[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Una ironía de la historia de la Ciudad de México ha querido que uno de sus emblemas sea la estatua de un rey español que pisotea un carcaj azteca. Y digo ironía, porque no debe haber en América latina un país más orgulloso de su esencia mestiza y de sus pueblos originarios que el mexicano.

Nos referimos a la estatua ecuestre de Carlos IV, erigida en 1796 e inaugurada en 1803, y que es denominada popularmente como “el caballito”. Fue esculpida por Manuel Tolsá y recibió innumerables halagos, incluido el de Humboldt en su Diario de México, que escribió que esta obra estaba a la altura de la estatua ecuestre de Marco Aurelio en Roma.

Pero parece que lo que no pudo la intolerancia que en algún momento la hizo peligrar a principios del siglo XIX lo consiguen la tontería, el descuido y la mala praxis de quienes deberían cuidarlo.

Es una historia de acusaciones cruzadas donde todos intentan deslindar responsabilidades, de la que nos enteramos en un reciente viaje a México (ver m2 de la semana pasada). Lo que parece claro es que con el objeto de realizar tareas de mantenimiento y restauración (muchos dicen que no hacía falta) el Fideicomiso del Centro Histórico encargó a una empresa las tareas, las cuales resultaron un verdadero desastre. Es que los contratistas usaron estropajo y ácido nítrico, que afectaron de forma aparentemente irreversible la estatua.

Para peor, esta empresa no habría constituido la fianza a la que la obliga la normativa vigente, y tampoco presentó el plan de trabajos para su aprobación ni al INAH (similar a nuestra Comisión de Monumentos) ni al área de Patrimonio del gobierno de la Ciudad de México.

Estas cosas pasan, pero las diferencias son varias. Primero, el grado de indignación ciudadana por los daños causados al patrimonio, en particular a una pieza tan famosa. Segundo, y más llamativo, la preocupación de las distintas instancias gubernamentales por tratar de paliar la situación. Y finalmente la existencia real de un sistema de sanciones administrativas para los funcionarios responsables y de multas e inhabilitaciones para los que hicieron la o-bra en forma desaprensiva.