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La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos anunció esta semana que prestó conformidad para que el Museo del Fin del Mundo sea incorporado al patrimonio cultural de la Nación. Se trata de un viejo edificio emplazado en la esquina de Maipú y Rivadavia en la ciudad de Ushuaia, en el que

funcionó la sede local del Banco de la Nación Argentina hasta 1976. En 1979 fue destinado al museo que hoy ocupa sus instalaciones y tiene como misión preservar y difundir las raíces históricas de Tierra del Fuego.

El valor de este museo no es sólo por el patrimonio cultural que alberga y por las características del edificio, sino también porque se trata de un proyecto nacido desde la propia comunidad. En 1973 un grupo de ciudadanos creó una asociación civil, hoy conocida como H.A.N.I.S, que en lengua yamana significa “lenga” y que, a su vez es la sigla de Historia, Antropología, Naturaleza, Isla y Sur, términos que definen con precisión las características y el espíritu de este museo del fin del mundo.

Al ser reconocida por el gobierno local, la agrupación H.A.N.I.S permitió la participación directa de la población en el museo, que en su creación se convirtió en referente social y cultural de la ciudad. Por esta razón, conocer su patrimonio significa entender parte de la historia y del presente de la zona.

La declaratoria, si bien se refiere al edificio, debería ser más amplia y comprender también el patrimonio mueble que integra la colección del museo, pero también a ese valor intangible que supone el reconocimiento de la labor de los ciudadanos que, mediante su participación desinteresada, permitieron que en el sur del país prosperara una institución cultural de enorme valor y trascendencia.

Para ello, es necesario que la Comisión Nacional adopte un criterio de patrimonio cultural más amplio, que hoy es el internacionalmente reconocido por la Unesco y otros organismos especializados, donde el valor patrimonial de un inmueble no se disocia de los aspectos vinculados al uso social del mismo y a su apropiación por parte de la comunidad. Esta ampliación del concepto de patrimonio –con una mirada más antropológica, política y social– debería también trasladarse a una actualización de la legislación nacional, tal como ocurrió en los últimos años a nivel provincial y de la ciudad de Buenos Aires.

También debe incluir la participación ciudadana, como un elemento central en todo el proceso de decisión que va desde la patrimonialización hasta la revitalización y uso de los bienes culturales, entendiendo éstos como un recurso de la comunidad.

La designación de futuros vocales de la Comisión Nacional, en reemplazo de los renunciantes Juan Martín Repetto y Oscar De Masi, puede ser la oportunidad para incorporar nuevos miembros, que por sus perfiles personales y profesionales sean más acordes a estos criterios, por cierto muy alejados del anacrónico concepto de “monumento”, como único parámetro de valoración del patrimonio cultural.