La conducción nacional del Partido Socialista (PS) se pronunció ayer en contra de los "intentos de concentración del poder presidencial y de la pretensión hegemónica del gobierno nacional", llamó a priorizar "la lucha por mayor igualdad y distribución de la riqueza" y convocó "a la articulación de todas las fuerzas políticas y sociales". Además advirtieron que "en el presupuesto para el próximo año no están contemplados aumentos de salarios y jubilaciones".

Al concluir la reunión del consejo federal del PS, la que participaron su presidente Rubén Giustiniani; el secretario general Oscar González, el intendente rosarino Miguel Lifschitz, el diputado nacional electo Hermes Binner, los diputados nacionales Ariel Basteiro, Jorge Rivas, María Elena Barbagelata y Eduardo Di Pollina y delegados de todo el país, se criticó el acuerdo alcanzado por el gobierno nacional y los supermercados que fue calificado de "insuficiente" porque muestra "su ineficacia" en el mediano plazo "frente a la necesaria recomposición de salarios y de jubilaciones pulverizados luego del persistente incremento de los precios de la canasta familiar".

A través de un "mensaje propositivo" de su consejo federal, el socialismo insistió en que "no se han tomado medidas para mejorar la distribución del ingreso, o al menos recuperar el valor del salario real pulverizado por la profundísima devaluación de la moneda de principios de 2002".

"En el presupuesto para el próximo año no están contemplados aumentos de salarios y jubilaciones lo que profundizará el deterioro de la capacidad adquisitiva de los asalariados del sector público y de los jubilados y pensionados", dice el documento de los socialistas.

"Se mantiene ﷓continúa la declaración del socialismo﷓ una estructura impositiva fuertemente regresiva, basada en el predominio de los impuestos indirectos del 74 por ciento en la recaudación total, mientras que los directos alcanzan sólo el 26 por ciento".

El comité Nacional rescató como positiva la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo y subrayó la necesidad de derogar la Ley Federal de Educación al tiempo que solicitó la sanción de una nueva Ley General de Educación y de Educación Superior.