La Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) hizo público ayer su rechazo a las postulaciones de Agustín Basso como Procurador de la Corte, y de Daniel Erbetta como miembro de la Corte: "En primer término entendemos que no son hechos fortuitos o casuales las renuncias de los doctores Vigo, a la Corte y Bof, a la Procuración, a escasos meses que cambie el gobierno, sino que se relacionan con disponer al poder judicial para seguir garantizando la impunidad de quienes gobernaron la provincia".

"En ese marco las designaciones a producirse, tendrán un claro objeto. Sin lugar a dudas, la designación ya sea del procurador, como de un ministro de la Corte, de un juez o de cualquier otro funcionario que tenga el carácter de inamovible, es un hecho político, ello sin perjuicio de la legalidad del acto. Y es un hecho político de mucha importancia institucional. Por ello resulta llamativo, la toma de decisiones de tal trascendencia, por un gobernador que esta concluyendo su mandato, y cuando además su partido resultó derrotado en las elecciones", señala el comunicado de la CTC.

"El poder judicial debe ser el garante de nuestros derechos, y principalmente debe defendernos de los atropellos del propio Estado. Para ello deben existir mecanismos transparentes de selección de los jueces, y es por ello que como otras instituciones intermedias, reclamamos que se establezca por ley o por decreto una limitación al poder que la Constitución le otorga al Gobernador".

La CTC entiende que "es necesario, que la población pueda conocer a los candidatos a cubrir cargo de tal relevancia, y que esta personas, puedan ser sometidas a la valoración de sus condiciones morales, su idoneidad técnica y jurídica y su compromiso con los Derechos Humanos con el respeto debido, ya que no olvidemos que ellos tendrán la autoridad para disponer sobre nuestros bienes y nuestra libertad".

Y agrega: "En la medida que no se modifique el sistema de selección de Ministros de la Corte y jueces en general, no convalidaremos a quienes sean propuestos, más allá que puedan cumplir los requisitos, o que los entendamos ideológicamente correctos, porque aceptar esto, es avalar un sistema obsoleto y que nos a llevado al estado de situación actual en el poder judicial, y porque por uno bueno que pueda entrar, entraran otros tantos, sin antecedentes y con el claro fin de garantizar la impunidad".

"Las designaciones efectuadas por el gobernador Obeid, en el ocaso de su mandato, resultan sospechosas, y es por ello que nos hemos opuesto a ambos candidatos, y reclamamos al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, no olvidemos que en diciembre también se renuevan una importante cantidad de bancas, lo que implica una modificación en la composición del cuerpo legislativo, una conducta ética, quitando los pliegos remitidos, y absteniéndose de realizar nuevas designaciones", dice otra parte del documento.

"Asimismo exigimos al gobernador y a los diputados electos que asumen el 10 de diciembre, que establezcan mecanismos de propuestas y designación de los jueces y todo otro funcionario inamovible, que garantice la transparencia del proceso, como asimismo el conocimiento de la población de quienes son los candidatos a ocupar los cargos", concluye el documento.

"Desde hace tiempo venimos denunciando la connivencia entre el poder ejecutivo y judicial. Y como este último ha resultado garante de la impunidad de los funcionarios públicos, de hecho, el juez correccional que sobreseyó a quienes fueran ministro de gobierno y secretario de seguridad pública en diciembre trágico, pese a sus malos antecedentes, ascendió a camarista, a propuesta del gobernador y con la aprobación de su pliego, con el único voto de la mayoría peronista", agrega el texto.