La perfecta pasividad del gobierno porteño hacia la picardía de la industria especulativa de la construcción ya es tan proverbial que las demoliciones clandestinas son un clásico. Total, se demuele, se muestra el edificio ya roto o desaparecido, se negocia un permiso “que acepte la realidad” y a lo sumo se paga una multa que es un costito más de obra. Ni siquiera importa si el edificio está protegido por ley. Que es lo que le pasó esta semana al Almacén de Alonso, en San Nicolás 510, una esquina de las que ya se pueden contar, de tan pocas. El almacén tiene desde el año pasado el amparo de un proyecto de catalogación con estado parlamentario, lo que hace imposible que la Ciudad dé un permiso de obra. Y hasta fue votado por el impredecible Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.

Los vecinos de Salvar Floresta, guerreros como pocos en esto de cuidar su patrimonio, dan todos estos detalles legales porque la esquina vieja no está en su APH. Y agregan que el lunes, como si lloviera, empezaron a retirar los techos de la esquina, para crear el hecho consumado. Los vecinos del barrio comentan que esto de empezar un lunes y no esperar a un fin de semana es una novedad debida a “la constante vista gorda que hace el Gobierno de la Ciudad”. En Floresta, explican, “se puede demoler y construir en forma ilegal de a cientos de metros sin que se den cuenta”. Y luego tienen una frase muy bonita: que la demolición arrancó un lunes, así se “gana más tiempo hasta que el tema aparezca en m2 y obligue al gobierno a intervenir”. Esperemos que esto sea así, que el almacén y los transgresores se perjudiquen y mucho económicamente.