Sábado, 9 de julio de 2016 | Hoy
Un problema de la ecología es que exige ese esfuerzo tan molesto de pensar a largo plazo. Para peor, en cuanto uno lo hace aparece el todavía más molesto tema de posponer las gratificaciones: una cosa es dejar de usar bolsitas de plástico en el supermercado, otra muy otra es considerar la huella de carbono de esas vacaciones soñadas en avión. Y ni hablar de cuando se tocan intereses económicos, cuando se pregunta por qué el transporte urbano argentino está compuesto exclusivamente de tronantes fumigadoras sin aislación sonora ni alguna consideración al smog. La falta de planeamiento, entonces, puede definirse como una arrugada de muchos y un subsidio a pocos poderosos.
Con lo que el fallo de esta semana paralizando toda construcción de countries en una amplia zona del norte bonaerense es realmente notable y raro. La causa comenzó con dos obras en particular pero la prohibición de obra nueva abarca toda la cuenca al norte de la CABA y el Delta, incluyendo enormes extensiones de humedales. La decisión menciona explícitamente el tema del agua, de la construcción de canales y de lagunas artificiales, y condena duramente la falta de estudios serios de impacto ambiental. Según parece, en la provincia estos estudios son tan sonsos y vacuos como en la ciudad, pero las consecuencias son peores.
El fallo es de la justicia federal, lleva la firma de la jueza Sandra Arroyo Salgado, la ex del fiscal Alberto Nisman, y le ordena al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible revisar los permisos ya concedidos y, increíble, estimar los efectos acumulativos de lo ya construido. Esto es notable, porque en este negocio siempre se vive en el Primer Día de la creación y nadie piensa en lo que ya se hizo, aunque sea para estimar contextos.
Hasta que no se haga este estimado, al que el juzgado le pone el candado de considerar un “estudio pericial”, con lo que le da validez judicial, no se pueden hacer countries. La orden corre para 16 municipalidades bonaerenses, las más abundantes en esta tipología, que no pueden dar permisos de obra nueva o de ampliación si se van a hacer “endicamientos, embalses o polders, dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües naturales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o ambientes isleños”.
Como se ve, hay una prohibición de cambiar el relieve de los terrenos, lo que invalida prácticamente todos los countries habidos y por haber, ya que nunca aceptan dejar en paz los desagües del terreno y siempre rellenan terrenos bajos. Es por eso que se clausuró la obra de Venice, pretencioso nombre de un barrio cerrado en Tigre, y se paralizó el arranque de Remeros Beach, un proyecto de 17 hectáreas. Para más valor del tema, la causa arrancó con el CELS defendiendo a los vecinos del Barrio Garro, al lado del Venice, que temían quedar bajo el agua con tanto cambio de pendientes del poderoso vecino.
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