Este jueves la Legislatura porteña sancionó con fuerza de ley un delito. Lo hizo después de un “pacto político” capitaneado por una rara dupla, la de Santiago de Estrada, macrista, y Miguel “Pancho” Talento, kirchnerista y supuestamente un hombre del campo progresista. Lo que los unió y los hizo trabajar todo el año fue la Iglesia y en concreto hacer zafar a la parroquia de Flores de las consecuencias de haber demolido de noche, sin licencia y a sabiendas de que era ilegal, la casona histórica de Membrillar 66. De Estrada lo hizo porque no resiste el menor pedido de la Iglesia, su verdadera militancia en esta vida. Lo de Talento es llamativo: lo hizo porque se lo pidió su mamá, Elsa Catrini de Talento, muy activa en la parroquia demoledora.

La casa de la primera cuadra de Membrillar, a metros de Rivadavia, es parte de la APH 15 y no se puede demoler. Famosona por haber alojado al bar La Subasta, la casa tiene una larga historia y era de las más viejas que le quedan al muy demolido barrio de Flores. Un buen día de 2003, la casa amaneció ya sin techo y en plena demolición, comenzada a escondidas, de noche y sin permiso de obra de ningún tipo o color. Los vecinos pararon la obra y llamaron a la Defensoría del Pueblo porteña, con lo que la obra se paró, la casa quedó hecha una tapera recuperable y el caso pasó a la geológica Justicia argentina.

El problema es que los terrenos para construir hay que venderlos rápido y que la ley de APH castiga al que demuele con un duro golpe al bolsillo: sólo se puede construir el 70 por ciento de lo que había antes. Queriendo vender para que alguien construya un edificio y no un chalet, la Iglesia llamó a la tropa propia. En 2005, Santiago de Estrada apareció con un proyecto de ley muy simple: se deroga el inciso que incluye a la casona en la ley que la protege. Esto sigue siendo discutible –en el momento de cometer el ilícito, la ley valía y Membrillar estaba incluida–, pero nada convence más que el hecho consumado.

El jueves por la noche, la Legislatura consagró esta pequeña impunidad comercial de la Iglesia al votar una microley que dice que se deroga “el acápite 8 del artículo 5.4.12.15 del CPU Ley 449-Membrillar 66/72”. Votaron a favor 31 legisladores, el mínimo exacto para que las cosas pasen, y 18 lo hicieron en contra (el ARI, Polimeni, Acuña y Varela). Hablaron a favor de zafar al párroco de la piqueta, González, Talento y Baltroc, que llegó a despertar las sonrisas generales cuando afirmó que no fue la Iglesia la que hizo la demolición, sino unos fantasmales okupas de la casa, que serían los primeros en el sistema solar en llamar a una empresa de demoliciones para destruir el lugar donde viven. El acuerdo político debe hacer sido fuerte nomás, porque entre los votos a favor de esta barbaridad se cuenta el de Norberto La Porta, que preside nada menos que la Comisión de Cultura de la Legislatura.

Las legisladoras Polimeni y Teresa de Anchorena hablaron contra el proyecto y explicaron algo muy simple: a partir de ahora, el que tenga un bien catalogado como bien histórico no tiene más que demolerlo de noche y buscarse un padrino legislativo que le haga una ley retroactiva. Se consagra otra impunidad, ya que los que hacen las leyes hacen las trampas, y en el mismo recinto.

Horas antes de la sesión, Anchorena le mandó una carta documento al Ministerio de Obras Públicas de la ciudad pidiendo que se sancione a los que demolieron Membrillar prohibiendo que construyan más del 70 por ciento de lo que había antes. Anchorena hasta había ofrecido un proyecto arquitectónico que conservaba la fachada antigua y permitía un edifico moderno, idea que fue ignorada por los piquetas.

Una triste manera de terminar este balance del patrimonio para 2006, con un acto de tal manifiesta ilegalidad que debería ser vetado por el Ejecutivo.