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Si uno no fuera porteño, si uno no fuera argentino sino un turista aficionado a la picaresca, la saga de Cachimayo 595 sería un deleite, un resumen de truquitos, avivadas y chicanas. Pero como uno no habla con acentos ni anda de pasada, el caso es un deprimente ejemplo de la falta total de voluntad del gobierno porteño –de éste en particular, pero de todos en general– por controlar a la industria que le paga coimas y hace lucrativa la confusión legal.

Esa cuadra de Cachimayo está en una zona de protección histórica con zonificación especial. En 2005, se demolió una casa sin permisos ni castigos y se presentaron planos para un edificio de nueve pisos. El trámite especificaba que la zonificación del lote era R2aII, lo que es falso porque el perímetro de Cachimayo, Bonifacio, Videla y La Nave era APH. Como para que no quedaran dudas, en julio de ese mismo año la Legislatura bajó las alturas del perímetro a 14,5 metros, suficiente para una casa de dos pisos con un tercero en retiro, y un FOT de apenas uno. Este último misterio del código significa que el Factor de Ocupación del Terreno es de exactamente la superficie del mismo terreno y nada más, con lo que si se tiene uno de cien metros totales, se pueden construir cien metros cubiertos.

Nada de esto hizo que el gobierno porteño moviera un dedito por sí mismo, con lo que tuvieron que ser los vecinos los que denunciaran la irregularidad. En agosto de 2005, la obra fue paralizada. Así quedaron las cosas por siete años, cuando ocurrió algo que ya empieza a ponerse picaresco. Resulta que de la nada apareció un inspector por la obra paralizada e hizo un acta de clausura por la infracción de no tener pantallas de protección ni el cartel con el expediente. Estas obligaciones son reales y rutinarias, pero no en una obra paralizada por orden superior. De inmediato aparecieron las pantallas y el cartel, repitiendo la información de 2005 que ya había sido descartada, y la obra volvió a la vida. El truco fue tan evidente que el inspector fue denunciado por los vecinos en la Unidad Fiscal de la zona sur.

Pero el edificio siguió avanzando y ya tiene cuatro pisos de altura, con lo que alegra la llegada de la precautelar del juez contencioso administrativo y tributario Osvaldo Othegy, que esta semana ordenó nuevamente la paralización de la obra. Falta saber si el macrismo se va a dar por enterado y obedecer la orden de la Justicia.

Mientras, en Planeamiento

La Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña fue y es escenario de diálogos que también serían desopilantes para el turista picaresco. Este martes se debatió el lindo negocio del shopping en los terrenos ferroviarios de Caballito, con argumentos oficialistas realmente pintorescos. Uno fue la pretensión de hacer valer el despacho de mayoría de 2011, con un vocero macrista diciendo que “total, los asesores hoy presentes son los mismos de hace tres años”. Cuando la oposición avisó que con ese criterio se debían también resucitar los despachos de minoría, se cambió de táctica. Fue entonces que los asesores macristas –era la reunión de asesores, con los diputados, programada para esta semana– tomaron un rol francamente extraño. Los del PRO ofrecieron una contraprestación para ablandar a la oposición, que en este caso era la construcción de un jardín de infantes público. Extrañados, los opositores preguntaron si IRSA, la desarrolladora, había ofrecido un convenio urbanístico, que es el instrumento por el cual un privado ofrece obras gratuitas u otros beneficios –las contraprestaciones– a cambio de un permiso especial. Pero no, la oferta de hacer el jardín era del mismo gobierno porteño, con dinero público y sin que los privados pusieran ni un vintén.

Más papistas que Francisco

Como se ve, visitar la Legislatura tiene su lado de entretenimiento, pero también permite opinar y hacerse oír. Este martes 25, a partir de las tres de la tarde, se realiza una cadena de audiencias públicas en el Salón San Martín del palacio legislativo, Perú 160, con temas relevantes. El más grave es el mamarracho del Area de Protección Histórica 40 “Corredor Aduana Palacio de Correos”, que toma el Bajo y la Plaza Colón. El cachivache fue especialmente inventado para chicanear al gobierno nacional con el tema del monumento a Colón y para discutirle cada cantero de lo que es funcionalmente el jardín de la Casa Rosada.

Justicia y CAAP

El gobierno porteño haría mejor en dedicar sus energías a mejorar ciertos papelones substandard, como el que acaba de saltar cuando la Justicia porteña miró con algún cuidado la manera en que su Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, el célebre CAAP, toma sus decisiones. El tema es el amparo por la casona de Sucre 2265, que los lectores de m2 recuerdan como el caso en que se estaban rematando sus antigüedades constructivas –escaleras, boisseries, puertas y ventanas, herrerías, el ascensor de jaula– antes de la demolición, que todavía no estaba autorizada. Mónica Capano visitó el lugar y Basta de Demoler presentó un amparo que evitó su desaparición.

El caso sigue y el 13 de este mes el director general de Asuntos Institucionales de la Ciudad, Fernando Conti, emitió su nota 2014-03438609, dando aviso de una resolución de la Justicia. La nota está dirigida al secretario de Planeamiento, Héctor Lostri, y al director general de Interpretación Urbanística y Registro, Antonio Ledesma, ambos jefes inmediatos del CAAP. El texto es notable y Conti, con buen tino, se limita a transferir una orden del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 6, Secretaría 12, sin mayores comentarios.

Lo que dice el tribunal con elegancia y reticencia es que el CAAP comunicó que la casa de Sucre se puede demoler simplemente porque considera que se puede demoler, sin mayor ciencia ni explicaciones. Quienes siguen estos temas están habituados a la liviandad de las “desestimaciones” del Consejo, subjetivas y amigotas de la industria, pero los jueces no se quedaron impresionados con el nivel intelectual del grupo. Como dice el texto, un dictamen pericial tiene “fuerza probatoria” y por eso es muy importante que se funde en “principios científicos o técnicos”.

Pero resulta que la desestimación del CAAP apenas indica que “se ha realizado una observación y relevamiento fotográfico del exterior del edificio” que permiten ver tres modificaciones. El nivel de detalle llega apenas a que se demolieron “muros internos, se perdieron baños originales y se construyeron nuevos”. Pero a los jueces, acostumbrados a peritos de verdad y con menos fiaca o apuro, no les alcanzó. Con lo que escriben que “los escuetos informes elaborados por el CAAP arriban a tal conclusión con fundamento en vagas afirmaciones despojadas de la explicación y precisión técnica que puede esperarse del organismo especializado en evaluar el valor patrimonial histórico-cultural de un inmueble”.

“Escueto”, “vago” o “despojado” son adjetivos muy aptos para el trabajo del Consejo.

El resultado es que el tribunal ordena al CAAP que “explique pormenorizadamente los fundamentos que dan sustento a la conclusión de sus informes relativos al inmueble”. Conti, también terso y elegante, “solicita” el “inmediato cumplimiento” de la orden y que le hagan llegar los papeles a su despacho en la calle Uruguay. Todo esto abre una buena oportunidad para ver si el Consejo es realmente capaz de fundamentar en serio una de sus miles decisiones, que tantos edificios patrimoniales les costaron a los porteños...

De hecho, el CAAP tiene dos oportunidades para mostrar si es capaz de hacerlo, la de arriba por escrito y una más en vivo y en directo, también ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. En este caso, lo que ocurre es que la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de ese fuero hizo llegar al gobierno porteño una cédula de notificación, también el 13 de marzo, citando a medio mundo para una audiencia la semana que viene sobre el caso de la insostenible autorización para el mamarracho que la congregación del Santísimo Redentor quiere construir sobre el convento de la esquina de Libertad y Paraguay. Como se recordará, el convento histórico fue vaciado de sus contenidos y allí se planea una mediocre torre de vidrios.

Pues la cédula ordena a Basta de Demoler, a Lostri, a Ledesma y todo el CAAP en pleno presentarse a la audiencia a explicar sus actos. Allá tendrán que ir Ana Pusiol, por la Comisión de Planeamiento de la Legislatura; Liliana Barela, por la Subsecretaría de Cultura; el notable Ricardo Pinal, por la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural; Juan Urgel por el CPAU, David Kullock por la FADU (según parece, se preocupó tanto que pidió un abogado), Carlos Susini Burmeister por la SCA y Alberto Boselli por el Cicop.

Con lo que el pobre Consejo tendrá que trabajar al fin para justificar por lo menos dos de sus incomprensibles desestimaciones. ¿Le dirán a la Justicia aquello de “completar la carga constructiva”?

Ledesma se ataja

Ya nombrado, citado y cuestionado, el director general y jefe del CAAP, Antonio Ledesma, anduvo tomando sus precauciones. Como sus socios en el estudio, Chain y Lostri, lo tienen firmando y firmando cosas que algún día pueden costar libertad y hacienda –el macrismo no va a durar para siempre–, el funcionario cambió el esquema de funcionamiento de algunas áreas delicadas en medio de este verano. Su resolución 269 del 31 de enero resume los cambios y hace anuncios que ayudan a disipar su responsabilidad en ciertas piedras libres para la piqueta.

Así, se avisa que “se asignó como tema de estudio la responsabilidad de la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, exclusivamente el análisis de los inmuebles anteriores al año 1941, para determinar cuáles deberán ser incorporados al Catálogo Preventivo de Inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto se elabore y se remita el Catálogo Definitivo de Inmuebles Patrimoniales a la Legislatura”. Mientras Patrimonio se concentra en esto, “se asignó como temas de estudio bajo la responsabilidad de la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, todos aquellos casos que se encontraban a cargo” de Patrimonio Urbano.

Dispuesto esto, viene lo más interesante: que “resulta imprescindible” que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos se encargue del “estudio de los trámites relativos a las consultas de uso al Código de Planeamiento Urbano” que las otras gerencias ya no podrán hacer.

Este chino, como dicen en el barrio, no es casual. El principal uso de la confusión normativa y procesal es producir un lucro activo en los trámites y cubrir a los funcionarios. La falta de vocación de controlar la especulación inmobiliaria es orgánica al macrismo, lleno de especuladores inmobiliarios como Mauricio Macri, pero también es una caja.

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