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Hace apenas más de una semana, una patota macrista hirió gravemente a dos personas en la reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4, que debatía la venta a precio de amigos de los terrenos de la Casa Amarilla al Club Boca Juniors. Que la patota fuera macrista, que el negocio se haga bajo gestión macrista con un club dirigido por un eminente macrista, no son casualidades. Los Consejos Consultivos son ámbitos donde los vecinos van, hablan y no se encuadran en negocios o armados políticos, con lo que son difíciles de controlar. La patota fue enviada para cerrarles el pico a los que se oponen a un negocio.

La Casa Amarilla es un recorte de terreno de varias hectáreas que quedó en manos del estado nacional hasta 1981, cuando se lo vendió a la entonces Municipalidad. La idea era crear un barrio de viviendas sociales, pero la dictadura nunca encontró los fondos o las ganas para crearlo. La tierra pasó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad y ahí quedó. Recién en 2005 se arrancó con un plan, el Programa Habitacional Casa Amarilla, de 1231 departamentos, y hasta se comenzó a inscribir interesados. El plan quedó en el largo veremos de tantas otras iniciativas.

Pero en 2010, con el macrismo en su tercer año de gestión porteña, la Ciudad hizo un acuerdo con la Asociación Civil Casa Amarilla, que le estaba haciendo juicio para que construyera las viviendas de una vez. Mauricio Macri fue presidente de Boca y sigue considerando el club uno de sus puntales políticos, lo que demostró bajando el número de unidades a construir de 1231 a 438 y así liberando algunas manzanas. El caramelito a cambio fue muy dulce: serían menos viviendas, pero la Asociación civil pasaba a adjudicarlas.

Las hectáreas así liberadas volvieron a cambiar de manos, del IVC al poder Ejecutivo, que de inmediato se las cedió por decreto a la Corporación Buenos Aires Sur SE. Este detalle, que parece un legalismo, resulta crucial para el negocio privado, porque es una manera leguleya de superar el gran obstáculo de la Legislatura. Según todas las leyes y la misma constitución porteña, el Ejecutivo no puede vender nada a nadie sin que los legisladores lo voten, con lo que la Corporación Sur es un instrumento posible para saltarse la ley. Para peor, el Instituto tiene vedado cederle al Ejecutivo ningún terreno o propiedad, excepto para un uso social claro, como construir una escuela o un hospital, una plaza o una comisaría. Pero la ley 1251 sólo reconoce estos usos como de “jerarquía suficiente” como para desafectar un lote de su uso para viviendas, y no menciona clubes privados de fútbol.

Pero Boca Juniors venía pidiendo estos terrenos desde 2008 y había que buscarle la vuelta al asunto para darle el gusto al club. Así, en 2014 el legislador porteño Oscar Moscariello, del PRO y para más detalle vicepresidente de Boca, presentó un proyecto para rezonificar los terrenos que apetecen. Las hectáreas sirven legalmente sólo para hacer viviendas, por eso el diputado tiene en discusión una ley que simplemente rezonifica para construir el “estado y complejo deportivo club atlético Boca Juniors”.

Mientras, avanzaron con la venta de mano de la Corporación Sur, que llamó a licitación para vender las hectáreas de la Casa Amarilla. Nada casualmente, el único que se presentó fue Boca, que ofreció 180 millones de pesos y recibió el beneplácito de la Corporación el 25 de febrero de este año. El negocio es formidable: unas tres manzanas en el tejido urbano por alguito más de diez millones de dólares, o unos seis mil pesos el metro cuadrado. Para que la cosa sonara más social, la licitación hablaba de construir una biblioteca, un club social, un espacio cultural, un gimnasio y un salón de juegos, todos usos fácilmente acomodables en el objeto que quiere construir el club, un nuevo megaestadio. Como Boca no necesita tres estadios -ya tiene la Bombonera y uno más pequeño- y como está comprando casas en la zona inmediata del club para expandirlo, es posible que la versión que avisa que, completado el nuevo estadio, se demolerá el viejo para hacer un shopping...

Pero el tema de fondo es que la venta se hizo por afuera de la Legislatura, con lo que un grupo de vecinos encabezado por Natalia Quinto presentó un amparo ante el juzgado porteño 24 para frenar todo. El juez Darío Reynoso pidió el expediente administrativo a la Corporación Sur, cosa de ver de qué le estaban hablando. ¿Qué hizo esta empresa del estado porteño? Nada en absoluto. Reynoso le está cobrando una multa de cien pesos diarios a la Corporación y a su titular, Karina Spalla, por no presentar el expediente. Y les avisó que la multa va a subir a diez mil pesos por día sin no le mandan los papeles. Un detalle: Spalla va a tener que pagar la multa de su bolsillo, porque es individual y no se la puede pagar la Corporación.

En resumen, una venta rápida, por fuera de la Legislatura, con arreglos que reparten preadjudicaciones de viviendas, a precio camarada y con expedientes que no le muestran ni a los jueces. Todos elementos que explican por qué van con facas a las audiencias del Consejo Consultivo.

San Lorenzo

Para que nadie piense que la cosa es con Boca y nada más, los vecinos de Boedo están en armas ante el inverosímil proyecto de volver a armar el estadio de San Lorenzo en los terrenos que hoy ocupa un Carrefour, varias viviendas y las Torres Inclán, dos edificios de veinte pisos de altura. La manzana que marcan avenida La Plata, Mármol, Las Casas e Inclán es tranquila y bastante densa, pero anda dando vueltas por la Legislatura un surrealista proyecto, con apoyo de la Ciudad, para que se construya un estadio nuevo en medio de todos estos edificios.

La leyenda negra del fin del Gasómetro, demolido en 1979, es que la dictadura apretó de alguna manera al club para hacerse de su sede y construir, en 1981, las torres de vivienda. Es notable que 35 años después nadie haya ni tratado de probar esto ante la justicia, excepto por un grupo de hinchas que recién en 2012 denunció al intendente de entonces, Osvaldo Cacciatore, que llevaba muerto algunos años. De hecho, la manzana del estadio fue comprada por la Municipalidad y ni siquiera fue expropiada, por decreto o por ley. De hecho, el fin de la historia fue la venta del lote que ocupa el Carrefour, retazo que le quedó a San Lorenzo, que ocurrió en 1985 y a precio de mercado.

Pero el proyecto 4384 existe y avanza, con apoyo televisivo, por mera nostalgia de los hinchas. La idea es volver a comprar el terreno del supermercado y volver a hacer un estadio ahí. El problema es que desde 1979, la zona se densificó de un modo normal en el tejido urbano entre Parque Chacabuco y Boedo, el tipo de crecimiento que implica un barrio “normal”, sin mayores atractores ni disrupciones. Instalar un estadio con capacidad de decenas de miles de personas es un disparate urbanístico.

Todos los estadios de fútbol de esta ciudad, y los de varias otras, tienen en común haber sido construidos en terrenos marginales a las zonas de mayor densidad. Desde River a Boca, pasando por Ferro o Vélez, para citar algunos, nacieron en barrios en su momento despoblados pero con accesos claros, de modo de poder manejar multitudes los domingos y dejar en paz a los vecinos el resto de la semana. Quien vea los entornos de estos estadios verá que la densidad a su alrededor es menor al resto del barrio, pero que ya tienen un efecto negativo sobre la vida de los vecinos, especialmente en el caso de Ferro.

Pero tomar un barrio ya densificado e implantarle un estadio es un disparate y una invitación a las patologías urbanas, desde los trapitos ocupando calles y calles alrededor, al ruido, el comercio informal, la mugre y los “delitos de multitud”. Para peor, el lote en Boedo no tiene accesos claros de transporte, ni siquiera a la autopista, y en el barrio ya no hay dónde estacionar en un día normal. Nada de esto parece importarle a la Ciudad, que ni consultó a los vecinos ni anunció algún plan futuro de manejo del lugar, del tránsito y del transporte. Es lo de siempre, darle el gusto a algún privado y dejar que los vecinos le tengan la vela cuando llegan los costos sociales.

Clubes sin luz

El tarifazo que el macrismo vende como un “sinceramiento”, palabrita que recuerda al inmortal Celestino Rodrigo, está teniendo consecuencias inesperadas sobre la vida social porteña. Una es la amenaza sobre los muchos teatros independientes de la ciudad, que se encuentran con cuentas simplemente imposibles de pagar. Otra es que los clubes de barrio tampoco pueden pagar la luz y amenazan con cerrar. Estas entidades fueron a pedir ayuda a la Legislatura y la diputada Silvia Gottero está preparando un proyecto para darle a los clubes barriales una ayuda económica equivalente al 40 por ciento de la boleta de la luz. Esto se aplica a los clubes anotados en el Registro Único de Instituciones Deportivas y sólo como un paliativo hasta que las entidades puedan acceder a la tarifa social. Para que no sea una sinecura, el procedimiento de Gottero implica que cada mes, cada club debe presentarse a la subsecretaría de Deportes porteña con la boleta del mes, para cobrar la ayuda.

Sobre Siqueiros

Una de las piezas más especiales del patrimonio porteño es el mural “Ejercicio plástico” que pintó el mexicano David Alfaro Siqueiros en el sótano de la quinta de Natalio Botana en 1933. El mural es literalmente una habitación de techo abovedado, o sea un objeto tridimensional, que ahora se exhibe en el Museo del Bicentenario en la Casa Rosada y es considerado muy especial hasta por los mexicanos, gente acostumbrada a estas cosas. La Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, en el marco de su exposición de piezas de Siqueiros y sus compañeros de generación Orozco y Rivera va a realizar una conferencia sobre el mural de Botana el viernes 27 a las 19. La clase está a cargo de la crítica y curadora Ana Martínez Quijano, se realiza en el auditorio de la Asociación, es gratuita y requiere inscripción previa escribiendo al [email protected]

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