El patrimonio arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires tendrá un nuevo defensor, ahora en el ámbito del Poder Judicial. Se trata de Roberto Gallardo, que los lectores de m2 seguramente recordarán por sus intervenciones como juez en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, donde tuvo a su cargo algunos de los casos más resonantes, como el amparo que impidió demoler el inmueble que perteneció a la familia Bemberg en Montevideo 1244, entre muchos otros.

El defensor general adjunto en lo Penal y Contravencional impulsó la creación de una Unidad Especial Técnica (UET), luego del encuentro en el que participó hace pocos días en el Senado de la Nación, convocado por los senadores Daniel Filmus, Samuel Cabanchik y María Eugenia Estenssoro, y con la presencia de más de 50 organizaciones civiles dedicadas a la defensa del patrimonio cultural.

Esta Unidad, que funcionará dentro de la Defensoría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá la facultad de accionar judicialmente cuando se vea afectado el patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad, y será receptora de denuncias que realicen los ciudadanos por construcciones o demoliciones que pongan en riesgo su preservación.

La creación de esta nueva instancia se fundamenta en el derecho constitucional que garantiza la preservación del patrimonio cultural, tal como establece el artículo 27º de la Carta Magna porteña, que obliga al Estado local a velar por “la preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora”.

La Defensoría General, ámbito en el que desarrollará sus funciones esta novedosa Unidad Técnica Especial, es una de las tres ramas del Ministerio Público, creada por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la incorporó como parte integrante del Poder Judicial.

A partir del mandato constitucional, la Ley 1903 atribuye al ministerio público la función primordial de “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y el interés general de la sociedad” y “velar por la prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social”, y en particular, la Defensoría tiene la misión de “hacer efectivo el derecho a defensa en juicio y asegurar el acceso a la justicia de las persona” y “garantizar tanto los derechos individuales fundamentales como los colectivos, en la búsqueda de la protección del interés social”.

Es allí donde radica la importancia de esta nueva oficina, porque permitirá que cualquier ciudadano pueda recurrir a esta instancia para poder garantizar su derecho individual o colectivo a la preservación del patrimonio cultural.

Tal vez ha llegado el momento, como dijo el propio Gallardo en el encuentro del Senado, en el que “sea hora de dejar de resistir porque llegó la hora de avanzar”. Quienes requieran de este nuevo servicio, pueden dirigirse a Combate de los Pozos 155, Piso 51, teléfono 4011-1400.