Los querellantes de la causa Brusa están preocupados. Con la demora del juicio oral corren los plazos procesales y el 2 de febrero, el ex juez federal Victor Brusa, volverá a pedir su libertad, luego de tres años de prisión preventiva. En la misma situación está el resto de los acusados. Y aunque el conjuez Leandro Corti pueda denegarles la liberación, las víctimas del terrorismo de Estado en Santa Fe consideran que es urgente la elevación a juicio oral, para que los acusados puedan ser condenados. "Estamos muy preocupados. El juicio tiene que comenzar porque las pruebas son contundentes", indicó Stella Vallejos, una de las querellantes, actual delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) en Santa Fe. Al mismo tiempo, afirmó que Brusa está internado en el sanatorio privado de Santa Fe, debido a un problema de salud, y goza de privilegiadas condiciones de detención, a cargo de la obra social de Judiciales, a la que pertenece su esposa. "Todos los detenidos deben recibir un trato digno. Pero los privilegios que tiene Brusa son irritantes, porque si bien es el derecho que le corresponde a cualquier ser humano, no es el mismo trato que recibe un detenido común", afirmó la acusadora.

Como delegada del Inadi, Vallejos puntualizó que "existe discriminación hacia todos los presos de las cárceles que mueren incendiados o están en condiciones infrahumanas, en relación al trato que recibe un genocida" y expresó su deseo de que "todos los detenidos reciban el mismo trato que Brusa".

Respecto a la demora del juicio oral, Vallejos consideró que los elementos para comenzarlo "están sobradamente dados" y desafió: "Alguien nos debería explicar las razones de la demora. Hay una serie de cuestiones que nos preocupan. Que (Nicolás) Correa haya muerto sin ir a juicio, las amenazas que recibimos varios querellantes y el tiempo que corre, y con él los plazos procesales, sin iniciar el juicio".

Al mismo tiempo, si prospera el pedido de excarcelación, uno de los integrantes de la patota, Eduardo Ramos, irá a vivir al lado de su casa. "Que las víctimas debamos compartir el espacio urbano con los represores es la peor ofensa a la democracia que se pueda imaginar", puntualizó Vallejos, quien pidió que el juicio oral se apure ahora que las víctimas, y muchos de los acusados, están vivos. "Nosotros vemos que a través del tiempo, se abren las causas, damos vueltas por los distintos juzgados, llevamos nuestros testimonios, pero ellos siguen libres", expresó Vallejos, quien no puede ocultar su angustia por la demora. El fantasma del envenenamiento de Héctor Febres en la Prefectura de Buenos Aires sobrevuela en el imaginario de aquellos que buscan justicia desde el comienzo de la democracia.

Vallejos fue secuestrada en la calle, en la ciudad de Santa Fe, y fue interrogada por el propio Brusa, cuando era secretario del juzgado federal de Santa Fe. Estuvo privada de su libertad seis años, seis meses y veinte días. "Me secuestraron en la calle, estuve en un centro clandestino de detención en las afueras de Santa Fe, que nunca logramos identificar y después me llevaron a la Guardia de Infantería de Santa Fe, donde permanecí un año. Allí sufríamos interrogatorios encapuchados. Había dos salas. En una nos interrogaba la patota y después pasábamos a Brusa. Uno nos patoteaba y el otro también", relató.

Vallejos inició, junto a otro grupo de víctimas, la búsqueda de Justicia desde el funcionamiento de la Conadep, y luego ﷓cuando todas las causas en la Argentina quedaron truncas﷓ aportaron los elementos para el trabajo del juez español Baltasar Garzón. "Brusa es el único miembro de la Justicia que está preso por este tipo de delitos, por eso resalta, pero la causa involucra a otros acusados, como María Eva Aebis, que se encuentra detenida, también con condiciones de privilegio", puntualizó la querellante, quien mencionó también a Héctor Colombini, quien goza de prisión domiciliaria aún sin cumplir las condiciones previstas por ley, porque no tiene más de 70 años ni padece una enfermedad terminal. Otro acusado de la causa con prisión domiciliaria es Juan Calixto Perizzotti, responsable de la Guardia de Infantería donde se realizaban los interrogatorios.

También se encuentra detenido en el marco de esta causa el ex presidente comunal de San José del Rincón, Mario José Facino y Eduardo Ramos, alojado en el Cuerpo de Bomberos.

Una vez que la causa que llevaba Baltasar Garzón fue trasladada a la Justicia argentina, el juez federal entonces a cargo de la causa, Reynaldo Rodríguez, detuvo a los acusados el 10 de febrero de 2005. Mientras tanto, Brusa había asumido como juez durante la época de Carlos Menem, con una ayudita del entonces senador nacional Luis Rubeo. Fue destituido en el 2000, como consecuencia de la condena social que generó el abandono del nadador Héctor Pedernera, a quien atropelló con su lancha en la laguna Setúbal en noviembre de 1997.

"Con un grupo de sobrevivientes hemos trabajado por la Justicia desde siempre. Y debieran estar detenidos Brusa, Aebi, Colombini, Perizzotti, Correa y Ramos, sólo Ramos cumple presión efectiva", indicó la querellante, quien pidió que los represores estén en una cárcel común. "Brusa está en una sala vip y Correa está muerto, pero antes de que muriera, se lo encontraba dando vueltas por la ciudad", afirmó. El pedido de las víctimas del terrorismo de Estado interpela directamente a la Justicia. "Queremos que los represores que aún están vivos nos digan qué pasó, nosotros queremos que tengan su condena", afirmó Vallejos.