En la Argentina, como en el resto de Latinoamérica, los gobiernos siguen calculando la pobreza teniendo como referencia la canasta básica y los servicios. Pero en el resto del mundo el acceso a la vivienda es considerado, junto con la inserción laboral, un umbral indispensable para combatir la pobreza estructural. En la última década (2001-2010) la población porteña se incrementó en un 4,1 por ciento, lo que la consolidó en 2.890.151 habitantes. Sin embargo, fue en ese mismo período que 56.165 personas, la mitad del incremento poblacional, se asentaron en villas de emergencia. Se estima que a fines de 2010 el total de habitantes de las villas ascendía a 163.587 personas. Este aumento se explica por las expectativas laborales, formales e informales, que atrajeron a las familias en los años de mayor dinamismo económico.

Por otra parte, 70.317 hogares porteños, un 6,2 por ciento, residen en viviendas vulnerables, un aumento sobre el 4,2 que lo hacía en 2001. Y así como se incrementa el proceso de “inquilinización” (30 por ciento de los residentes en la ciudad son inquilinos), también crece la irregularidad en la tenencia de viviendas, dadas las dificultades para conseguir avales o reunir el depósito de los contratos formales. Eso empuja a una situación precaria, inestable y de mayor vulnerabilidad.

En once años de crecimiento económico de la Ciudad, era insoslayable el crecimiento de demanda laboral y, como sucede históricamente, los sectores más bajos se desplazan del interior a la gran ciudad porque resulta preferible vivir cerca de la fuente de trabajo, para que el costo y el tiempo de transporte diario no afecte tanto sus posibilidades de ingresos; la planificación no acompañó esta realidad. Las respuestas estatales suelen limitarse al síntoma, una lamentable costumbre nacional. La emergencia dicta las políticas, no la planificación. La urbanización de villas –política que debe ser valorada– no alcanza a ofrecer una estrategia para una ciudad que aspira a la integración comunitaria y a una convivencia sin grandes contrastes sociales entre los distintos barrios.

Quien vive en asentamientos, villas o casa tomadas no lo hace gratuitamente: paga un alquiler, a veces mayor que el del mercado formal al que no accede porque no tiene posibilidad de ofrecer una garantía real.

Hace menos de un mes comenzó a implementarse la ley de Garantía Bancaria de Alquileres aprobada en 2010. La impulsamos con la diputada Adriana Montes, convencidos de que hace falta un instrumento clave para evitar la informalidad y la precarización familiar: el Banco Ciudad debe aportar la garantía para el alquiler de vivienda a quien no tiene otros medios de conseguirla. A aquellos que cumplen con sus contratos, se los debe colocar en la lista para recibir el crédito hipotecario para acceder a la vivienda propia.

Si el sistema bancario no sirve para el alentar el uso del crédito hipotecario, carece de sentido. Los bancos oficiales deberían bajar el piso de ingresos familiares exigidos y hacer más sencillo y expeditivo el trámite. Millones de argentinos no logran cumplir con todos los requisitos de un crédito que en vez de llamarse hipotecario, debería denominarse “personal, con doble garantía de hipoteca”. La vivienda es un derecho constitucional y un indicador de distribución estructural de la riqueza. Es hora de incorporar al análisis del déficit habitacional una nueva perspectiva, la económica: a la Ciudad le costó a lo largo de más de una década mucho dinero no construir viviendas a tiempo, no dar créditos, ni ayudar a alquilar. Es hora de encarar el tema de manera integral.

* Presidente del Consejo Económico y Social.