Para reflexionar, discutir y proponer alternativas para las problemáticas urbanísticas y sociales de las metrópolis latinoamericanas, difícilmente encontremos un sitio más apropiado que la Ciudad de México, donde desde hace décadas primero la UNAM y posteriormente la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana), a través de su Programa Universitario de Estudios Metropolitanos (PUEM) –dirigido por el prestigioso Roberto Eibenschutz Hartman–, vienen estudiando y produciendo sesudos informes y ensayos sobre esta temática y organizando seminarios internacionales que suelen congregar no sólo a reconocidos especialistas sino también a caracterizados pensadores críticos de los modelos de desa-rrollo urbano imperantes, como David Harvey.

Obviamente que el contexto geográfico de una megalópolis de 25 millones de habitantes que compite con San Pablo por el trono demográfico continental –como señaló con acierto un funcionario del área de estadísticas de DF: a partir de los 20 millones y de “manchas” urbanas que superan los 5000 km2 resulta difícil determinar sus límites–, puede servir de campo de experimentación empírico para la implementación de políticas públicas de saneamiento, vivienda, transporte, etc., pero a su vez es un muestrario acabado de falencias y de dificultades estructurales que de no corregirse a tiempo pueden replicarse en otras metrópolis, incluidas nuestra Buenos Aires.

Y en el contexto de este seminario internacional, donde hubo paneles dedicados a problemáticas globalizadas como la gentrificación, la fragmentación urbana producida por el mercado inmobiliario, la conveniencia o no de las densificaciones y de otros más locales que no nos resultan tan acuciantes en la zona del Río de la Plata, como la provisión del recurso hídrico, es que fui invitado a exponer, dada mi experiencia en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bs. As., sobre los derechos y garantías constitucionales emergentes o implicados por el ámbito territorial metropolitano.

Al respecto, cuando nos referimos a los derechos emergentes del ámbito metropolitano, no nos referimos solamente a los de raigambre política englobados en el “derecho a la Ciudad”, que implica reconocimiento de ciudadanía y acceso igualitario a los derechos básicos, sino también a aquellos derechos basados en necesidades propias del ámbito urbano: movilidad garantizada por un transporte público eficiente, infraestructura adecuada, espacios públicos y de esparcimiento, y a la preservación del patrimonio natural, que en la Ciudad no es ni más ni menos que el repetidamente abordado en este suplemento: el Patrimonio Arquitectónico y Cultural.

Al comentar las alrededor de 90.000/100.000 consultas anuales que recibíamos en la Defensoría porteña –que contrastan con las alrededor de 30.000 que recibe la muy bien ponderada Comisión de Ds. Hs. Mexicana, que cuenta con la misma cantidad de personal e infraestructura similar–, quedaba claro que esta diferencia estadística entre ambas instituciones no se debía a que los ciudadanos y vecinos mexicanos no tuvieran temas o motivos de los cuales reclamar o quejarse, sino a la paulatina incorporación de las problemáticas que fueron surgiendo en la agenda ciudadana por parte de nuestra Institución.

No pude dejar de mencionar que las distintas autoridades de la Defensoría –desde Antonio Cartañá hasta Alicia Pierini, pasando por Alicia Oliveira y Alejandro Nató– tuvieron el buen tino de ir incorporando y abordando como incumbencias los derechos emergentes, como la problemática específica de la tercera edad, posteriormente las cuestiones de género, los problemas medioambientales y actualmente el drama social de las adicciones y las problemáticas vinculadas con el desarrollo urbano y la alteración del patrimonio arquitectónico y la identidad de los barrios.

Pero más allá de dar testimonio de la propia experiencia en la gestión, uno de los datos más relevantes que me gustaría transmitir en estas líneas tiene que ver con la conciencia ciudadana que se tiene en México sobre la necesidad de preservar el Patrimonio Arquitectónico y Cultural, y sobre cómo este patrimonio –ya sean edificios, estatuas, iglesias, etc.– es valorado por su valor patrimonial y forma parte del acervo identitario mexicano independientemente de su valor representativo político o religioso, a tal punto que los mexicanos ateos se siente orgullosos de sus iglesias históricas, y los militantes de izquierda e indigenistas protestan y reclaman al gobierno del DF por el deterioro que sufre la estatua ecuestre de ¡Carlos IV! emplazada en la Av. de la Reforma –ver nota aparte–. Prefiero no realizar comparaciones con las polémicas que tenemos con la valoración de algunos monumentos porteños, seguramente los hechos hablan por sí solos.

* Defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad.