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Mauricio Macri y su equipo de gobierno deben envidiar a los gobernadores más alejados de la Capital Federal. Es que por allá, allá, se cumple aquello de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, lo que quiere decir que raramente se nacionalizan los temas locales. Sólo agendas como la minería, los derechos indígenas o la represión desbocada rebotan en esta ciudad y apuntan la lupa. Macri, pobrecito, no tiene ese changüí. Para peor, el macrismo es una máquina potente de perder votos desde la gestión, que va de roca en roca, de subte a hospital, de derrumbe a obra incomprensible. Es una situación rarísima la de este jefe de Gobierno que ganó las elecciones por mucho, mucho, pero no sabe generar consenso.

Esto es en parte por la muy baja calidad de gestión, con ministros olvidables y asesores que cometen errores de libro. Como no avisar que no se pueden hacer peatonales por decreto y comerse en pleno anuncio a la prensa la novedad de que las peatonales requieren un acto de la Legislatura. O la de poner la estación Plaza Francia del subte H en la plaza Intendente Alvear, sin saber que es un Area de Protección Histórica, para luego balbucear que “es lo mismo” porque “igual todos le dicen Plaza Francia”, como le balbuceó el titular de Sbase a un juez en plena audiencia de inspección.

Pero el centro del problema es la parte de su gestión que el macrismo sí que entiende bien, el lado que los afila y donde se nota que saben cómo es el negocio. Macri y su equipo especializado, los que manejan las ventanillas y las partidas de obra, son profesionales, gente que estuvo muchos años del otro lado del mostrador –y del peaje– y que sabe cómo se hace dinero con el espacio urbano. Una de sus prioridades fue y es matar la inesperada militancia por el patrimonio que se generó en estos años, el primer límite político a la libertad de demoler y hacer fortuna que conoció esta ciudad tan maltratada.

Como tantas veces en la vida política, las cosas ocurrieron como no se esperaba, con protagonistas novedosos y con grupos espontáneos y de lo más transversales, que literalmente no hablan de política general para que no salten chispas. Así se fue construyendo en estos cinco años una red de ONG pasionales y generosas, se dieron peleas inconcebibles en 2007 y se logró que los que habilitan los negocios por primera vez paguen costos políticos. ¿Quién alguna vez escuchó que se le pidieran cuentas a un funcionario por el “progreso” de la ciudad?

Al ataque

El macrismo reaccionó a fines del año pasado con una torpeza, la de dejar sin tratamiento a la pobre ley 2548. Esta ley es la sucesora del Régimen Especial de Patrimonio creado por la entonces diputada Teresa de Anchorena para proteger los edificios del ridículo paisaje ribereño que Ibarra/Telerman intentaron venderle a la Unesco. El paisaje tomaba toda la costa porteña, de La Boca a Palermo, y buscaba declararlo Paisaje de la Humanidad con argumentos que daban risa: que era una ciudad de inmigrantes, una ciudad portuaria, una creación colectiva. La Unesco, diplomática, cajoneó discretamente el asunto, pero se supo que sus miembros no daban crédito a que Buenos Aires propusiera un polígono urbano que no tenía ninguna protección patrimonial, donde se demolía libremente y donde se desfiguraban las áreas históricas con torres.

El polígono protegido originalmente pronto se amplió a toda la ciudad y se hizo costumbre. El macrismo parecía resignado, si no conforme, porque el sistema era al final flojísimo y dependía de un ente cautivo, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que protegió en promedio un 11 por ciento de lo que le proponían demoler. Pero aún así molestaba y por eso en diciembre el bloque oficialista, con el inefable Cristian Ritondo al frente, se levantó de la reunión de comisión correspondiente sin firmar el proyecto para renovar, para 2012, el sistema de protección. Hasta hubo el toque Ritondo de gritarle y gritarle violentamente a un diputado que sí había firmado y tuvo que ir y retirar el gancho.

Salió mal y resultó en un potente amparo que la Ciudad nunca disputó. La cosa quedó en stasis por meses, un silencio que daría para interpretaciones. Una era que el macrismo había decidido no pagar tantos costos políticos. Otra que preparaba algo más discreto, por ejemplo algo que no tuviera en el medio a Ritondo. Lo que hicieron fue sacarse de encima a la persona más molesta del Consejo, Mónica Capano, la titular de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad. Capano tenía la mala costumbre de no ser arquitecta, de discutir las decisiones y de no terminar de entender que la lógica del negocio permite, obliga, que se desatienda la ley. Donde la ley dice que el Consejo debe tener en cuenta el valor arquitectónico de los edificios a tratar, su historia y su lugar en la cultura barrial, en las reuniones se hablaba del valor económico, de las posibilidades de construir en ese terreno. Para peor, Capano compilaba las actas, difundía lo tratado, detectaba la chapucería con que se hablaba.

Pero sacarla salió a la Ritondo, para atrás. Las ONG porteñas reaccionaron con fuerza porque entendieron con toda plenitud y sofisticación de qué se trataba realmente. Y lo siguiente es que la cosa empezó de inmediato a nacionalizarse. En la última reunión de entidades patrimonialistas realizada en la Legislatura llovieron adhesiones y habló el senador Daniel Filmus para invitar a todos a que la movida siguiera el próximo martes en el Senado y para invitar a que le manden ideas para que el patrimonio figure en los códigos nacionales.

En esta reunión se van a discutir cuestiones de fondo que pueden llevar a que el macrismo tenga que parar las demoliciones por ley de la Nación, que el Congreso de una buena vez compre el edificio de El Molino y que la Comisión Nacional de Monumentos y de Museos y Lugares Históricos cambie completamente su rol, para ser una herramienta en estos temas. A la sesión están invitados actores nuevos, como Carta Abierta.

¿Qué hará el macrismo con estas novedades? Tendrán que armar un guión nuevo, porque hasta ahora no generaron el menor mensaje al respecto. Si dicen, por ejemplo, lo que le dijeron este martes al diputado Julio Raffo, estarán perdidos de toda perdición. Raffo es diputado porteño por Proyecto Sur y firmó el proyecto que sacaba del medio a Capano, lo que le valió duras críticas y hasta un cartel que redefinía a su partido como PROyecto Sur. En su bloque se despegaron rápidamente del tema y Raffo quiso hacer un gesto público hacia el patrimonio, visitando el CAAP en su sesión del martes.

La visita

El tema es importante, porque lo ideal para la industria es que el Consejo sesione materialmente en secreto, sin que nadie sepa de qué se habla, cómo se vota, qué razonamientos se siguen. Así puede quedar en el cono de silencio que se quiebra el plazo legal sistemáticamente, creando la agenda un jueves para votar un martes, sin tiempo de investigar nada, ni siquiera mirar los edificios en cuestión. O que se atienden casos viendo las fotos que manda el interesado en demoler, sin poder comprobar siquiera si son del edificio en cuestión o de otro. O que representantes de instituciones dedicadas al patrimonio votan sistemáticamente por las demoliciones.

Que un diputado porteño se presente en una sesión es una buena idea por estas razones de transparencia. El problema es que Raffo confesó que no sabía prácticamente nada del Consejo y le pidió que le explicaran a su titular, el director general Antonio Ledesma –que esta vez se quedó, por primera vez, a una sesión entera– y a su jefe el secretario Héctor Lostri. Que equivale a pedirle consejos económicos al FMI y al candidato a vicepresidente Paul Ryan, un Martínez de Hoz jovencito. El caso es que Raffo se fue hasta diciendo que estaba impresionado por el trabajo, aunque desconcertado porque le negaron copias de las actas y de las fichas. Ni a un diputado le quieren dar esos papeles...

Raffo vio algo novedoso, la primera catalogación en un mes. La anterior había sido apenas un edificio y se dio por el entusiasta apoyo de David Kullock, que vota casi únicamente por piezas racionalistas de estilo “naval” que estén en Barrio Norte y cumplen su condición principal, “completar el tejido urbano”, jerga de arquitecto para decir que ya son grandes y no vale la pena demolerlas. Kullock es un pensador original, que dice cosas como que no vale la pena catalogar algo porque por la calle del edificio en cuestión los colectivos pasan rápido y la gente entonces no puede ver esa pieza patrimonial. Desde que perdieron al testigo que era Capano, el Consejo se da el gusto de dejar demoler el ciento por ciento de lo que le proponen.

Que Lostri y Ledesma hayan ido a la sesión demuestra no sólo que todavía entienden que a un diputado hay que recibirlo, sino es una muestra de que entienden que las cosas no son como antes. El martes anterior, Lostri había pedido “ideas” proactivas para salir a contrarrestar las críticas. También había invitado a los consejeros a presentarse una hora antes para un “brainstorming”, comenzando este martes. Nadie le dio la menor bolilla, nadie fue una hora antes y nadie trajo ni una idea, proactiva o de otro tipo, un lapidario comentario sobre la iniciativa. De hecho, la representante de Cultura hace un mes que ni siquiera va a las sesiones ordinarias, ni hablar de las de ideas proactivas. Hacen bien, ya que no tienen por qué hacerse cargo de las futuras responsabilidades de las cosas que firma Ledesma.

Y hablando del funcionario, los vecinos de Floresta –barrio bravo en materia de patrimonio– comenzaron a agradecerle sus servicios políticos con carteles como el de la foto. Ahí le muestran su aprecio por haber dejado pasivamente demoler Villa Elisa, una lindísima casa que estaba en perfecto estado de conservación hasta que fue al CAAP que él dirige. La casa fue clandestinamente demolida, pero sin demasiado secreto, como sabiendo que no pasa nada. Ledesma fue informado por los vecinos y por este suplemento, pero no movió ni un dedito. Tampoco se le ocurrió la idea original de castigar la avivada recomendando que se catalogara el inmueble. Como bien sabían los que la rompieron a propósito, Ledesma –o mejor dicho, su presentante Susana Mesquida– no haría algo así sino que diría, como se dijo, que ya había “perdido valor”.

Villa del Parque

Los vecinos de Villa del Parque Verde invitan a participar en la audiencia pública que se va a realizar en dos semanas, el 28 de agosto a las 14 horas, en el Salón Jauretche de la Legislatura. Es para tratar un proyecto que los desvela, el de la baja drástica de alturas en su zona, que supo ser un jardín, como lo recuerda el nombre del barrio. Lo que buscan los vecinos es que se permitan hasta cuatro pisos y se acabe con la peste de los edificios en altura, preservando un estilo de vida.

Es notable cómo los vecinos están muy adelante de los funcionarios en estas cuestiones, discutiendo densidades y sabiendo cosas como que una ciudad no puede ser toda igual, toda alta, o que no se puede apilar gente y listo sin pensar en transporte, estacionamiento y servicios. No es que los vecinos sean cráneos del urbanismo, sino que ven algo que no sea el negocio de llenar todo de torres y mudarse a un country para disfrutar de lo que se perdió en la ciudad.

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