El defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, también está preocupado por el incumplimiento de la Ley 2457 –ver aparte– y emitió recientemente una resolución para mover el tema. La ley de cultura y patrimonio fue sancionada por el Ejecutivo recién en tiempos de Telerman y sólo cuando un recurso de amparo obligó a Silvia Fajre a sacarla del cajón, pese a que ella era la subsecretaria de Patrimonio de la ciudad. Esta actitud de sabotear la cultura desde Cultura hizo escuela y es continuada hoy desde la misma subsecretaría por sus representantes en el CAAP, que votan como si representaran a la Unión de Demoledores por Guita y después andan por los pasillos fulminando a quienes las critican y farfullando insultos.

Entre las muchas cosas que esta resistencia a cumplir la ley genera, está el tema aparentemente menor de que los edificios catalogados no están marcados. La ley ordena que los inmuebles y las Areas de Protección Histórica se identifiquen, cosa que Gómez Coronado comprobó con fotos que no ocurre. El segundo artículo de la ley dice que cada edificio catalogado debe llevar una placa indicando el nivel de protección y el número de catálogo, mientras que las APH tendrán un cartel en la calle. Hace ya años que se venció el plazo de seis meses para llamar a concurso para diseñar estas placas, con lo que el ombudsman le recomienda al ministro Daniel Chaín que de una vez, y en plazo perentorio, se comience con la señalización.

¿Para qué sirve semejante cosa? Para educarnos a todos en la densidad de la historia que nos rodea, para valorizar el edificio marcado y el área identificada, para que lo que algunos ven como casas viejas sean vistos por muchos como piezas valiosas. Como los edificios son lugares y se aprecian por la vista, la señalización visual es de primera importancia. Esperemos que Chaín se digne moverse y desbloquee el asunto.