El Senado santafesino repitió ayer con la ley de acceso a la información pública un ping pong que ya tiene cuatro años. Mandó al cajón de los sueños eternos al proyecto impulsado por el gobernador Jorge Obeid que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados y aprobó otro proyecto inspirado por el senador del PJ, Joaquín Gramajo Benavides, que si bien no exige un "interés legítimo" para acceder a los datos oficiales impone tantos requisitos que parece un maquillaje a la cláusula más controvertida. La letra y música de los senadores del PJ se nota también en una chicana a los medios cuando amenaza con multas de 500 a 20.000 pesos a "los entes privados que suministren información en forma incompleta".

La ley tapón fue votada por la mayoría del PJ, así que Obeid ya no tiene ninguna chance de terminar su mandato con una norma que habilite el acceso a la información pública, salvo que Diputados resuelva aceptar el proyecto de los senadores oficialistas.

La jefa del bloque socialista, Patricia Sandoz denunció el cajoneo del proyecto que vino con media sanción de Diputados, hace más de un año, el 10 de agosto de 2006. "Quince días después, el 25 de agosto, la comisión de Presupuesto lo despachó y el 6 de setiembre ingresó a la comisión de Derechos Humanos, donde todavía está, pese a la insistencia, los reclamos y pedidos de preferencias para que se trate. El presidente de la comisión, senador (José) Baucero nunca lo despachó. El jueves pasado le pedimos que lo haga para que pudiéramos tratarlo en forma conjunta en esta sesión con el proyecto presentado por el bloque del PJ, pero no lo hizo", dijo la legisladora.

"En cambio, el proyecto de los senadores del PJ entró al Senado el 3 de agosto de 2006 (el mismo día que Diputados votara el proyecto de Obeid mejorado). El 9 de agosto fue a la comisión de Presupuesto, el 15 de setiembre a la comisión de Derechos Humanos y tres días después lo giró a la comisión de Asuntos Constitucionales", agregó. "O sea que, hay una clara diferencia en el trato de uno y otro proyecto. Nosotros creemos que nadie puede obligar a nadie a pensar de tal o cual forma. Pero sí tenemos responsabilidades institucionales en el manejo de una comisión tenemos y por lo tanto, la obligación de dar tratamiento a todas las posiciones", dijo Sandoz.

La ley de los senadores del PJ obliga también a los "entes privados con o sin fines de lucro" a suministrar información, entre ellos "empresas privadas a las que se les haya otorgado o se les otorgue mediante permiso, licencia, concesión, la prestación de un servicio público". Y después sanciona con multas de 500 a 20.000 pesos a "los entes privados que obstruyan injustificadamente el acceso a la información pública solicitada o que la suministren sin fundamento en forma incompleta, o que permita el acceso a información exceptuado u obstaculicen de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal prevista en el Código respectivo".