Una de las cosas que destacan al grupo Proteger Barracas, ciudadanos que se ocupan de defender el patrimonio cultural de su barrio, es la calidad de sus argumentaciones y que siguen los temas con una paciencia a prueba de burócratas.

El 21 de junio de 2011, manifestaron su preocupación por el destino del grupo escultórico de plaza Colombia, en Montes de Oca al 800. Hace pocos días, un año después, esa inquietud se transformó en una grave denuncia que involucra a los ministerios de Espacio Público y de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La obra en cuestión es el Monumento al Izamiento de la Bandera, de Julio César Vargottini que, según indican, fue “constituido por cinco grandes figuras de bronce de una tonelada cada una, y se hallaba emplazada en torno del mástil central desde su inauguración en septiembre de 1940”.

Nos recuerdan en su blog que en 2009 el Gobierno de la Ciudad inició obras en la plaza Colombia y en 2010 el monumento fue retirado con el fin de someterlo a una restauración. Sin embargo, ante la falta de reposición de la obra a su lugar de origen, continuaron con los reclamos.

Como única respuesta recibieron una publicación en el perfil de Facebook de Compromiso Comunitario de la Plaza Colombia –un sitio paraoficial vinculado al centro comunal– donde se expresaba: “A raíz de los sucesivos comentarios y dudas acerca del destino del grupo escultórico que acompañaba el mástil de la plaza, queríamos contarles que hace ya varios meses nos pusimos en contacto con la gente de la Junta de Estudios Históricos y estamos impulsando el arreglo del grupo escultórico para que pueda volver a estar en su lugar”.

Y agregan, lo que ya no se sabe si es más bien una broma de mal gusto: “El día martes nos acercamos al MOA (Dirección General de Monumentos y Obras de Arte) a fin de tomar estas fotos que publicamos a continuación. El fin de esta visita fue, por un lado, llevarles la tranquilidad de que estas esculturas no fueron vendidas y, por otra parte, adentrarnos más en la problemática que presentan para poder retransmitírselas a ustedes”.

“Como se puede observar en las fotos, las esculturas están dañadas especialmente en la parte inferior, donde se encuentran los anclajes que las mantienen afirmadas a la base. Para reparar esto es necesario realizar varias fundiciones, y dado que en las instalaciones del MOA no se pueden realizar este tipo de tareas, la Dirección General de Espacios Verdes se encuentra abocada a averiguar presupuestos de artistas aptos para llevar a cabo este trabajo.”

Es decir, que los ciudadanos podemos quedarnos tranquilos porque las esculturas que se encontraban en una plaza pública no fueron vendidas y también porque el Gobierno de la Ciudad no está en condiciones de restaurarlas, pero está buscando presupuestos, y mientras tanto están tiradas en la playa de estacionamiento de la Dirección de Monumentos y Obras de Arte (MOA) en el Parque 3 de Febrero. Allí, al menos, le hacen compañía –y esto también se ve en las fotos– al Totem de la plaza Canadá, que fue talado y seccionado en 2008, en otro recordado escándalo del gobierno porteño.

Pero para seguir desenmascarando la farsa, Proteger Barracas entró al sitio web del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y se encontró con esta sorpresa: allí se anuncia que en plaza Colombia “... se restauró la fuente y el monumento central con su mástil, se colocó nuevo mobiliario (bancos, cestos, bebederos y cartelería), se optimizaron las luminarias y se plantaron distintas especies arbustivas”.

Quien también se interesó por el tema fue el defensor del Pueblo adjunto, Gerardo Gómez Coronado, quien inició una actuación solicitando información sobre el estado de la obra de arte. Ahora deberían ocuparse también los fiscales, porque las esculturas de las plazas públicas –en tanto bienes culturales registrados en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires– están protegidas por la ley 1227. Esto quiere decir que la Subsecretaría de Patrimonio Cultural debería haber intervenido previamente a su traslado y por supuesto ante su eventual restauración.

También debería hacerlo al enterarse de que un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo su superintendencia se encuentra tirado en una playa de estacionamiento.

Esto, además, si esta escultura se hubiera dañando por el traslado o el abandono, podría implicar –deberán dilucidarlo los abogados– un delito previsto en el Código Penal, que en sus artículos 183 y 184 establece: “Será reprimido con prisión... el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado” y “La pena será de tres meses a cuatro años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes... ejecutarlo en... signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos”.