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El año pasado, el gobierno porteño preparó un negocio que siempre prepara cuando tiene que enfrentar una campaña electoral, bicho caro si los hay. Como son previsores, los macristas fueron construyendo varias alternativas de financiamiento, y una de las que mejor resultados les rindieron es un ente llamado Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, título lo bastante amplio como para abarcar de todo. Esta secretaría tiene el record de inmediatez de todas las del Gobierno de la Ciudad, porque depende directamente del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, con lo que se controla bien el flujo de fondos. Y la secretaría tiene el record de costos, porque los precios que paga para cualquier obrita dejan de boca abierta al más veterano. Al lado de la de Gestión Pública, las otras secretarías son modelos de comportamiento.

Además de pagar fortunas por lo que sus colegas de gobierno pagan fortunitas, esta secretaría es de una ilegalidad fascinante. Como se sabe, la Constitución porteña descentraliza funciones de gobierno a las comunas, que ganan básicamente poderes de mantenimiento y de hacer obras “tácticas”. La idea es que el gobierno porteño, el central, se ocupe de las cosas grandes y que las comunas sean el canal más directo con los vecinos para cosas como semáforos, arreglos, plazas, etcétera. El macrismo demoró lo que pudo que se voten los comuneros y, después de ganar esa elección, los ninguneó con todo y les ordenó callar por disciplina partidaria. Ni en sueños iban a abrir la mano del presupuesto de obras.

La secretaría se dedicó a hacer obras palmariamente exageradas en lugares públicos chiquititos, no sea cosa de pelearse con el Ministerio de Espacio Público con mayúsculas. El tendal puede verse en Entre Ríos y Garay, o en Río de Janeiro y Rivadavia, para dar dos ejemplos, donde hay placitas triangulares abarrotadas de mobiliario, canteros de hormigón, faroles y tachos de basura, objetos todos pagados a precios que sorprenden a los colegas de Espacio Público. Calendario en mano, varias de esas obras coincidían con años electorales.

El decreto del año pasado es el 371 y es el que formalizó este sistema al transferirle a Gestión Pública, o sea a Rodríguez Larreta, 37 de estos parquecitos, placitas, triangulitos, más algunos parques y plazas de verdad. La lista variopinta incluye la Reserva Ecológica, el Lezama, el Centenario, el Avellaneda, el Chacabuco, el Los Andes y partes del mismo Tres de Febrero. También están las plazas Once, Congreso y Fuerza Aérea.

¿Para qué todo esto? La clave la acaba de denunciar la legisladora kirchnerista María Rosa Muiños, quien denunció el llamado a licitación de Rodríguez Larreta por 685.748.530 pesos para el “servicio de mantenimiento comunal y sostenible de los espacios verdes”. Esto es, los casi 700 millones ni siquiera son para obras sino para mantener lo que ya está durante tres años. Muiños denuncia que este dineral debería adjudicarse bajo la Ley de Comunas, que dice que “los espacios verdes han sido transferidos a la órbita de las comunas, las cuales son jurisdicciones presupuestarias diferentes de los tres poderes de la Ciudad”. La legisladora es presidenta, justamente, de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura.

La paradoja política de esta situación es que el año que viene hay que pagar campañas políticas, pero se lo hace, en parte, demostrando que las comunas no sirven para nada. Con lo que el panorama macrista en este nivel electoral es bastante negativo, porque el PRO se encargó de probar que sus comuneros nada pueden hacer, ni siquiera denunciar la situación. Esta es una explicación para que se haga un contrato a tan largo plazo, 2015-2017, de modo de evitar revisiones por comuneros futuros.

La herencia

El kirchnerismo, para seguir en tema, presentó en estos días un informe más global sobre la gestión de Mauricio Macri, que puede servir de balance anual. Los autores son conjuntamente el grupo La Fábrica y el equipo K en la auditoría porteña, y la historia es tanto de un previsible desperdicio como de un sorprendente estatismo. Cuando el ingeniero “liberal” asumió en 2007, la administración pública de la Ciudad costaba el 13 por ciento del presupuesto total, cifra que ahora es de 15,3. El peso impositivo también aumentó en un 756 por ciento sólo para el ABL. Y cada peso de recaudación extra se gastó hasta el último centavito.

Lo interesante es ver en qué. Educación, cultura, salud y ecología fueron los más ninguneados, con crecimientos muy inferiores al del presupuesto general. Lo que aumentó fue turismo –lo que deja otra vez en claro la verdadera función de Hernán Lombardi– y sobre todo el servicio de la deuda de la Ciudad, que triplicó el crecimiento del presupuesto. De hecho, Cultura y Vivienda son los dos ítem en los que menos gastó el PRO en funciones, con un magro 3 y 2,4 por ciento, respectivamente, del total en el presupuesto de este año. De hecho, lo gastado en todos los servicios sociales, de acción social a aguas corrientes, pasando por cultura, educación, vivienda, trabajo y alcantarillado, bajó un 10 por ciento en estos siete años.

Como el verdadero objetivo de Macri no es gobernar Buenos Aires sino ser presidente, su gestión vive creando efectos para la foto y no administrando bien. El PRO perdió plata cada año de su gobierno excepto en 2010, cuando tuvo un pequeño superávit, y eso explica que se subieran tan drásticamente los impuestos, las patentes e Ingresos Brutos. No por eso dejaron de hacer las obras “para la foto”, como el Metrobús de la 9 de Julio, que se llevó de movida el 4 por ciento del presupuesto de obras públicas de 2013.

Si esto es preocupante, peor es el clavo que dejan para el futuro. Macri dolarizó la deuda porteña, que hoy está atada a la cotización de la divisa en un 91 por ciento, con lo que es más cara que nunca y se lleva el doble de recursos que en 2007. La deuda es, además, el triple de lo que era cuando asumió el ingeniero. Parte de la explicación es la preocupación por hacer felices a ciertos sectores, como el de la basura, que ya se lleva más del 8 por ciento de todos los gastos de la Ciudad, cobrando más del doble por trabajo que el pequeño sector estatal que existe por ley y sólo para que sea testigo de precios y costos reales.

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