La Corte Suprema de Justicia de la provincia volvió a "reiterar" la semana pasada al gobierno de Jorge Obeid -como ya lo había hecho el 9 de mayo y el 19 de setiembre- que clausure los sectores que se conocen como de admisión y enfermería del establecimiento donde funciona el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR). También planteó la clausura del sector de conducta y en los tres casos que se ubique a los chicos que están allí en espacios físicos "que cuenten con las condiciones de salubridad adecuadas para su alojamiento". El acuerdo de la Corte plantea también que con la máxima urgencia posible se repare y refaccione el edificio donde funciona el IRAR. Dos días antes que la Corte redactara este acuerdo los chicos alojados justamente en el sector de enfermería fueron golpeados por integrantes de la guardia de turno del Servicio Penitenciario Provincial, un hecho del que ya tienen conocimiento trabajadores y asistentes sociales del fuero de menores y el magistrado Juan José Carmona. La Corte produjo este acuerdo a partir de la presentación que oportunamente hizo la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) y la petición de informes de la Cancillería a requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La CTC realizó meses atrás un informe sobre las condiciones de detención en el IRAR y ese escrito se hizo llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se dirigió entonces al Estado nacional para pedir informes, un hecho para el que fijó el plazo de dos meses que está a punto de expirar. El director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de la Nación, Federico Villegas Beltrán, a su vez pidió informes a la presidencia de la Corte a cargo de Roberto Falistocco.

Con un acuerdo del tenor del firmado el pasado martes 13 donde se ordenó la clausura de los sectores de enfermería, admisión y también el del pabellón de conducta -y se fijó un plazo de diez días a partir de la notificación al Ejecutivo- surge el interrogante acerca de si esa requisitoria será cumplida porque el mismo texto habla de que se reitera lo dispuesto el 9 de mayo y el 19 de septiembre últimos. Respecto del señalamiento para que "con la mayor urgencia posible" se refaccione y repare el IRAR, esa indicación también se dio en el acuerdo del 19 de setiembre pasado. Además la Corte pidió a los jueces de Menores, Ana María Elvira y Juan Leandro Artigas, la elaboración de informes sobre la actividad que realiza la llamada Comisión de Seguimiento del Proceso de Optimización del Sistema de Alojamiento de Menores en Conflicto con la Ley Penal.

En el texto que firmó Falistocco y los ministros María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez, Mario Netri, Eduardo Guillermo Spuler, el procurador Agustín Basso y el secretario Eduardo Bordas se dio cuenta de los informes consecutivos realizados en cuanto a la aptitud del IRAR como establecimiento de detención de niños y adolescentes y se sostuvo que "no varió de manera sustancial desde que este cuerpo dispusiera las primeras inspecciones en abril de 2007". En otro párrafo se señaló que los jóvenes "se encuentran en un estado de ocio y que no se cumple con la finalidad que tiene la internación, que es la resocialización de los mismos a través de la escolarización y los talleres, para lo que deberían ser estimulados por personal especializado".

Cuando el martes de la semana pasada se reunieron los integrantes de la Corte ya había ocurrido otro hecho violatorio. Uno de los chicos alojados justamente en el sector de enfermería pidió asistencia médica porque sentía mucho dolor en una de sus piernas que tiene operada. Como respuesta un guardiacárcel integrante del Servicio Penitenciario Provincial quiso hacerle un inyectable. El chico de 16 años, Carlos F. a quien se conoce con el apodo de "Pelo Duro" se negó, pidió que lo viera un médico y según algunos testimonios fue provocado por el hombre del SP. De allí en más la información es general porque no pudo accederse a la causa ni tener la opinión de la Fiscal Nº 8 Liliana Ditaranto. Carlos fue llevado de regreso al sector de enfermería, sus compañeros de "pabellón" salieron en su apoyo y personal penitenciario los golpeó. Los juzgados que tienen las causas de jóvenes alojados en ese lugar pudieron comprobarlo en Tribunales hasta donde fueron llevados los internos dos días después.

Más allá de que algunas voces señalen que las lesiones "no fueron de gravedad" el juez Carmona informó que se había remitido la denuncia a la fiscalía a cargo de Ditaranto para que resuelva sobre los pasos a seguir.

Carmona señaló que el IRAR "es un mal lugar, es grave que los niños y adolescentes estén internados allí y que lo que ocurrió es parte de las tantas malas cosas que pueden suceder". Son cinco los jóvenes que resultaron lesionados a partir de los golpes de un turno de los hombres que tiene funciones en el servicio y con los que algunos testimonios señalan que ya hubo varios problemas.

Todo lo concerniente al IRAR es violatorio de los derechos de niños y adolescentes, es tanto el tiempo que pasa sin que se solucione el alojamiento de menores en conflicto con la ley, que en algunos discursos parece naturalizarse que "algo se les puede pegar".