El patrimonio cultural, según las distintas épocas y visiones, se ha clasificado en material, inmaterial, tangible, intangible, viviente, entre otras acepciones. Vamos a agregar una nueva categoría: el patrimonio invisible. Podemos definirlo como el patrimonio arquitectónico considerado desde la perspectiva de la actual gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todo aquél que medianamente conozca el funcionamiento del Estado y sus lógicas sabe perfectamente que lo que no está en la Ley de Presupuesto no existe, y eso pasa (o casi) con el patrimonio arquitectónico en la ciudad de Buenos Aires.

El proyecto de ley de Presupuesto presentado por la administración macrista ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (http://www.buenosaires. gov.ar/areas/hacienda/presupuesto2013/) siquiera nombra al área que en la práctica más poder tiene a la hora de decidir sobre la protección de un inmueble de valor patrimonial: la Supervisión de Patrimonio Urbano. Una supervisión es menos que una Dirección General, menos que una Unidad Ejecutora y tampoco califica como Unidad de Proyecto. No es nada de eso, y por lo tanto, hasta para comprar un rollo de papel higiénico depende de su superior inmediato, el director general de Interpretación Urbanística.

Esta dirección general tiene, además de la responsabilidad en la preservación patrimonial, la obligación de “entender en el Planeamiento y en el estudio integral de la problemática urbanística de la Ciudad, como así también en la interpretación, aplicación, modificación y actualización de las normativas referentes al Código de Planeamiento Urbano”. Casi nada...

Para todo eso cuenta con una partida de 8.237.155 millones de pesos, frente a un presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Urbano, para el que se prevé un gasto anual de 1.532.344.816 millones de pesos. Quiere decir que los fondos previstos para el área que engloba –pero excede– al patrimonio urbano representan un 0,53 por ciento del total.

Lo llamativo es que en la descripción de políticas incluida en el proyecto de Presupuesto, muy detallado en la enunciación de sus programas y actividades, nada dice de las responsabilidades primarias que la biblia de los arquitectos –el Código de Planeamiento Urbano– le asigna a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano.

Por ejemplo, los “Programas de vivienda que comprendan la rehabilitación total o parcial de edificios [patrimoniales] existentes”, los “Programas de radicación y/o realojamiento de familias que se encuentran en situación de ocupantes ilegales o en edificios [patrimoniales] que presenten malas condiciones de habitabilidad”, o los “Programas de conservación de edificios de alto valor patrimonial que comprendan su rehabilitación y puesta en valor”, entre muchos otros.

Tampoco figura en el presupuesto la previsión presupuestaria para la creación del Ferec –Fondo Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados–, cuyo incumplimiento por parte del Ejecutivo porteño celebrará en 2013 su decimotercer aniversario. Esta infracción motivó, tiempo atrás, el inicio de una denuncia de oficio por parte de la Justicia Penal, para investigar el presumible incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del jefe de Gobierno, de su ministro de Desarrollo Urbano y del subsecretario de Planeamiento Urbano.

Por su parte, el Ministerio de Cultura tiene la responsabilidad primaria en la preservación del patrimonio cultural, según lo obliga la Ley 1227, y enuncia en la Ley de Presupuesto que se ocupará de “Preservar, mantener y revalorizar los bienes patrimoniales de la Ciudad que, al margen de sus características patrimoniales, poseen cualidades excepcionales legitimadas por las experiencias colectivas”. La pena es que sólo piensa hacerlo a través de seminarios, cursos, talleres, revistas digitales, visitas guiadas y un ciclo de charlas/cursos/jornadas organizados por la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, pero sin prever nada concreto en lo que se refiere a la protección, restauración y gestión del patrimonio edilicio porteño.

Para lo anterior, prevé un presupuesto de 16.455.806 millones de pesos para la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y 5.450.639 millones para la Dirección General del Casco Histórico, que sumados solo representan un 1,9 por ciento del total asignado al Ministerio de Cultura.

Los discursos pueden indicar otra cosa –aunque de a poco los propios funcionarios porteños van reconociendo en público que el patrimonio arquitectónico no les interesa en lo más mínimo– pero el proyecto de ley de Presupuesto no miente. Allí están las prioridades, y el patrimonio cultural, claramente, no lo es para el Ejecutivo local.