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La notable falta de voluntad del gobierno porteño por proteger en serio el patrimonio de la ciudad y limitar a los especuladores acaba de terminar con un fallo que simplemente le quita el poder de dar permisos de demolición. Esta semana, el juez Aurelio Ammirato, de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, concedió un amparo que simplemente frenó todo trámite que afecte a edificios anteriores al último día de 1941. El afiladísimo fallo prohíbe que se otorgue cualquier permiso de demolición, reforma, ampliación o construcción nueva en cualquier estructura de esos años, pública o privada. Y para más asombro y admiración, abre una ventana para escuchar a los vecinos argumentar sobre una cuestión que nos toca a todos.

Esta historia notable arranca en 2011, cuando Basta de Demoler, la Fundación Ciudad y SOS Caballito se presentaron a la Justicia con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Lo que había ocurrido era que el macrismo se había pasado de rosca y no había puesto en el temario de la última sesión de la Legislatura de 2010 la renovación de la ley 2548, creada por la actual presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, la ex legisladora Teresa de Anchorena. Esta ley creaba un “régimen especial” que cambiaba el tratamiento burocrático de todo lo construido antes de 1941, con lo que todo permiso debía pasar por el CAAP. El resultado fue que, pese a lo débil, remiso y frívolo que resultó el CAAP, se protegieron centenares de edificios y se creó conciencia sobre el patrimonio.

Huérfanas de esta ley, las ONG se presentaron a pedir un amparo que impidiera el campo orégano a los especuladores. Las consecuencias fueron dos: una que la 2548 siguió rigiendo como un trámite, sin mucha validez jurídica y a la libre voluntad del macrismo, pero en fin... Y la segunda que el 26 de octubre de ese 2011 el gobierno porteño y la FADU de la UBA firmaron un acuerdo por el cual la facultad iba a realizar un relevamiento y mapeo de 75.600 edificios anteriores a 1941, alguito más de la mitad de los 134.000 que existen en la ciudad. En estos casi cinco años, el relevamiento se transformó en una suerte de mito urbano, un fantasma que no termina de materializarse, muy criticado desde adentro por la rara mezcla de falta de rigor en algunos casos y el preciosismo historicista en otros.

Como el macrismo aprecia más que nada la opacidad de la gestión –se llevan algo a restaurar y no ponen ni un cartel, con lo que los vecinos asumen un robo– nadie sabe exactamente cuántos edificios trató la FADU, ni qué recomendaron, ni quién analizó el relevamiento. Al parecer, la Secretaría de Planeamiento “habría” tomado 5284 inmuebles y los “habría” puesto en el Catálogo preventivo, otro invento chino para paliar que el CAAP no da abasto y el macrismo ni piensa mandar los expedientes a la Legislatura para una catalogación formal.

Con cortesía judicial, el fallo dice que evidentemente “los procedimientos que el ordenamiento jurídico establece para identificar y proteger los inmuebles cuyo valor histórico debe ser preservado no estarían concluidos y se encontrarían en curso de realización, de manera tal que no existiría aún un registro definitivo”. Es produce una clara “falta de certeza sobre el conjunto de bienes a preservar” que justifica el “peligro en la demora” que es el arranque de todo amparo. “Por tanto, a efectos de cumplir con el imperativo constitucional y legal de proveer adecuado resguardo a los bienes en cuestión, y de tal manera evitar la posible afectación del patrimonio histórico, resulta procedente hacer lugar a la medida cautelar solicitada”.

Pero el juez Ammirato no se limita al amparo presentado por las tres ONG, sino que avanza con una invitación profundamente democrática y participativa. Como el patrimonio es asunto de todos y un derecho colectivo, el tribunal ordenó que se publicite la causa y el fallo, e invitó a todos los interesados a que presenten argumentos en las próximas tres semanas. Los ciudadanos pueden hacer presentaciones que aporten algo diferente a los argumentos de las partes actoras, con lo que conviene leer primero el fallo completo en las páginas web de Basta de Demoler y del Observatorio del Derecho a la Ciudad. También se puede escribir a [email protected] o a observatorioderechoalaciu [email protected].

Y mientras, gracias a la Justicia por hacer justicia, proteger el patrimonio edificado de los porteños, limitar el curro y dejarnos participar a los ciudadanos.