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Hay momentos en que hay que hacer una pausa y saludar el ingenio ajeno a la hora de inventar negocios. A quienes acusan al actual gobierno de esta ciudad de falta de imaginación, de visión corta, no entienden que las energías no se enfocan a la administración pública o al bien común. Buenos Aires es un gran campo de negocios y, como capitanes de la industria, ellos saben verlos.

Una prueba de que sí hay visión es el proyecto de ley de Promoción de Actividades Artísticas que el Ministerio de Desarrollo Económico acaba de enviar a la Legislatura porteña. El título puede entusiasmar, pero el texto revela que se trata de una herramienta para crear un negocio inmobiliario en un sector del sur porteño.

El perímetro que abarca el proyecto como “Distrito de las Artes” es grande: Regimiento de Patricios, Pi y Margall, Piedras, Martín García, Tacuarí, San Juan, Huergo, Elvira Rawson de Dellepiane, el frente de la Dársena Sud y la ribera norte del Riachuelo. El sector incluye una dosis masiva de piezas patrimoniales, pero el proyecto no menciona la palabra “patrimonio” ni siquiera una vez.

Lo que busca esta ley es dar ventajas impositivas a quienes instalen sedes donde se impulse “la formación, creación, producción, gestión y difusión de obras artísticas. En párrafos aparte se explicita que también se incluye “la comercialización” de estas obras y la venta de servicios e insumos para esas actividades.

A partir del artículo cuarto el proyecto empieza a mostrar su verdadera alma. Los destinatarios son quienes “realicen inversiones a través de la compra o locación de inmuebles en el Distrito de las Artes”, “realicen ampliaciones, reformas o refacciones” o simplemente inviertan en emprendimientos que hagan algo de todo esto. Quienes entran en esta categoría pasan a ser Desarrolladores de Infraestructura Artística, con mayúsculas en el original. Las entidades educativas y quienes tengan “estudios de artistas” –definidos con gran amplitud como edificios residenciales “con facilidades de uso común para la realización de actividades promovidas”– también serán incluidos.

El capítulo II del proyecto entra en detalles y por fin le da vela en el entierro al Ministerio de Cultura. La vela es corta, la de compartir la responsabilidad de crear un Registro del Distrito de las Artes que conceda el papelito necesario para lograr “los beneficios de la presente ley”. Estos beneficios dependen de la “facturación, superficie ocupada, cantidad de empleados y/o masa salarial”, lo cual indica que la movida no es para artistas que empiezan ni bohemios de bohardilla.

De hecho, hay que acreditar que uno compró o alquiló un edificio dentro del distrito, presentar un proyecto de reforma o refacción, presentar un plan de negocios y presentar un inversor, si es diferente al emprendedor. Quien cumpla con todo esto recibirá una exención de diez años al Impuesto a los Ingresos Brutos por sus negocios en el Distrito. Es más, podrán descontar un 25 por ciento de lo que invirtieron en el Distrito de los Ingresos Brutos a pagar por otros negocios en la ciudad. Y si gastan más en la obra de lo que pagan por ese impuesto, pueden guardárselo como crédito para el futuro.

Para quien se extrañe con que el macrismo sea tan liberal con su impuesto favorito, y recuerde que incumplió la creación del Fondo del Patrimonio para no derivar impuesto, va un aviso: el total a perder es el 1,10 por ciento del total de Ingresos Brutos del año. Al cubrirse esa cifra, se cierra el chorro. Pero hay compensaciones, como que hay dos años para disfrutar del beneficio sin necesidad de iniciar actividades y que no se paga el aburrido y ahora caro Alumbrado, Barrido y Limpieza por diez años a partir de que se sancione la ley. Por si no alcanza, tampoco se pagará por ese lapso el derecho de delineación y construcciones para los edificios incluidos en el distrito.

El capítulo V de la ley agrega un caramelo adicional, el de financiar actividades en los emprendimientos del distrito con dinero público. Quienes tengan esta chapa podrán destinar hasta 10 por ciento de sus pagos de Ingresos Brutos o si son pequeños contribuyentes y hasta el cinco si son grandes. Y si hacen esas actividades en la Usina de las Ideas, la ex Usina de la Música que ilustra la tapa, todos podrán descontar el diez por ciento, más allá del tamaño.

La autoridad de aplicación del proyecto es apenas el Ministerio de Desa-rrollo Urbano, que según parece sabe más de cultura que el de Cultura. Los castigos son, como siempre en el macrismo, blandos: pérdida de los beneficios, baja del registro, inhabilitación para volver a pedirlos. Y en el único lugar donde la ley se pone un poquito específica, el capítulo IV, se nota la complacencia de toda la idea. Este breve capítulo habla de los estudios de artistas y los define como edificios con un mínimo de cinco unidades funcionales o residenciales. Estos edificios tendrán que tener un treinta por ciento de residentes o usuarios comerciales relacionados con actividades artísticas. Y, recordando el párrafo anterior, tiene que haber áreas comunes de uso para artistas, lo que en resumen se puede entender como un edificio común y corriente con amenities pictóricas.

Así como es notable que un proyecto inmobiliario como éste en la zona sur no mencione siquiera el patrimonio edificado al que afectará, es notable que pida tan poco para conceder tanto a los empresarios.

La obra misteriosa

El defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, anda asombrado por una licitación de la Ciudad, la 3155/11, que busca materializar una de las intervenciones urbanas que tanto le gustan al ingeniero (civil) Mauricio Macri. El problema es que, para variar, no chequearon las leyes que afectan al lugar donde quieren hacer la obra. Básicamente, el caso parece similar al del ya célebre papelón del ministro Daniel Chaín cuando anunció con trompetas y foto que iba a peatonalizar la calle Defensa: tuvo que dar marcha atrás cuando le avisaron que no se podía sin una ley de la Legislatura. Chaín se había olvidado de consultar a los abogados...

En este caso, el objetivo es la calle Galván entre las avenidas Ruiz Huidobro y Congreso, plena Comuna 12. La licitación se autojustifica como “la recuperación del carácter barrial” de esa calle “mediante iniciativas que buscan ordenar su tránsito pasante”. Más abajo, el documento se pone más sincero y admite que en realidad se busca “disminuir los efectos de la gran cantidad de tránsito liviano y pesado que circula por la arteria en cuestión”. La manera de lograr este supuesto bien es la “palermización” de la calle Galván: dársenas de estacionamiento de un lado, ciclovía y una calzada de apenas siete metros de ancho, de dos manos.

¿De qué se olvidaron esta vez? Del detalle de que la calle Galván es parte de la red de tránsito pesado de la ciudad, definida por la ley 216 y de uso obligatorio para los camionazos que entran cada día a Buenos Aires. En una nota dirigida al director general de Tránsito porteño, Carmelo Sigilito, que hasta ahora nadie se molestó en responder, Gómez Coronado se pregunta si alguien tuvo esto en cuenta alguna vez. El ombudsman adjunto quiere saber si alguien le consultó a Sigilito, si alguien determinó un camino alternativo para los camiones, si alguien le cambiará el recorrido a los colectivos de la línea 110, o si todo va a seguir ahí sin cambios.

Esto es, si vamos a tener un nuevo cuello de botella en el tejido urbano sólo porque el arquitecto Lostri considera su legado las ochavas ampliadas, cabezonas, con lugar para estacionar.

Sobre el Zoo

El 29 de este mes se realiza la subasta de la concesión del Jardín Zoológico de Buenos Aires. El penoso estado del lugar, manejado y pensado como un parquecito cualunque de diversiones, hace que la reprivatización preocupe y que muchos sientan que por algo la llaman “subasta”.

Una de las cosas que el actual gobierno porteño hace fuerza por olvidar es que el Zoológico es patrimonio histórico también a nivel nacional. A comienzos de mayo, la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos le envió una nota preocupada y a fines de ese mismo mes se la repitió, agregando otra que, para como se suele mover la Comisión, es un palo. Con firma de su titular, el arquitecto y también subsecretario de Obras Públicas del gobierno de Daniel Scioli, Juan Martín Repetto, y del vocal secretario Oscar De Masi, la nota “le hace presente (a Mauricio Macri) que los compradores del respectivo pliego deberán ser fehacientemente anoticiados de que toda intervención en cualquiera de los pabellones y/o bienes patrimoniales y artístico del citado monumento nacional (el zoológico) deberán ser sometidos a la previa aprobación del proyecto de este Organismo Nacional”.

La linda e injustamente en desuso palabra “anoticiar” es una que no le gusta a Macri, un político con problemas de límites. Con lo que la advertencia es oportuna para el jefe de Gobierno y para los que se quieran hacer con la explotación del parque porteño. De hecho, la Comisión podría haber sido todavía más dura, porque el Jardín Zoológico es un conjunto y está protegido como tal, incluyendo jardines y espacios abiertos entre los edificios y las piezas artísticas, con lo que se tiene que revisar hasta la propuesta de instalar barcitos, corrales y granjitas, al gusto de los concesionarios actuales, por no hablar de las rejas perimetrales.

Pero para empezar a anoticiar alcanza, y mientras se puede ir debatiendo el tema en público: este martes a las 18 el diputado porteño Adrián Camps invita a un encuentro abierto sobre el zoológico en la Legislatura.

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