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Sábado, 16 de febrero de 2013

Amparos por la avenida

Los abogados ambientalistas lograron frenar las podas en la 9 de Julio y un segundo amparo busca simplemente acabar con toda la obra.

 Por Sergio Kiernan

No es cuestión de ilusionarse, pero la evidencia empírica –acientífica, anecdótica, callejera– parece indicar que el macrismo pasó una línea invisible con las obras en la 9 de Julio. La avenida, perciben los porteños, no queda en ningún barrio en particular sino en el Centro, que es de todos. Con lo que los desmanes arbitrarios de este gobierno porteño no quedan en algún rincón de la ciudad, afectando sólo a los locales. La avenida y su metrobús tocan a todos, hacen que todos le busquen la utilidad y que ninguno se la encuentre.

Para peor, el macrismo sigue creyendo ramplonamente que “hacer obras” es suficiente para ganar las elecciones, con lo que el Centro es simplemente una carrera de obstáculos. A la 9 de Julio destrozada se le suma Sarmiento cerrada entre Esmeralda y Suipacha, creando un cuello de botella notable porque la única manera de seguir “subiendo” es desviar hasta Tucumán. Ni caminando se puede llegar a alguna parte, porque también Florida anda transformada en una trinchera, con partes embaldosadas y partes de cemento peinado, la superficie áspera y sucia que este gobierno porteño parece considerar su marca de fábrica.

Mauricio Macri hace estas obras, como siempre, por decreto y sin consultar, o siquiera avisar, a los damnificados. El planeamiento es ínfimo y la política inexistente, con lo que los porteños terminan amotinados ante su propio gobierno municipal. Esta semana, los Abogados por el Medio Ambiente consiguieron una precautelar que impide que sigan talando árboles, aunque no paraliza por completo las obras. Y ya se presentó otro amparo que va al fondo de la cuestión y pide que simplemente no se haga el metrobús en la avenida.

El fallo que les da la razón a los ambientalistas Facundo Di Filippo y Marcos Zelaya recoge argumentos fuertes, como que esta obra necesita la aprobación de la Legislatura porteña y luego un convenio con la autoridad federal de transporte, o sea el Ejecutivo nacional. La Justicia cita la “destrucción del paisaje cultural urbano” de la 9 de Julio, y hasta critica la poda y el “descopamiento” de más de 200 árboles “en una época del año no adecuada para la poda”. Se ignora si en los tribunales porteños son jardineros, pero queda en claro que no es necesario serlo para saber que en verano no se poda. Evidentemente, y pese a sus repetidos argumentos, al Ejecutivo de la Ciudad le importa un belín la supervivencia de esos árboles que, de puro criollos, son de crecimiento muy lento.

El amparo que acaban de presentar Rodolfo Livingston, Mónica Capano y Nidia Farinaro pide directamente que se declare “nulo de nulidad absoluta” el decreto 555 del 29 de noviembre que arranca las obras, se congelen los trabajos de inmediato y se anulen los permisos de obra y los contratos. Esto es porque semejante obra requiere no sólo una ley de la Legislatura sino una de doble lectura, con audiencias, con lo que hacerlas por decreto es inconstitucional. Para peor, la ley 2930 le ordena al gobierno porteño reforzar las arboledas y no cargarse el 17 por ciento de los espacios verdes de la 9 de Julio.

Ni siquiera se siguieron los pasos legales como para que una obra de semejante tamaño no cayera de una pedrada. El Ejecutivo hizo una audiencia pública el 6 de noviembre, a la que los vecinos llegaron sin la menor información previa. Por eso tuvieron que hacer más preguntas que reclamos, y escucharon promesas de futuros informes, que jamás llegaron. Esto es literalmente ilegal, ya que las audiencias tienen leyes que indican que se debe difundir previamente de qué se va a hablar. El Ejecutivo ni siquiera les dio vela en el asunto a las comunas afectadas.

El fondo de la cuestión es que la avenida fue pensada desde el arranque –y con eso nos vamos a 1895– como una vía/parque lineal. Las primeras demoliciones fueron de 1912 y sólo en la optimista década del ’30 se pensaba en una 9 de Julio flanqueada de rascacielos modernistas. Los dibujos de época muestran el grave error conceptual de esos años inocentes: casi no se ven autos, porque nadie podía imaginar siquiera esta era de embotellamientos y humaredas. Lo que van a hacer ahora implica que cada cuatro cuadras haya andenes centrales, con techados verdes, de cien metros de largo, unos edificios de porte para que los pasajeros tomen alguna de las doce líneas de colectivos implicadas en el proyecto.

A la pérdida del paisaje y de las arboledas se le suma la habitual indiferencia del macrismo a todo lo que sea patrimonio. La 9 de Julio contiene estructuras catalogadas por la Ciudad como el Obelisco y Monumentos Nacionales como el viejo de Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Por abajo del asfalto hay cientos y cientos de restos de edificios coloniales, un patrimonio arqueológico que nadie pensó en manejar como indica la ley. Para citar un caso famoso, en Lima y México duermen los cimientos de la Jabonería de Vieytes, donde conspiraban los primeros patriotas. Como las palas mecánicas se llevan todo por delante, los vecinos andan recogiendo piezas antiguas –hasta cucharitas encontraron– y viendo resurgir por algunas horas las vías del tranvía. El macrismo le presta tanta atención a esto como a la temporada de poda.

Todo este desastre por un capricho irracional, un cálculo electoral que ahora intentan disfrazar de planeamiento del transporte. Este año hay elecciones y el macrismo puede recibir, numerada y en urnas, la cuenta de estos caprichos.

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