Este martes, un representante de Basta de Demoler se presentó ante el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales a preguntar qué pasaba con el pedido de la ONG de participar y acceder a las reuniones de la entidad. La “encargada” del Patrimonio en el Ministerio de Desarrollo Urbano, Susana Mesquida, dijo desconocer la misma existencia de la nota. Le fue entregada una fotocopia, con el sello de mesa de entrada. La promesa fue tratar el asunto en la sesión del martes próximo.

Es curioso: hace un par de semanas, el mismísimo subsecretario Héctor Lostri le garantizó libre acceso tanto a Basta de Demoler como a los medios, con lo que m2 y dos representantes de la ONG participaron de la sesión de ese día. El CAAP tiene un reglamento que hace lugar a las ONG, sin voto pero con presencia y voz, y la presencia de la prensa y el público están garantizadas en toda sesión que sea vinculante, como es el Consejo. Es más: no hay reglamento interno que valga ante el peso de la Constitución porteña y, en el caso de la prensa, de la nacional.

Pero el CAAP está dando largas al asunto, lo cual resulta llamativo. ¿Será por la dudosísima legalidad de eso de desestimar edificios? El invento no tiene la menor base en la ley que le dio mandato al Consejo para recomendar catalogaciones, es “un ya que estamos muy rentable” para algunos. Como la mayoría de los miembros del CAAP son funcionarios públicos, es grave que quiebren la ley, ya que eso configura el incumplimiento de sus deberes específicos, algo que está hasta en el Código Penal. Tal vez por eso les gusten tanto las puertas cerradas.