Algunos pensarán que fue poco lo que se hizo, otros que fue bastante o incluso mucho. Lo cierto es que los historiadores de la política de preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires seguramente identificarán los últimos seis años y medio –diciembre 2005/ julio 2012– como un período de esplendor, sobre todo si se compara con lo anterior y, temo, con lo que viene.

Las fechas no son arbitrarias. En diciembre de 2005 asumió Teresa de Anchorena como diputada de la ciudad y su experiencia y pasión por el patrimonio determinaron la creación de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura. Fue el comienzo de una actualización y profundización normativa que –por un tiempo y con dificultades– cambió la lógica de la preservación arquitectónica. En aquel momento, fue una fórmula institucional casi desconocida, apropiada luego por esa dirigencia política que transforma hasta lo bueno en burocracia y contratos: hoy la Legislatura tiene nueve comisiones especiales.

La segunda fecha coincide con el golpe de Estado a lo paraguayo que el PRO y parte de Proyecto Sur le propinaron a Mónica Capano, secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural. Por supuesto, no tuvieron ni la mínima posibilidad ni excusa para argumentar un mal desempeño en sus funciones, como hicieron los senadores con Lugo, porque en este caso hubiera sido irrisorio e insostenible hasta para las propias huestes. Optaron entonces por una designación express de los nuevos integrantes con un procedimiento legal, pero claramente ilegítimo. Pero, si bien este fue uno de los hechos más graves, no es el único, desde que el gobierno porteño se está empeñando en destruir el andamiaje de protección patrimonial.

Tal vez el punto de quiebre haya sido cuando el jefe del bloque PRO de aquel momento increpó al entonces presidente de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico Patricio Di Stefano –de la misma bancada– por haber estampado su firma en el proyecto de prórroga de la ley 2548, que establece un régimen especial para los inmuebles anteriores a 1941.

Y, como es más fácil ser historiador que profeta, hoy podemos entender con claridad las razones por las cuales el gobierno porteño no apeló el recurso de amparo que sostuvo su vigencia. Era más fácil ir por el camino de la ilegalidad: tolerar demoliciones sin permiso o inventar la figura de la reconsideración de dictámenes del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP); o por el de la destrucción política de las instituciones de protección.

Otro de los elementos que nos demuestran la manipulación de las instituciones creadas para proteger la arquitectura valiosa es que –según informa la página web de la Legislatura– la diputada María Karina Spalla (PRO) preside las comisiones de Patrimonio Arquitectónico y de Desarrollo Urbano. Toda una sutileza.

Con este panorama, el único bastión en el Estado porteño que permanece para la defensa del patrimonio es la presencia de Gerardo Gómez Coronado como defensor Adjunto del Pueblo. Y por supuesto también el accionar de las organizaciones de la sociedad civil y la respuesta del Poder Judicial. No mucho más.