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Todo acto de gobierno, en una república, deber ser público, por principio y definición. Tan es así que la legislación en la Argentina sólo permite que sean declarados secretos unos pocos, sólo excepcionalmente y cuando esta declaración tenga fundamentos sólidos y sea adoptada por una autoridad con facultades para ello.

Obviamente, la evaluación sobre el valor patrimonial arquitectónico de un inmueble no está incluido entre esas excepciones, ni el Ministerio de Desarrollo Urbano tiene facultades para declarar secretos sus actos.

Por eso causó tanta sorpresa y revuelo cuando, hace unos años, se intentó impedir al editor de m2 ingresar a una reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), que por supuesto, finalmente, pudo sentarse a escuchar a los consejeros.

Una de las razones fundamentales del cambio en la situación en la protección del patrimonio arquitectónico porteño en los últimos años, descripto en la columna del sábado pasado, tuvo que ver con la publicidad de las acciones u omisiones adoptadas por los distintos organismos y comisiones vinculadas con el tema.

Los primeros sorprendidos de este cambio fueron los integrantes de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, lugar que por temática y lenguaje utilizados –el arquitecturés, al decir de Sergio Kiernan– no era de los más populares. Sin embargo, poco a poco comenzaron a ver cómo las reuniones convocaban cada vez a más ciudadanos interesados y cómo sus decisiones, argumentaciones y motivaciones comenzaban a publicarse en los medios de prensa, principalmente en m2.

Luego fue el turno del CAAP y también de oficinas del Poder Ejecutivo, cuyos grises funcionarios desayunaban los sábados por la mañana con café, medialunas y sus nombres en letra de molde en el suplemento semanal de Página/12.

Pero, en general, los que poco y nada se ocupan de saber qué hacen sus designados en las comisiones y consejos son los diputados que los eligen con su voto, o al menos esto no sucede de un modo institucional y orgánico como debería ser.

Para llenar ese bache, el diputado Adrián Camps presentó un proyecto de resolución, breve pero contundente. En primer lugar establece que “los representantes de la Comisión de Planeamiento Urbano y de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura ante el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) serán designados en la reunión constitutiva de sus respectivas comisiones, por el voto de la mayoría de sus miembros”, y que también por ese mismo procedimiento podrán ser removidos.

Aunque lo más importante llega después, exige que “deberán informar por escrito, a requerimiento de la comisión respectiva o al menos trimestralmente, acerca de los temas tratados y las resoluciones tomadas en cada una de las reuniones del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales”.

Esperemos que esta vez no se junten el bloque PRO con algún diputado de la oposición para hacer que el proyecto quede en un cajón.