El 29 de marzo, la Legislatura porteña va a tratar sobre tablas la renovación de la ley 3056, lo que despierta tanta inquietud como esperanza. Esta ley es la única que mal que mal protege el patrimonio, sosteniendo el sistema especial para demoler edificios anteriores a 1941. Como se recuerda, el macrismo tuvo un feo tiro por la culata a fin de año cuando sus integrantes en la comisión de Planeamiento dejaron el despacho sin firmar, con lo que no se pudo tratar su renovación. La idea era que no hubiese ley de patrimonio al menos por el verano, con lo que la industria favorita del PRO podría demoler en paz. Pero la Justicia aceptó un amparo que mantuvo el sistema en funcionamiento “hasta que la Legislatura se pronuncie”.

Eso es lo que ocurrirá el 29, y lo de sobre tablas significa que se vota a libro cerrado, sin debate. Esta peculiar manera despertó sospechas fortísimas de que Cristian Ritondo –que organizó la movida en diciembre y hasta violentó a su colega de bancada Patricio Distefano, que sí había firmado, para que retirara la firma– se traía algo en la manga para la sesión que él efectivamente preside. Una nota de tranquilidad la aportó el comunicado del CPAU, el colegio profesional de arquitectos y urbanismos que efectivamente funciona como un lobby de la piqueta libre.

El CPAU vuelve a oponerse a que se renueve la 3056 y lo hace, con picardía, desde el más noble perfeccionismo. Para la entidad, la 3056 genera una “incierta situación” porque es “aleatoria”, “de complicada administración” y “morosa”. Con acierto, el Consejo señala que como no hay una normativa sobre qué densidad tiene que tener la ciudad, qué zonas deben renovarse y cuáles preservarse, y el gobierno porteño se niega terminantemente a cumplir la ley y hacer un catálogo, el sistema es una serie de parches. Todo esto es cierto, pero la solución no es destruir la única herramienta de preservación hasta que se atiendan los temas de fondo. La mala fe de este argumento es evidente y sólo es explicable por el fastidio de las empresas especulativas hacia los límites, débiles como son, que les impone la pobre 3056.

Audiencias

Justo el día antes de que se trate esa ley se harán las audiencias públicas para otras leyes de gran impacto hacia el patrimonio. El 28 de marzo a las 14, en la misma Legislatura, los diputados escucharán a los vecinos sobre una reforma del Código de Planeamiento Urbano que les va a retirar un bello caramelo a los especuladores en la zona sur, salvando muchos edificios patrimoniales. Y a las 15.30 se debatirá la tan demorada y maltratada ley de transferencia de capacidad constructiva, la que permitiría a los dueños de edificios catalogados vender los metros potenciales de construcción que nunca se realizarán por la preservación.

El código que regula esta ciudad fue sancionado por mano militar en 1977, y se nota. Construir, construir y construir es la tendencia, en la búsqueda de una urbe que tenga el triple de población de la actual, el tipo de cosas que se le ocurren a un general de brigada metido a intendente, aplaudido por los que ven el negocio. Esta lógica no se cambió en democracia, aunque cada vez crece más el horror ante lo que sería una Buenos Aires así y –como para que se entere el CPAU– los porteños inventaron la militancia urbanística, casi exclusivamente dedicada a contener la densidad, traducción técnica del “basta de torres”.

Pero resulta que la Legislatura entró en pánico en 2001 y votó un proyecto que les da una regia yapa a los especuladores en toda la zona sur. El tercio austral de la Capital, de la línea que forma la avenida San Juan y sus continuaciones físicas, pasó a ser el Area de Desarrollo Prioritario 1, con un 25 por ciento extra de altura para cualquier cosa a construir por allí. El proyecto original ponía límites a otras yapitas y picardías que permite el código, pero lo que se votó se “olvidó” de los límites y dejó el extra. Puro negocio.

Una década después de la crisis, este sistema es moralmente insostenible, pero ahí sigue porque es rentable para los amigos. Lo que se va a debatir el 28, por iniciativa de Proteger Barracas y otras ONG del sur, es eliminar el premio de la zona más patrimonial de Buenos Aires, San Telmo, La Boca, buena parte de Barracas y Parque Patricios, o sea del eje de Vélez Sarsfield hacia el río. Esta ley fue presentada por los entonces diputados Eduardo Epszteyn, Martín Hourest, Sergio Abrevaya, Aníbal Ibarra y María José Lubertino, y tiene media sanción desde el año pasado.

La otra ley retoma una idea de la ex diputada y fundadora de la comisión de Patrimonio legislativa, Teresa de Anchorena, que quiso arreglarles un problema a los que tienen edificios catalogados y desarmar una excusa de los enemigos de la protección. Como en esta ciudad en lo único que se piensa es especular con el valor de los terrenos –ni siquiera se especula con el valor de los edificios–, se critica la catalogación como ruinosa económicamente porque impide demoler y vender los lotes. La ley que se debatirá el 28 en audiencias crea un trámite por el cual se les reconocen a estos edificios los metros que se podrían construir en el lugar si no estuvieran catalogados. Con ese certificado, esos metros “virtuales” se pueden transformar en un objeto transable: se pueden vender sin necesidad de destruir el edificio.

¿Quién compraría estos metros? Los que hoy reciben todo tipo de favores gratuitos del pueblo porteño. Cuando uno ve una torre rodeada de jardines o canchas, con pileta y estacionamiento subterráneo, planta baja libre y Salón de Usos Múltiples, uno está viendo un regalo que le hizo al especulador que construyó así. Es que los jardines, las cocheras, el SUM, la pileta y el hall no se cuentan a la hora de calcular los metros que se permiten construir. El resultado es que los edificios surgen en altura, porque los metros “netos” que permite el código se usan toditos para hacer los departamentos en sí.

Todo esto, y otros trucos como el “enrasamiento” entre edificios de distintas alturas, se tendrá que pagar con metros virtuales de edificios catalogados. La creación de este mercado puede generar fondos interesantes para mantener estos edificios y pueden poner algún límite económico a la fiesta de los especuladores.

Los que hablan

Estas leyes son tan fuertes que este miércoles la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural que dirige Mónica Capano organizó una reunión con vecinos para explicar qué es una audiencia y cómo participar. Este tipo de encuentros se traduce en un intercambio de información sobre cómo hacer las cosas, sobre procedimientos parlamentarios y pasos legales, una transferencia de herramientas ciudadanas. Resulta llamativo que suelan ser interminables por la curiosidad, las preguntas de los vecinos.

El debate esta vez, en la sede de la UTE en Bartolomé Mitre, fue muy detallado. Laura Weber, de la Defensoría del Pueblo porteño, explicó el proyecto de los metros virtuales, que ayudó a escribir cuando era asesora de Anchorena. Miembros de Proteger Barracas contaron las negras consecuencias del 25 por ciento extra en su barrio y en los demás afectados. Y Capano –entre otros– contó la utilidad de anotarse para hablar en las audiencias públicas: la más básica, que los diputados se enteren de que a alguien realmente le importan los temas a tratar.

Desastre en Gaona

La avenida Gaona guarda muy celosamente un secreto patrimonial. Quien se acerque al número 1367 se encontrará frente a una puerta de buenos hierros en lo que parece la casa más chica del mundo. La entrada franquea un pasillo larguísimo que sigue casi hasta el centro de la manzana, donde se alza lo que fue una quinta de campo construida en 1864. La casa, de galerías y entrada italianizante con pórtico de columnas, fue el hogar del obispo Jerónimo Podestá y es hoy el de su viuda. Podestá la alquiló en 1981, cuando volvió del exilio, y la compró una década después. El militante de derechos humanos, sacerdote del tercer mundo y suspendido ad divinis por casarse vivió ahí los últimos años de su vida.

La casona –original en todo menos los baños– fue catalogada en 2005 y exhibe una placa en la puerta destacando la carrera de Podestá. Pero quien pase por ahí hoy verá, aunque la casa en sí es invisible desde la vereda, que el edificio corre serio peligro. En el lote de al lado, en el 1343, se va a construir una torre de las bravas y a la delicada vecina del siglo XIX le están lloviendo mazazos destructivos por la demolición.

El actual gobierno porteño se niega a cumplir cuanta ley o reglamento condicione la especulación inmobiliaria. Podrán morir vecinos, pero el Ejecutivo encontrará excusas para no hacer nada, con lo que no se puede esperar seriamente que haga cumplir la protección de los entornos patrimoniales. Una manera de ver a qué extremos llegan es ver la saga de cartas que envió a los funcionarios implicados el defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado.

La primera nota es del 19 de septiembre de 2011 y pide simplemente que el director general de Fiscalización y Control de Obras, Mario Boscoboinik, envíe una inspección a la casa de Podestá y compruebe si hay una obra al lado y qué consecuencias tiene. Se podría pensar que Boscoboinik atendería sin problema un pedido de, justamente, fiscalizar y controlar. Pero no: el funcionario no hizo nada en absoluto. Los oficios del defensor adjunto se deben responder en diez días pero, para el 16 de noviembre, Gómez Coronado reiteraba la orden a Boscoboinik.

La obra fue finalmente suspendida por un breve tiempo, pero luego se retomó. Esta semana, Gómez Coronado fue más específico y volvió a dirigirse al director general, preguntando si las obras se corresponden a lo aprobado en el expediente de obra, el 1660012/2011. Será interesante ver qué contesta el funcionario –si es que contesta– sobre los daños que ya sufrió la casona por los golpes que se están cargando a la vieja propiedad vecina.

En Sucre

Gracias a un lector atentísimo, este suplemento estuvo recientemente en una de esas ceremonias mórbidas que son los remates de demolición. Este tipo de operativa implica ir a una casa de calibre patrimonial, vaciada pero todavía en pie, donde la misma materialidad del edificio fue desguazada comercialmente. Cada piso es un “lote”, cada escalera, puerta y ventana, cada paño de mayólicas. Quien compre esto en remate lo recibirá post mortem, cuando el edificio sea destruido.

Esto es lo que ocurrió a principios de mes en Sucre 2255, una muy linda casona ecléctica firmada por el maestro Gianotti donde funcionó una pequeña clínica. El caso tenía dos peculiaridades: la primera, que nadie había hecho ningún pedido de demolición; y la segunda, que la casa estaba prácticamente intacta, con lo que el remate era un ilícito anunciado y un acto de barbarie cultural.

Recorrer el edificio era encontrarse con salones de boisserie, barandas talladas, una escalera gloriosa, un jardín de invierno de herrerías y hasta un ascensor de jaula en funcionamiento. El único cambio era que algún pavote retiró el balcón francés del piso principal y lo reemplazó por un vidrio fijo, cosa de hacer una vidriera (una reforma que los peluqueros pretenciosos parecen considerar indispensable). Hasta los consultorios están construidos dividiendo grandes ambientes con durlock, con lo que podían desaparecer en el día.

Basta de Demoler se movilizó y consiguió un amparo ante la Justicia porteña. La precautelar le ordena al gobierno porteño no innovar hasta que el tribunal tenga la información necesaria para saber si se pidió permiso para demoler el edificio, si este permiso fue concedido o si se estaba actuando de prepo. El juzgado ordenó explícitamente que no se conceda ahora ningún permiso de obra de ningún tipo que afecte la casona.