Como es público y notorio, hay hijos del rigor, gente que sólo se mueve a palo porque no hay zanahoria que los entusiasme. Según parece, la Justicia es el palo de los palos, y hasta los hijos del rigor mortis que forman el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales se movieron ante la demanda de información presentada por el juez Osvaldo Othegui, titular del Juzgado porteño Nº 8. Pero lo que le contestaron al juez terminó revelando la espectacular chapucería con que se mueve el Consejo, cuyos miembros no tienen ni siquiera mandato formal. Peor le fue a su jefe, que comunicó muy tranquilo que destruye los expedientes con que se permite demoler el patrimonio de nuestra ciudad. Y entremedio, buscando a los manotazos argumentos con qué defenderse, terminaron poniendo por escrito algo que tenían prohibido hasta decir y que su Jefazo, el subsecretario de Planeamiento Héctor Lostri, negaba a los cuatro vientos: las decisiones del CAAP son vinculantes.

La historia empieza cuando la inmobiliaria Baigún cuelga un cartel en el petit hotel de Juncal 2080, anunciando futuros monoambientes en otra primorosa caja de zapatos en propiedad horizontal. Varios vecinos y caminantes se comunicaron con m2 y con la ONG Basta de Demoler, extrañados de que en plena Recoleta se permitiera todavía destruir una tipología que hasta tiene una ley específica, para variar creada por la ex diputada Teresa de Anchorena.

María Carmen Uzandivaras, de Basta de Demoler y abogada inagotable, estudió el caso y descubrió que Juncal 2080 había caído en la famosa volada del “entorno” con que el CAAP se sacaba de encima edificios. El Consejo tenía un concepto francamente amateur del entorno y, cuando alguien pedía destruir un edificio, consideraba todos los de la manzana anteriores a 1941, como le manda la Ley 3056. Lo curioso es que el edificio que está atrás de otro, en la calle “de atrás” de la manzana, no es realmente entorno, o lo es en un grado muy técnico. El entorno-entorno es la cuadra, lo que tiene el edificio al lado y lo que tiene enfrente, que viene a formar ese tramo de calle, contando las esquinas cruzando.

Este absurdo era tan pueril que dejó de hacerse una vez que fue publicado en m2, ya que al final varios miembros del CAAP son arquitectos y les deben haber tomado el pelo. El sistema funcionaba como una máquina para crear permisos de demolición encubiertos, ya que se “desestimaban” parcelas cuyos dueños ni siquiera sabían que habían sido tratadas. Cuando se preguntó cuánto valía esa lista, en el CAAP se recontraofendieron. Pero dejaron de hacer “barridos de entorno”.

Pero Juncal 2080 cayó en uno de esos entornos, junto a otros seis edificios en la misma manzana de un octavo que, ese sí, había entrado por expediente. Uzandivaras presentó el 14 de julio, por Basta de Demoler, un amparo. Al mismo día siguiente, con agilidad que reconforta, el juez dictó una precautelar congelando el lugar para poder estudiar el caso. También le solicitó al gobierno porteño los papeles del trámite y, detalle estremecedor pedido por la demanda, los mandatos de los miembros del CAAP, que representan supuestamente a instituciones de la sociedad civil, del Ejecutivo y del Legislativo de la ciudad.

La primera rareza viene de la dirección general de Registro de Obras y Catastro, que informa al juez que no existe ningún pedido de obra o demolición para Juncal 2080. Lo que deja flotando la pregunta de qué está comercializando Baigún. La segunda rareza, gravísima, viene de la jefatura inmediata del CAAP, la dirección general de Interpretación Urbanística y Registro, Dgiur. La entidad le cuenta al juez que “el señor director general” dispuso el 25 de junio de 2010 “un proceso de depuración y destrucción de los expedientes que se encuentran comprendidos dentro de la resolución 119/09” con la sola salvedad de labrar un Acta de Depuración (de paso, ese es exactamente el nombre del documento del Tercer Reich que te eximía de ser judío si tenías un abuelo judío “nada más”).

Pero resulta que la Resolución 119 se aplica a lo que en criollo se llamarían papeles al pepe. Si uno escribe al Gobierno consultando si puede plantar un árbol de copa redonda, esa carta no tiene por qué quedar archivada por siempre. De ninguna manera se traduce de la letra o el espíritu de la resolución que se puede utilizar para quemar expedientes, con lo que el director general Ledesma muestra una gran creatividad legal.

Pero en concreto, no existe el expediente que permite destruir el petit hotel de Juncal 2080, lo que abre interesantes preguntas. El CAAP, resuelto a prevenirlas, se reunió otra vez el 9 de agosto y produjo otro documento que hará las delicias de los historiadores. Esta nota arranca con una fallutada notoria: es el primero en la historia del organismo que comienza sin citar un número de expediente, como es de rigor, ya que el pobre expediente ya fue destruido. Según la Ley 3056, el Consejo no tiene poderes para actuar sin un expediente, pero esta vez lo hicieron igual y hasta afirman taxativamente que todo lo actuado fue dentro de esa misma ley. Para no ir más lejos, la pobre 3056 nunca menciona ese bicho llamado entorno con el que fue a parar a la picota Juncal 2080.

Cuando uno está en orsai, conviene hacer humo, cosa de que el otro no entienda lo que tiene delante. El CAAP hace eso en su nota, con parrafadas indigestas como “el proceso de cambio que hayan sufrido las construcciones hacia el interior de la manzana” y referencias a “la situación urbanística, arquitectónica e histórico testimonial”. Y luego meten la pata hasta las verijas, citando como justificación “la sección 10 del Código de Planeamiento Urbano”.

Cuando empezó a quedar en claro que el CAAP iba a ser un desastre, m2 insistió en ver una sesión, con lo que se descubrió lo del entorno. El subsecretario Lostri en persona negó el “derecho” de los medios o el público a estar presentes en las sesiones del Consejo, diciendo que “sus decisiones no son vinculantes”. Es un argumento peculiar, ya que pocas cosas son tan vinculantes como un permiso de demolición, que destruye edificios. Pero al citar como origen de su autoridad una sección del Código de Planeamiento Urbano, el CAAP admite por escrito y ante sede judicial que es vinculante, ya que el Código entero es vinculante.

La perla final fue la respuesta del ya brillante director general Ledesma a la pregunta de quiénes tienen mandato en el CAAP. Esto es más una formalidad que otra cosa y consiste en que las instituciones participantes comuniquen por escrito que fulano o mengana hablan y votan en su nombre. ¿Qué contesta Ledesma? Qué sólo la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural porteño presentó un mandato para su directora, Mónica Capano. De paso, Ledesma se cubre de lo que seguramente sería la pregunta siguiente, que es por qué jamás de los jamases se lo ve presidiendo las sesiones del CAAP cada martes. El director general se ataja diciendo que puede reemplazarlo alguien “facultado”. Lo curioso es que en ninguna acta de sesión figura algún acto de designación temporaria de un reemplazante, facultado o no. Es costumbre que la impasible Susana Mesquida guarde silencio en su nombre, pero nunca nadie vio el famoso papelito.

CATALOGACIONES

Dos buenas noticias, entre tantos desmanes. La Legislatura aprobó en primera lectura catalogar con grado estructural al Cine Teatro Opera, esa belleza del modernismo argentino que sabía llenar sus 2500 butacas. El proyecto del diputado porteño Sergio Abrevaya protege el hall, la sala principal, el Petit Opera del subsuelo y hasta, cosa rara, los baños. Explícitamente se veda cambiar revestimientos y ornamentos, herrerías y luces originales de 1936.

Mientras, en Barracas, festejan que queda a salvo el Puente de los Carros, que cruza las vías del Roca a la altura de la calle Ituzaingó y es la única vía entre Brasil y el puente de Brandsen. Resulta que hace casi exactamente dos años, en septiembre de 2009, los vecinos de Proteger Barracas vieron el confuso proyecto con que el Ejecutivo porteño pensaba expropiar varias parcelas para crear un acceso al Centro Cívico que anduvo zarandeando Mauricio Macri. El proyecto todavía no se hizo, ni se expropió nada, pero los vecinos se vieron venir la caída del puente.

Entonces pasó algo original: el defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, testeó la idea de que la Defensoría puede presentar proyectos de ley. Así nació el proyecto 1292/2010, que acaba de ser aprobado e incorpora el puente al catálogo del patrimonio cultural porteño en la categoría Monumentos. El puente es una bella muestra de ese diseño industrial de antaño que resultaba elegante hasta cuando era nuevo. Está en perfecto estado, con todo su adoquinado y hasta una vía de tranvía en su lugar.

Con lo que hay que advertirle al Ejecutivo porteño algo obvio, que no pueden asfaltarlo.

PROTESTAS Y ENCUENTROS

Este miércoles, a las 19 horas, los vecinos de SOS Caballito se reúnen en Acoyte y Rivadavia para protestar explícitamente contra las obras de la empresa IRSA en la zona. La ONG busca que se construya el Parque del Bicentenario en los terrenos ferroviarios que serían shopping y torres, con lo que siguen reuniendo firmas y movilizando a los vecinos.

Mientras, la Cátedra Unesco de Turismo Cultural de la Untref y la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes anuncian para el 3, 4 y 5 de octubre un seminario sobre difusión y protección del patrimonio religioso en América latina. La actividad es apoyada por las comisiones nacionales de patrimonio de Chile, Bolivia y Perú y se realiza en la sede de los Amigos del Museo, Figueroa Alcorta 2280. El director académico de la cátedra es Ramón Gutiérrez, director del Cedodal, que para cuando empiece el seminario será ciudadano ilustre porteño, ya que la Legislatura así lo va a declarar este mismo lunes.