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En la esquina vieja de Callao y Viamonte se alza un edificio a la francesa, clásico, bien pensado y hasta hace poco sucio de hollines y cierres. Tiene un basamento comercial, seis pisos de ventanales verticales, una cornisa, un piso más arriba y una mansarda completa con sus aperturas muy destacadas y doble altura. Los nueve pisos abrazan la esquina como ya nadie parece recordar cómo hacerlo, con una elegancia natural y una perfecta simetría, destacando la eficiencia de la vieja regla de que un edificio en altura se pensaba como una columna. El lindo edificio tiene, para más de una generación de argentinos, un aire siniestro de lugar maldito. En los peores años de la peor violencia, fue la sede central del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, la oficina desde donde se planeó buena parte de la sangre, la tortura y las desapariciones de la dictadura.

Quien pase por ahí hoy verá su planta baja, que por décadas estuvo cegada por pesados chapones de metal blindado, retapada por carteles publicitarios, como en una obra cualquiera. A mitad de camino sobre la esquina, un banderón con el logo de la Universidad del Salvador indica el cambio de uso del lugar. Cuando se termine la avanzada obra, el edificio será una mezcla de residencia estudiantil y aulas, con un par de niveles de cocheras subterráneas. La noticia creó bastantes ruidos en grupos de derechos humanos por el pasado terrible del lugar, y despertó otra vez el debate sobre cómo tratar la memoria de lo que ocurrió.

Sin embargo, el edificio fue vendido por el Ministerio de Defensa en 2002 a una corporación hotelera que planeaba un desarrollo que, evidentemente, no ocurrió. Los nuevos dueños presentaron en 2006 a la Dirección General de Interpretación Urbanística un proyecto de demolición parcial y remodelación que fue aprobado el año siguiente, pero nunca se realizó. En algún momento del fin de década o a principios de ésta, el edificio fue vendido a la universidad, que presentó el año pasado el expediente 1.387.680 para la “Ampliación, Modificación y Demolición parcial” con destino “Educación Universitaria y Superior no universitaria; Cocheras”. En el Boletín Oficial porteño del 5 de septiembre de 2013 se aprobó el proyecto.

El edificio ocupa un terreno de 446 metros cuadrados y tiene una superficie actual de 4458, con apenas 477 metros a agregar de obra nueva, para llevar a un total de 4934. Curiosamente, pese a ser anterior a 1941 y a ser una pieza de arquitectura patrimonial, el lugar no tiene la menor protección y figura en la ficha de su Area de Protección Histórica 50 con el rango de “general”, o sea nada en absoluto. Pero la misma existencia del APH Callao, creado en 2009 por una ley impulsada por la diputada del PRO, Marta Varela, genera limitaciones de uso y de cartelería, e impone cosas como preservar el símil piedra donde exista.

Lo que propone la universidad es lavar el edificio por afuera, restaurar faltantes, cambiar carpinterías dañadas por otras de similar forma y color, y reemplazar las tejuelas faltantes o rotas. El Salvador posee varios edificios patrimoniales en la zona –su rectorado es un petit hotel justo a la vuelta– y los lleva bien, sin fantasías arquitectónicas dudosas como las que paga para sus edificios nuevos. La planta baja se va a transformar en locales comerciales para alquiler, se van a reemplazar las ascensores originales, largamente abandonadas, pero por sobre todo se van a demoler paredes internas y construir nuevas para recrear las plantas del edificio, agregando baños y servicios.

Con lo que desde el punto de vista patrimonial poco hay que objetar a la obra. Pero queda el otro aspecto, duramente señalado por Barrios por la Memoria Balvanera, del pasado político del lugar. En un duro comunicado, la ONG repudió el uso del edificio donde “fueron llevados ciudadanos secuestrados para ser interrogados y torturados, y luego trasladarlos a centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, entre otros Laura Creatore, Carlos Capitman y Rafael Perrotta”. Más genéricamente, el grupo señala que ahí “se diseñó y planificó la desaparición de miles de ciudadanos argentinos y de otros países en el marco del Plan Cóndor. También se organizó el envío de sus expertos en torturas y desaparición a países centroamericanos”.

¿Qué hacer con esto? Barrios por la Memoria Balvanera simplemente denuncia la “irresponsabilidad” de los que permitieron la obra “mientras hoy se desarrollan los juicios por crímenes de lesa humanidad, donde pruebas concretas pueden encontrarse todavía en ese lugar” y solicitan la “inmediata suspensión de las obras, preservando pruebas y el valor histórico de los espacios”. Para pedir esto, citan explícitamente la ley nacional 26.691 de 2011, que crea la figura de sitios de la memoria para los lugares que “funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal”.

Y aquí es donde empieza otro debate sobre otro tipo de patrimonio cultural, el de la memoria doliente. ¿Cuántos lugares deben ser preservados? ¿Todos? ¿Los más simbólicos? ¿Para hacer qué? Si bien el argumento de que puede haber pruebas en un edificio de-sactivado y vaciado hace casi treinta años es débil, es más fuerte el de que pueda ser reconocido por alguna de las víctimas. Pero la cuestión de fondo es si el edificio debe quedar ahí, de una pieza y sin cambios, como un marcador o un sitio activo, algo que hasta ahora no se había planteado.

No parece posible frenar la obra a esta altura, con lo que conviene pensar en cómo marcar para el futuro la existencia del 601 en esa esquina. Dado que allí va a haber comercios y aulas, esto es más complicado de lo que puede parecer.

Y el Salvador, universidad católica, ¿habrá pensado en exorcizar el lugar?

De plazas

El macrismo anunció en su diario más amigo un increíble –literalmente– plan para crear plazas por toda la ciudad. Es un típico anuncio de campaña, un power point para que Mauricio Macri tenga algo más que decir en la carrera a lo que realmente le interesa. El plan muestra el aspecto contable con que el PRO piensa la ciudad, el mismo que usa cuando falsea planos para que las obras parezcan más grandes de lo que son y así disimular los sobreprecios. En este caso, se insiste en contar como verdes espacios que son simplemente públicos y decirle “plaza” a la terraza parquizada de algún edificio particular.

La promesa viene unida a la de plantar 400.000 árboles para llegar al millón en la ciudad. Dado que ésta es la gestión que tercerizó la poda de árboles y dejó que la realice personal que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, y que la realice en verano, y es también la gestión que arrasó las arboledas de la 9 de Julio para la foto del metrobús, el anuncio despierta hasta sonrisas. Las imágenes distribuidas con orgullo muestran, por ejemplo, que se van a saturar las plazas existentes con más árboles, sin tener en cuenta su diseño original, su mezcla de especies y sus tamaños. Hay que recordar que para esta gente el “bosque” de Puerto Madero, una plantación en fila y apretadísima de álamos, es un ejemplo.

No extraña que la parte más difusa del plan sea el anuncio de que se crearán 78 nuevos parques y plazas. La pregunta, obviamente, es de dónde saldrán los terrenos para estas plazas y la respuesta es “parcelas estatales” o hasta compra de espacios privados. Como el macrismo nunca mostró el menor interés ni en crear patios urbanos y les debe a los porteños muchos metros de verde o tierra absorbente asfaltados o cementados, asombra esta vocación súbita de gastar en esto.

La sanata aumenta con el concepto novedoso del “conector ambiental”, que sería simplemente una calle densamente arbolada que permitirá, uno arriesga, contar la calle entera como “espacio verde” a nuevo. Todo el plan es tan débil que en ninguna parte se cita algún estudio o consideración, sino simples slogans electorales: hay que llegar a un millón de árboles para tener “un árbol por metro de ciudad” y un árbol cada tres personas. Frases para el cartel amarillo.

Zonificaciones

Donde el macrismo no hace agua ni inventa es en el cuidado de los negocios de su industria favorita. El periódico Mi Belgrano publicó la historia de un edificio en construcción en Monroe entre Cazadores y Artilleros, Barrio River, que quiebra toda idea de zonificación pero recibió un creativo favor del gobierno porteño. El cartel de obra avisa que se construye una vivienda multifamiliar con estacionamiento, que es arquitecturés para un edificio de departamentos con cocheras. Pero esa cuadra está en la U23 Z1, una zona especial donde esa tipología está prohibida por la ley 2606 del año 2007. ¿Qué ocurre entonces? Que el infaltable Antonio Ledesma, director general de Interpretación Urbanística, decide “asimilar” esta obra a la zonificación de un sector cercano, que tiene R1b1 y permite edificios en altura. Las cosas que firma este funcionario...

Cuando los vecinos del Barrio River reclamaron, les dijeron en Dgroc que ahí no había obra alguna. Cuando insistieron, les dijeron que sí, que sorry, que había “un error del sistema”, pero que la obra existía y tenía registro. Los vecinos, entonces, fueron a la Defensoría del Pueblo y le presentaron este caso y otros a Gerardo Gómez Coronado, que abrió una actuación. Pero en marzo cambiaron todos en la Defensoría y la cuestión quedó ahí, olvidada. La torre crece y crece, tranquilita ella.

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