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En febrero, el juez porteño Aurelio Ammirato falló a favor de Basta de Demoler, la Fundación Ciudad y SOS Caballito, que habían pedido un amparo de enorme importancia. Las ONG pedían a la justicia lo que el macrismo se había negado terminantemente a hacer y su continuación larretista tampoco iba a hacer. Lo que querían era que se terminara de una vez esta cacería de edificios patrimoniales, esta confusión tan auspiciosa para los coimeros y especuladores. En concreto, que el gobierno de esta ciudad autónoma terminara de una vez el catálogo de edificios, protegiera los que correspondiera e hiciera respetar esa protección.

Esto parece poca cosa, porque significa simplemente que el gobierno de la Ciudad cumpla la ley, cumpla con su palabra y tome una medida simple para terminar con un problema urbano muy importante. En el fondo, el tema es simple: los edificios anteriores a 1941, que son el objeto de este embrollo, son una minoría en el universo porteño; de esos edificios se busca proteger una cantidad también minoritaria, y liberar el resto. Si hay un catálogo, se sabe qué está protegido y qué no, con lo que el problema de fondo está resuelto y queda andar discutiendo casos individuales.

Es justamente la simplicidad del tema lo que genera tanta resistencia, porque en la confusión, la ambigüedad y la arbitrariedad reside el peaje. Si las reglas son claras para todos, no hay coima, ni favores, ni ya que estamos, ni tolerancias para el piso de más. El Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales ya no puede dejar demoler banalmente y ya no haría falta andar corriendo a la Legislatura o a la Justicia para parar piquetas. Por supuesto que no sería un mundo ideal, pero al menos tendríamos un mapa en la mano para orientarnos.

Ante el pedido de amparo, el gobierno porteño volvió a perder el tiempo y gastar nuestro dinero en abogados para defender el estado de ambigüedad. Perdieron espectacularmente, entre otras cosas porque no pudieron probarle al juez que estaban realmente trabajando en el tema (hicieron un convenio parcial con la Fadu/UBA, que no cubre ni remotamente toda la ciudad). Ammirato simplemente le prohibió al gobierno porteño autorizar ninguna demolición de nada anterior a 1941 si no termina el catálogo de una buena vez. Fue una catástrofe para los especuladores y sus socios municipales.

Con lo que no extraña que hayan sobreactuado en la apelación, pidiendo tontamente la inconstitucionalidad de lo actuado por el juez de primera instancia. Andar pidiendo inconstitucionalidades es jugarse a todo nada, sin repechaje ni campeonatos morales. La primera sala de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario acabó de tratar el expediente 43501 y le tiró con el código al ejecutivo: no hay nada de inconstitucional en el fallo de Ammirato, que se sostiene. Nadie puede pedir permiso para demoler nada hasta que este gobierno del PRO termine su trabajo de catalogación.

El nivel de incompetencia es ya esperable en el macrismo. La Cámara le señala a los abogados de la Ciudad que pedir una inconstitucionalidad es posible “contra las sentencias definitivas emitidas por el superior tribunal de la causa” y no contra un amparo, que es una medida cautelar, provisional y no final. Para más, parece que la Ciudad ni siquiera pudo señalar cómo era inconstitucional el fallo de primera instancia: “La admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad se encuentra condicionada a la configuración clara y precisa de una cuestión constitucional que guarde concreta relación con la decisión que se impugna”. El fallo le avisa al apelante que no alcanza con citar “genéricamente” la constitución o decir que el fallo es “erróneo”...

Resulta que a la ciudad le declararon “extinto” el derecho a apelar, con lo que se quejó de que la medida “vulnera la garantía del debido proceso, el derecho de defensa en juicio y la violación al principio republicano de división de los poderes”. La Cámara le responde con síntesis que no habiendo un fallo definitivo de la cuestión de fondo, sólo una medida cautelar provisoria hasta que se decida la cuestión de fondo. Con lo que los jueces Mariana Díaz, Fabiana Schafrik de Núñez y Fernando Juan Lima hasta la cargan las costas a la Ciudad, o sea a los vecinos todos.

El encono del gobierno porteño ante el amparo es injustificable en términos que no sean la protección de intereses privados, de una industria mimada por el macrismo. Un gobierno serio y moralmente limpio, como se retrata el PRO, entendería que cerrar la guerra de guerrillas de las demoliciones del patrimonio es un paso a la institucionalización. Cualquier ciudad seria de este planeta tiene un sistema así -un listado, una autoridad de aplicación, inspecciones, control- o directamente avisa que no va a proteger su patrimonio más allá de algún palacio o algún templo. Esto es lo que hace China, que considera a los siglos 19 y 20 “nuevos” e indignos de preservar, sobre todo por la asociación con un período negativo en la larga historia del país. Pero el macrismo afirma de hecho que sí protege el patrimonio.

De hecho, lo que protege es la especulación inmobiliaria y los peajes que le cobra. Esto se hace de tres maneras: cobrando “excepciones” y privilegios, haciendo la vista gorda ante los hechos consumados de demoliciones y endeudando la Ciudad para megaobras. El último caso es el del Paseo del Bajo, el nombrecito marketinero que le pusieron a la autopista de la Ribera. Oficialmente, lo que importa es que se van a hacer seis hectáreas de espacio “verde”, aunque los renders muestran que más bien será espacio abierto, con mucho cemento y algunos canteros. La autopista en trinchera va a costar 650 millones de dólares, de los cuales se van a tomar prestados 400. Por un lado, firmas amigas recibirán este suculento contrato, por otro se habilitará a la especulación un espacio todavía mayor: si se dejan abiertos 60.000 metros cuadrados, se podrán vender a los desarrolladores 90.000.

Estas nueve hectáreas son las vías que pasan justo atrás de Catalinas, con lo que se entiende que la zonificación también va a permitir torrezotas de aquellas. Es un hermoso negocio justificado por la necesidad de hacer caja para pagar la autopista.

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