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La quinta de los Anchorena ya no existe: fue demolida a las apuradas, aprovechando el feriado largo de la semana pasada para evitar la movilización de los vecinos de La Lucila que exigían su preservación. Del viejo y bello edificio que corona una barranca costera sólo quedan, por ahora, los edificios periféricos y la torre mirador, una fantasía lúdica y pintoresca. Así se perdió uno de los escasos ejemplares de quinta del siglo XIX que quedaban.
La manera en que se destruyó esta pieza patrimonial es típica de la desprotección legal y de la indiferencia de tantos hacia nuestros tesoros. El lugar fue comprado por una familia pudiente de perfil tan bajo como seguramente es su nivel cultural y ciertamente es su sensibilidad. Parece que los nuevos dueños quieren hacerse un barrio cerrado familiar, con tres casas, y el caserón italianizado les molestaba a sus planes.
¿Por qué, entonces, no se compraron otro terreno, vacío, para construir lo que quisieran? Probablemente porque les gustaba la ubicación y la vista. Y como la quinta no es monumento histórico, se la cargaron con impunidad.
El problema de fondo es que el patrimonio está expuesto a los instintos vandálicos de cualquiera y entre el monumento histórico y la piqueta no hay nada intermedio. A lo largo y a lo ancho del país, gente que se llena la boca hablando de las antigüedades europeas destruye sin ton ni son las de aquí. Y ni siquiera queda el consuelo de la vergüenza pública que los destructores de la quinta Anchorena deberían padecer: a nadie parece importarle demasiado.