ni él terminara de entender por qué estaba allí. Básicamente dijo que él personalmente no le veía valores patrimoniales a La Cuadra y que, aunque los tuviera, todo tiene que cambiar como cambió Belgrano. Como estas opiniones de Schapire son perfectamente válidas, pero no especialmente impresionantes, las reforzó explicando que es “un hombre de la cultura” con “veinte premios institucionales” y un “mecenas del Club Hípico Argentino”, institución en la que “nadie piensa que La Cuadra sea algo”. La claque de exactamente diez vecinos que acompañaban a Churba y Guelar aplaudió.

El defensor adjunto del Pueblo, Gerardo Gómez Coronado, fue bastante más concreto y explicó que al recibir la denuncia de los vecinos de ese barrio de Palermo hizo un descubrimiento para él grave. Resulta que La Cuadra estaba en un limbo, desprotegida por el Estado en varias instancias, con lo que definió los pasos de la Legislatura como una manera de subsanar este descuido de lo público. Gómez Coronado sugirió que los empresarios no construyan allí sino que transfieran su carga constructiva a otro lugar, de modo que nadie quede lesionado en sus intereses. Como la ley de transferencia de estos metros virtuales sigue sin aprobarse –¿para cuándo?–, hizo una sugerencia original: que el gobierno porteño les proponga a los empresarios un convenio urbanístico. Este instrumento legal tan quemado se usó siempre al revés, con algún privado pidiendo una excepción colosal a las reglas para hacer algo así como un shopping, a cambio de alguna obra pública. Ahora, creativamente, el ombudsman adjunto sugiere que se haga al revés.

María Carmen Arias Usandivaras –abogada y vocera de Basta de Demoler– y Guillermo Blousson –también abogado y representante de los vecinos en oposición– cuestionaron hasta dónde los trámites de obra estaban terminados y, por consiguiente, hasta dónde había derechos adquiridos. Ambos pusieron bastante contexto a sus argumentos, con Blousson recordando que esa zona de Palermo, entre Luis María Campos y el Hipódromo, se pobló de torres sólo a partir de la “emergencia” de 2001, cuando la Legislatura las desbocó. Y Usandivaras se preguntó en voz alta dónde está escrito que tiene que haber torres por toda la ciudad.

Cuando los abogados hablan es conveniente prestar atención, porque es un gremio con la costumbre de decir lo que tiene que decir. Fue el caso del representante legal de los desarrolladores, Pujol Escalante. La participación de su abogado fue fascinante porque hizo en público un boceto de lo que será la demanda de sus clientes si pierden en la Legislatura. Según el letrado, Pujol Escalante tomó “todas las medidas que hacen a su seguridad jurídica” antes de comprar La Cuadra para demolerla. Por lo tanto, el abogado considera que la Legislatura “se va pronunciar post-facto”, con efectos retroactivos, lo que abre lugar a la demanda.

El siguiente argumento fue de vívido interés para los que siguen la meandrosa causa de proteger el patrimonio urbano. El abogado destacó que el trámite pasó por el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, como corresponde con todo edificio anterior a 1941. El CAAP, con su incompetencia habitual, “desestimó” el trámite y por lo tanto La Cuadra quedó habilitada para ser destruida. Y, como destacó el abogado, ésta es una decisión vinculante.

En la historia del CAAP hubo una sola reunión con testigos, una en la que este suplemento logró entrar. Fue la sesión más demorada que hubo, porque al subsecretario Héctor Lostri le costó casi tres horas decidirse. Antes de dejar entrar a m2, Lostri invitó un café y explicó que lo hacía por cortesía, ya que, como el CAAP “no es vinculante”, no le cabía eso de la publicidad de los actos de gobierno. El subsecretario no contestó cuando se le señaló que si el CAAP decidía proteger un edificio no era vinculante, porque decidía la Legislatura, pero si decidía “desestimarlo” era de lo más vinculante, porque el edificio desaparecía hecho escombros.

Lo mismo piensa, evidentemente, el abogado de los desarrolladores, que explicó que “todo esto (la audiencia, la votación) no tiene razón de ser porque el CAAP es vinculante en sus decisiones” y las inversiones se hicieron después de que “desestimaran” La Cuadra. Para más detalle, aclaró que el fallo vinculante del CAAP es el primero, el que pidieron los dueños, y no el segundo, pedido por los legisladores, que resulta “retrospectivo”.

Con lo que quedó en claro que el abogado y sus clientes tienen dos opciones si pierden el voto en la Legislatura. Una es aceptar un convenio urbanístico o una transferencia de carga, con lo que se quedan con La Cuadra y con metros a construir en otra parte. O hacer un demorado juicio, tal vez a cobrar en bonos y seguramente en muchos años. Si ocurre esto último, será por culpa de esa insigne institución llamada CAAP, que siempre está varios kilómetros por atrás de los vecinos.

Una nota final: ¿a nadie en el Banco Ciudad le llama la atención que el presidente de su Fundación, Diego Guelar, ejerza tan abiertamente de lobbista? Es una profesión legal, pero en este caso un tanto incompatible con una entidad de la misma ciudad.

La gran Barracas

A paso de vencedores, el proyecto para bajar las alturas en un polígono de Barracas se votó este jueves en la Legislatura. Una buena noticia que salió antes de lo esperado, gracias a una movida de Patricio Di Stefano, el diputado del PRO que preside la Comisión de Patrimonio. Di Stefano no estaba realmente de acuerdo con el proyecto consensuado porque lo consideraba escaso al no incluir las avenidas. Pero para no demorar las cosas –se sabe que la piqueta aprovecha las demoras–, pospuso sus diferencias y logró que el proyecto saliera sobre tablas. Ahora buscará crear otro proyecto o ampliar el actual, más tranquilos, ya que ésta fue la primera lectura y ahora arranca el trámite de audiencias y la segunda votación.

Los tiempos fueron realmente rápidos porque recién el martes la Comisión de Planeamiento firmó el proyecto. Lo que ocurrió ahora es que ese sector pasará a ser R2b1, con un máximo de tres pisos. La importancia formidable de este paso es que rompe la lógica económica de la piqueta, que destruye cualquier cosa con tal de irse para arriba. Al bajar las alturas, los especuladores no ganan demoliendo edificios sino restaurándolos y revendiéndolos, un proceso mucho más sano y cuerdo. Para ver los detalles y el perímetro, conviene visitar la página de los vecinos que pelearon tan bien esta pelea: www.protegerbarracas.com.ar

La reunión

Este miércoles se reunieron vecinos de Boedo, Barracas, La Cuadra, Parque Chacabuco, Floresta, San Telmo y Caballito para conocerse, contarse sus problemas y pasarse teléfonos y datos, primeros pasos para crear una coordinadora. Nadie se sorprendió al enterarse de que todos tienen problemáticas muy parecidas, con abusos de los especuladores, pérdida de patrimonio, saturación, espacios verdes muy escasos y un largo etcétera que varía de acuerdo con las características de cada barrio y sus problemas sociales. El encuentro fue en Rincón Familiar Andaluz de la calle Carlos Calvo y la organizó Mónica Capano, que preside la Comisión para la Preservación del Patrimonio de la Ciudad.