El petit hotel de Callao 924, construido por Luis Martín, arquitecto también de la embajada de Brasil, no estaría hoy siendo demolido, su comprador no debería haber tenido que enfrentar amparos y protestas, ni debería haber arriesgado la considerable inversión que realizó. El problema es que el gobierno porteño simplemente no cumplió con sus deberes formales, mandados por la ley 1227, lo que generó esta situación confusa y la consiguiente pérdida de otro edificio de valor patrimonial.

Promulgada el 4 de diciembre de 2003, la ley 1227 es el marco legal para proteger, investigar, restaurar y promover nuestro patrimonio. La ley durmió más de dos años y fue reglamentada sólo en marzo de 2006, luego de un amparo que presentamos por los bares notables Británico y Gato Negro. Ya reglamentada, volvió a dormir y nunca se creó la Unidad Técnica de Coordinación Integral de Catálogos, Registros e Inventarios, que pese a su complicado nombre tiene una tarea a cumplir: unificar en una sola lista la información sobre piezas patrimoniales públicas o privadas. Callao 924 es, integra parte de ese patrimonio, junto a otros 2706 edificios que aparecen, como “Edificios Representativos del Patrimonio Tangible” en la página web de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural porteña.

La ley ordena la creación de un registro unificado de bienes culturales, los cuales no pueden ser vendidos, transferidos, modificados y mucho menos demolido sin autorización previa del Ministerio de Cultura de la ciudad. Esto es, si en este año y medio largo que tuvieron en el gobierno porteño hubieran cumplido con la ley, Callao 924 no podría haber sido vendido sin autorización del Ministerio de Cultura, que debería haber notificado previamente a los propietarios que no era demolible. El actual dueño hubiera sabido de los límites a su inversión y hubiera podido decidir con información clara qué hacer.

Una ironía es que Callao 924 está dentro del “área de amortiguación” de la propuesta hecha a la Unesco, proponiendo a un sector de Buenos Aires como “paisaje cultural de la humanidad”. ¿Qué se puede hacer? En lugar de hacer una política patrimonial discursiva y sentimental es preciso tomar medidas concretas para la real protección del patrimonio arquitectónico. Ahora, urge realizar el inventario único de bienes culturales y definir la situación de los otros 2706 edificios “representativos” que hoy no tienen protección efectiva.

* Diputada porteña, presidenta de la Comisión de Patrimonio.