A fines de 2012, la activa ONG Proteger Barracas detectó una obra absolutamente en orsay en la calle Hornos 810. No era clandestina, como es tan común en esta Buenos Aires, pero con número de trámite, permiso de obra y cartelería publicitaria anunciaba un edificio de diez pisos en una cuadra incluida en la gloriosa bajada de alturas sancionada en la ley 3954. Como la ley se había publicado en el Boletín Oficial en noviembre de 2011, un año antes del permiso de obra, no se entendía cómo podía ser que la habilitaran. Con el defensor adjunto del Pueblo porteño Gerardo Gómez Coronado mandando escritos, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro terminó admitiendo que no tenía sus bases de datos al día, retiró el permiso y les dio veinte días a los involucrados para que “regularicen su situación”. Quedó como un caso más de incompetencia del macrismo en funciones, con la culpa colocada en “el sistema” y el empresario, nunca en los funcionarios que no saben lo que hacen.

Ahora, Proteger Barracas descubrió una verdadera vuelta a las andadas de todos los protagonistas: a dos cuadras de distancia de la misma calle, la misma empresa con el mismo arquitecto anuncia un edificio que vuelve a quebrar la misma ley, otra vez con permiso de la misma Dirección General. El cartel de la foto se alza en Hornos 1092, esquina Suárez, anunciando un edificio de planta baja y ocho pisos. Pero ese lote, el 018-143-024, tiene zonificación R2bI por la ley 3954, con lo que se pueden construir nada más de 10,50 metros sobre el frente y tres metros más en retiro. Ni siquiera con las míseras alturas mínimas de hoy en día entran nueve niveles en esos casi catorce metros...

La cosa se hace más difícil de entender cuando se sabe que según la Dgroc, el expediente para este otro edificio se inició en noviembre de 2012, o sea, casi exactamente al mismo tiempo que el de Hornos al 800. MKS Propiedades y el arquitecto Ricardo Barcos deben haber presentado al menos dos trámites en la misma época; uno rebotó, el otro parece que avanza. Evidentemente, el gobierno porteño tiene enormes dificultades para enterarse de qué andan haciendo las constructoras y ningún interés en invertir en poder enterarse. Nuevamente, velar por que se cumpla la ley queda en manos de los vecinos comprometidos. El defensor adjunto Gómez Coronado ya inició la actuación 429 para ver qué pasó.