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En la edición del sábado pasado de m2 se relató cómo el gobierno porteño se tiró a buscar un juez fácil para cuerpear los amparos judiciales de los vecinos contra sus “sapitos” ferroviarios. Como se relataba una picardía fallida, chicanas de abogados, el tono fue liviano hasta en la explicación de por qué eran necesarias obras en serio para evitar embotellamientos y otros trastornos. El grave accidente de esta semana en Flores puso el tema en la tapa de todos los medios como una tragedia. Y permitió ver con qué falta de seriedad trata el macrismo estos temas.

Es que el martes mismo el ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro dijo que el accidente en Flores era porque les ataban las manos con los amparos contra los sapitos. Esto es una tontera monumental, como bien sabe Montenegro, que anda pescando para lograr zafar a su colega de gabinete, el majestuoso Daniel Chaín, ministro de Desarrollo Urbano, de la oposición de los vecinos. Para empezar, ni siquiera Chaín habló de hacer sapitos en la línea que sale de Once rumbo al oeste. Esta línea recorre parte de su trazado en una trinchera y hace muchos, muchos años que se le debe un túnel. De hecho, esta semana llegó la tuneladora y se anunció un calendario de trabajos hasta 2015.

Para continuar, los vecinos no se oponen a obras que evitarían un accidente atroz como el que acaba de ocurrir, sino a los parches cosméticos que propone el gobierno porteño. Como hasta Montenegro podrá entender, por un sapito no pasa un colectivo, ni un camión, ni siquiera un flete de caja alta, vehículos que necesitan túneles con cierto aforo. Si hubiera un plan para hacer estos túneles en las avenidas que viven taponadas por las barreras se evitarían accidentes y embotellamientos y se podría aumentar la frecuencia de trenes.

Los vecinos se oponen a los sapitos porque saben que son un parche destinado a beneficiar a ese votante imaginario del macrismo, el automovilista, a costa de arruinar calles laterales. Es por eso que los vecinos que presentaron amparos representados por el abogado Diego Hicketier y apoyados por el diputado porteño Sergio Abrevaya ganaron protección de la Justicia. Los argumentos se basaron en el análisis de la Defensoría del Pueblo porteño, que intervino de la mano del ombudsman adjunto Gerardo Gómez Coronado. Diga lo que diga Montenegro, el único amparo que fue rechazado fue uno de un vecino que se centró en los inconvenientes personales que le causaría un sapito y no en los argumentos urbanos presentados por Hicketier.