El Cuerpo de Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral expresó ayer su "total rechazo" a las postulaciones del abogado Daniel Erbetta como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y del camarista Agustín Basso como procurador general de la Corte y solicitó al gobernador Jorge Obeid que retire los pliegos de la Asamblea Legislativa que está convocada para tratarlos el próximo miércoles 19. El planteo fue hecho "con la firme convicción de que sólo una justicia independiente, transparente e idónea nos hará a todos más justos, libres y democráticos", expresó.

La asociación de graduados de la histórica casa de estudios de Santa Fe sorprendió ayer a la Casa Gris con pronunciamiento dirigido a la "comunidad jurídica toda y a la opinión pública en general", que firmó su presidente, Javier Francisco Aga.

"El estado actual de la justicia de nuestro país, y particularmente la justicia de Santa Fe, es un tema de trascendental importancia que involucra no sólo a legisladores, jueces, abogados y académicos, sino fundamentalmente a la sociedad en su conjunto. Las recientes postulaciones efectuadas por el gobernador contrarían el debate serio, responsable, minucioso, pluralista y democrático que merecen los cargos judiciales en cuestión como los nombres propuestos, ignorando por completo tanto las opiniones que pudieran haber vertido los colegios profesionales, asociaciones de magistrados, facultades de Derecho, organizaciones no gubernamentales afines, como la instancia de la audiencia pública como mecanismo que garantiza la participación ciudadana", explicó.

El cuerpo de graduados expresó además su "total desacuerdo con el momento político de las postulaciones (de Erbetta y Bassó) que fueron efectuadas con total ligereza y rapidez, a sólo dos días de las elecciones del 2 de septiembre, en las que los santafesinos concurrimos a las urnas para decidir sobre el futuro inmediato de nuestra provincia".

"Por tal motivo, el Cuerpo de Graduados manifiesta su total rechazo a las postulaciones efectuadas y solicita al gobernador de la provincia que proceda a retirar" los pliegos de la Legislatura. Todo, "con la firme convicción de que sólo una justicia independiente, transparente e idónea nos hará a todos más justos, libres y democráticos", concluyó.

Obeid ya recibió varios pedidos para que retire los pliegos de Erbetta y de Bassó de la Asamblea Legislativa. Uno de los primeros fue el del diputado Hugo Marcucci, quien le envió una carta a la Casa Gris el 4 de setiembre y después presentó una minuta de comunicación en la Cámara baja que el bloque oficial mandó a las comisiones. "No vertimos opinión sobre las calidades personales ni profesionales de los aspirantes, donde incluso sabemos que uno de ellos tiene un altísimo reconocimiento académico, sino en la metodología utilizada para la designación de estos importantes cargos", dijo el legislador del Frente Progresista.

"Debería aplicarse, cuanto menos, un criterio similar al planteado por el Presidente de la Nación, cuando se autolimitó en sus facultades mediante el decreto 222/03 del Poder Ejecutivo Nacional, donde se estableció un mecanismo participativo, que cambia significativamente la forma y el método, y por lo tanto, el resultado en la selección de estos funcionarios, pensando en la jerarquía que estos cargos representan", agregó.

Si en la provincia existiera un decreto como el 222 que firmó Kirchner, los dos postulantes a la Corte, Erbetta y Bassó deberían presentar, por ejemplo, una declaración jurada de los bienes propios y del grupo conviviente que incluya una lista de las asociaciones civiles y comerciales que integraron en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes y contratistas de por lo menos los últimos ocho años y cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de criterio por actividades propias, de los ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.