Una idea básica a la hora de pensar en políticas urbanas es que sin participación ciudadana quedamos en el negocio. Esto es por múltiples razones, todas muy fáciles de entender: desde el detalle de que nadie conoce cada cuadra de Buenos Aires como los que viven allí hasta el hecho enorme de que una cosa es vivir en la ciudad y construirla y otra, muy otra, es lucrar con ella. Estos intereses violentamente opuestos sólo se median por cierto tipo de política.

Que en estos casos suele pasar por las audiencias públicas en la Legislatura porteña, foros creados originalmente con toda mala fe que se transformaron en herramienta para hacerse oír. Resulta que todo lo que sea proteger nuestro patrimonio, detener a los especuladores y lograr cambios en el tejido urbano es particularmente difícil de lograr. Por ejemplo, catalogar una casa de barrio demanda una “doble lectura”, por la que la ley de catalogación es presentada por uno o más legisladores, pasa por las comisiones de rigor y luego, eventualmente, es votada en el recinto. Si se gana la votación todo vuelve a empezar.

Este mecanismo permitió curros notables, como el de avisarle al dueño de la casa del ejemplo de que la estaban tratando para catalogar, con lo que el dueño podía demolerla de apuro o venderla para ser demolida. Era perfectamente legal, porque hasta que no se votaba todo dos veces, la propiedad estaba desprotegida. Hizo falta el histórico amparo que presentaron Basta de Demoler y Teresa de Anchorena, entonces diputada porteña, por la residencia Bemberg, para que se acabara el truco y la casa quedara protegida a partir de que se presentara el proyecto.

Pero entre la “primera lectura” y la “segunda lectura” hay que tener una audiencia pública para que las partes implicadas se expresen. Hace años, esto servía para que los dueños de edificios a catalogar prepotearan y despotricaran, hablando de la propiedad privada como si esto fuera Dallas. Pero a medida que se ganaba conciencia y práctica, los vecinos se empezaron a hacer escuchar, ya que estas audiencias están abiertas a quien quiera inscribirse.

Este miércoles hubo una catarata de audiencias públicas que transformaron los salones de la Legislatura en un foro de opiniones, en el que se discutieron varios lugares notables de la nuestra ciudad: el zanjón de Granados, el cine Gaumont, el estadio de Ferrocarril Oeste y el hospital Muñiz, todos en trámite de preservación y con historias diferentes.

La del zanjón es una historia de lucidez, una nota que demuestra que el patrimonio es perfectamente rentable si uno se sale del paradigma de demoler-construir a nuevo. Quien visite el centro de eventos y museo de Defensa e Independencia hoy verá una evidente joya urbana, un edificio más que secular con partes de una notable estructura de ladrillería hispánica a la vista, con un túnel subterráneo que fue parte de las canalizaciones coloniales. Cuando fue reciclado y rescatado, el lugar era una ruina y el comprador todavía cuenta, jocoso, que le hicieron descuento por “esa porquería” que no se podía demoler...

Hoy el conjunto está en trámite de catalogación integral según un proyecto presentado por Alvaro González que incluye la excepción de pago de impuestos y la condonación de toda deuda impositiva. El miércoles no hubo gran debate porque la idea despierta poca oposición –de hecho, es por pedido del dueño– y estamos hablando del APH 1, pleno San Telmo. Lo interesante del asunto es que se está hablando de un edificio que fue remodelado y adaptado a un uso nuevo, de conventillo mistongo a centro de eventos, lo que sienta un muy buen precedente contra el puritanismo interesado de algunos.

OTROS USOS

El mismo tema del uso surgió a la hora de discutir el cine Gaumont, cuyos dueños se niegan a renovar el contrato con el Incaa. Como se sabe, el viejo cine es hogar del espacio Km0, dedicado exclusivamente al cine nacional, y también de esa institución argentina que es el Cine Club Núcleo, cuyos socios se hicieron escuchar. También hablaron el defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, y la titular de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Mónica Capano, que ya había emitido un dictamen a favor de preservar el cine.

El detalle más relevante del proyecto del diputado Juan Cabandié es que propone que el Gaumont tenga protección estructural, lo que implica preservar sus interiores y no sólo su fachada. La sala apenas perdió una parte de su pullman, donde se construyeron dos microcines, pero preserva uno de los ya raros espacios grandes donde ver películas “a la antigua” que nos quedan. Dentro de poco, esta experiencia de pantalla grande será tan rara que habrá que llevar a los chicos para que la vivan...

El grado estructural implica, nuevamente, conservar el uso como cine. Si tuviera apenas cautelar, conservando la fachada, sería factible destruir el cine y hacer un estacionamiento, como se busca. Los cambios internos desde el original no obstan para que el Gaumont reciba este grado de protección y siga funcionando como cine. La problemática del uso de los lugares patrimoniales aparece también en el proyecto de los radicales Campos y Pressman, que no fue debatido este miércoles, que busca directamente preservar el uso de la confitería Richmond. Es una situación mucho, mucho más complicada y el debate futuro permitirá matizar y enriquecer el tema, manejado bastante ramplonamente desde el gobierno porteño.

VERDOLAGAS

El quebrado Ferrocarril Oeste es protagonista de nada menos que dos proyectos de catalogación, uno dedicado a la sede social, de Martín Hourest y el otro al estadio, nuevamente de Cabandié. Ferro tiene una tradición secular, fue fundado en 1904 por ferroviarios de Caballito y Flores, y arrancó en terrenos justamente cedidos por el gerente David Simpson y que ya usaba el Flores Rugby Club. Pese a tanta asociación inglesa, el club tuvo una fuerte identidad irlandesa que sobrevive en la camiseta, de verde esmeralda y blanco, idéntica a la que usan las selecciones de Irlanda.

El edificio actual es de 1926 y fue financiado en parte con colectas y fiestas, y en parte por un préstamo sin interés arreglado por Sir Henry Bell, presidente del ferrocarril en Londres. Es un lugar inolvidable, profundamente inglés, del tipo que los británicos sembraron por el mundo entero, notable en Buenos Aires por ser la sede de un equipo de fútbol y no de un hipódromo o club de golf.

Como se sabe, Ferro es hoy un verdadero desastre institucional, con lo que la catalogación es también una manera de apoyar al club y su comunidad, además de preservar un conjunto patrimonial. Y siempre está la posibilidad de que Ferrocarril Oeste se transforme en shopping, torres, etc., como se intenta con los cercanos terrenos ferroviarios. Los proyectos de ley buscan que la sede tenga nivel cautelar –más que nada fachadas– y el estadio estructural.

ART NOUVEAU Y EL MUÑIZ

Un proyecto que no fue debatido, por ser casi de cajón y porque nadie se opuso, fue uno que dejó aprobado en primera lectura el ex diputado PRO Patricio Di Stefano. La ley cataloga 68 edificios dispersos por la ciudad que tienen en común ser buenos ejemplos del estilo Art Nouveau, que tantas alegrías nos dio por estos pagos y que fue un isotipo de la clase media inmigrante en ascenso. Todas las catalogaciones propuestas son cautelares, excepto las de Rivadavia al 1904 y Chacabuco 855, que son estructurales por tratarse de dos edificios estremecedores: la bella torre catalana con su cúpula gibosa y vidriada, y el Casal de Catalunya.

Donde sí hubo debate y de los afilados fue en la audiencia dedicada al Hospital Muñiz, que vuelve a las andadas después del veto de Mauricio Macri, que sueña con un buen negocio constructivo. Lo que el jefe de Gobierno quiere hacer es una torre hospitalaria, demoliendo pabellones viejos y desintegrando lo que fue un modelo de arquitectura para la salud. Con su habitual falta de tino, Macri quiere destruir el Muñiz justo cuando su tipología de hospital-parque es reivindicada y el modelo de hospital-torre es considerado peligroso.

Este proyecto actual es una versión aguada del original, que presentó el diputado Cabandié y cuenta con el silencio sorprendente de los empleados del hospital, que hasta fin de año se oponían violentamente a la torre. Según parece, ya no sienten los fuertes argumentos con que refutaron a Macri hasta el verano y por eso ni aparecieron por la audiencia. La oposición quedó a cargo de María Carmen Usandivaras, de Basta de Demoler, de María Rosa Gamondés y en particular del especialista en restauración Marcelo Magadán.

Con su habitual precisión, Magadán desarmó el argumento de que alcanza con preservar algunos de los pabellones y edificios del Muñiz. En realidad, el hospital es un conjunto armónico de jardines, forestaciones y edificios, que funciona como un todo y no como “testimonios” alrededor de una torre. Si bien es cierto que entre 1960 y 2004 demolieron tres edificios, y que desde diciembre se cierran pabellones por portación de gotera –ya se perdieron más de cien camas y el edificio de pediatría– no alcanza como argumento para condenar al hospital. Todo lo roto se puede reparar y seguramente a mucho menos costo que una torrezota, tan rentable ella para los contratistas.

El punto es el tipo de hospital que se quiere. El Muñiz fue creado hace más de un siglo como un “healing garden”, un jardín de salud, gracias al descubrimiento de que el aire puro es beneficioso. Para enfermedades prolongadas, que las habitaciones tengan salida directa al jardín es invalorable y de hecho las clínicas privadas del mundo entero intentan repetir este modelo. En todos los casos, se prefiere la baja densidad y el jardín a la torre apretujada, cosa que Macri parece no saber.

El proyecto de Cabandié busca acomodar al jefe de Gobierno y contiene apreciaciones muy cuestionables, como que el deterioro edilicio obliga a descartar la preservación. Es curioso ver al diputado comprar este argumento tan falluto, favorito de especuladores. El Muñiz puede ser preservado, reequipado con tecnología y puesto en valor. No es cuestión de debates arquitectónicos sino de presupuesto de salud.

PLAZA FRANCIA

Los lectores de este suplemento recordarán la inspección judicial al pozo en la plaza Intendente Alvear, donde el gobierno porteño y la empresa de subtes quieren hacer la estación Plaza Francia del subte H. El evento tuvo momentos de-sopilantes, como el titular de Sbase intentando convencer a los jueces que manejan el amparo de que la plaza Alvear es lo mismo que la Francia, porque total le dicen así. La cosa terminó con la orden de presentar un plan alternativo con la estación en otra parte.

El gobierno porteño y la empresa de subtes desobedecieron alegremente. Lo que presentaron como “proyecto” es apenas un render, uno de esos dibujos tan coquetos que se hacen con computadora y que transmiten tan poca información. Este render es casi idéntico al que ya presentaron, con las bocas de salida de la estación corridas un poquito. Los amparistas de Basta de Demoler consideran el gesto “una burla” y solicitaron a los jueces que demoren la próxima audiencia y exijan que desde el Estado presenten planos de verdad que obedezcan la orden anterior.

Es evidente que la empresa de subtes y el gobierno porteño están estirando el tema. Pese a sus quejas de lucro cesante y problemas diversos, no tienen prisa y están trabajando en otros tramos de la línea, lo que explica la burla a la orden del juzgado.

ESTA SEMANA

El próximo miércoles hay audiencias –más audiencias– importantes en la Legislatura. A las 10.30 se debatirá públicamente la licitación para el diseño y construcción de la Feria del Sur, un “centro cultural, comercial, gastronómico y turístico” a construir abajo de la autopista entre Bolívar y Balcarce. Este proyecto incluye la explotación, administración y mantenimiento del extenso proyecto, que puede tener fuerte impacto en el barrio.

A las 15.30 se hablará de la zona de amortiguación del APH 1, que puede limitar el vandalismo especulativo en una amplia zona del sur porteño. Una zona de amortiguación busca moderar el impacto de la construcción en los bordes de los barrios históricos, en este caso en un perímetro que va entre Perú y Tacuarí, de Hipólito Yrigoyen al hospital Elizalde.