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El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo respondió a las críticas de este suplemento sobre su carta contraria a la ampliación del Area de Protección Histórica 1 y la creación de otra APH que proteja el patrimonio de la city porteña. La carta del CPAU dice que fue tratado “despectivamente”, lo cual “parece responder a una larga campaña de agravios sin fundamentos que la sustenten”.

“Ante todo es importante aclarar que el Consejo representa a más de 12.000 profesionales y no a los grandes estudios –como pretende descalificarse en su nota– y que su principal objetivo es velar por el buen cumplimiento del ejercicio profesional tanto en el campo de la arquitectura como en el del urbanismo según normas éticas y legales.”

Luego de afirmar que la Comisión Directiva se compone por personas de “distintos orígenes e ideas políticas”, entre ellos varios profesores de FADU-UBA, la nota insiste en que “el Consejo lejos está entonces de dar opiniones sobre el crecimiento de la ciudad como lobbista de los grandes estudios, Creemos, en cambio, interpretar un pensamiento coherente sobre la ciudad desde la investigación en el marco de nuestra profesión. Durante años hemos estado bregando por un nuevo Código de Planeamiento, con base morfológica, que de acuerdo con la ciudad real mejore la calidad del espacio público y la vida de sus habitantes. Parte inherente a esta visión es el mantenimiento tanto de los edificios que realmente tienen valor, como de los enclaves urbanos cuya identidad merece ser conservada y, para que esto último ocurra, deben preverse también los mecanismos de sustentabilidad que eviten su deterioro”.

“La protección y recuperación del patrimonio construido requiere además de legislación que impida su desaparición, actuando con políticas activas basadas en la promoción económica, social y cultural del mismo. Es por este motivo que las entidades profesionales de los arquitectos opinan que las leyes basadas solamente en prohibiciones no resolverán el problema y es necesario contar con un catálogo definitivo que es la primera regla a cumplir, una legislación y planes de rehabilitación con inversión económica pública y privada a favor de la recuperación del patrimonio. En síntesis, una política que complemente la acción vigilante con el estímulo educativo, técnico y financiero donde el poder público facilite su recuperación.”

La carta concluye explicando que el CPAU y la SCA hablan con el gobierno porteño para que se termine de manera urgente el catálogo de edificios a proteger. Y dice: “Quizá tengamos el mismo objetivo de una ciudad mejor, pero los parches nada resuelven. Hay que resolver el todo y creemos que las leyes inconexas y anárquicas no lo hacen”. Y firman el presidente Jorge Lestard, el vicepresidente primero Carlos del Franco, la secretaria Cristina Fernández y la prosecretaria Margarita Charriere.

Las buenas intenciones de la carta son notables, como lo es que no toque el tema que la generó, la oposición del Consejo a la protección de la city y de un sector de Barracas. El CPAU tiene antecedentes de emitir cartas contra intentos legislativos de proteger sectores de la ciudad. Aquí es donde entra el tema de defender a los grandes estudios, por una cuestión de matemática. Si Buenos Aires es territorio de Grandes Obras –torres y más torres–, el negocio les queda a los Grandes, que tienen acceso a financiamiento e inversores, y entraron en el circuito de grandes emprendimientos. Pero en APH y zonas residenciales protegidas la escala baja y ahí reaparece el arquitecto independiente, con sus inversores propios que pueden ser hasta parientes, ganándose la vida. Bloquear la protección patrimonial es hacer lobby por la escala a lo grande, que beneficia únicamente a los grandes estudios. Y esto ya es conducta del CPAU, pese a los doce mil asociados –que no eligieron asociarse, sino que tienen que hacerlo para ejercer– que dice representar.