Como lo adelantó Rosario/12, el 17 de diciembre pasado, Juan Ayala y Jorge García, dos internos de la Unidad 3, denunciaron que uno de los responsables del penal, de apellido Romano, les había entregado dos chuzas para asesinar a otro interno: Rubén Pio Castaño. Hoy la causa "está en trámite", informaron desde el juzgado interviniente, "es decir que no hicieron nada", acotó desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario Carmen Maidagan. En tanto, Romano y Mario Rodríguez -entonces director del penal denunciado con Romano por Castaño y otro interno, Ariel Maschio, por amenazas- no sólo no fueron citados a declarar sino que ahora pertenecen a la Dirección General del Servicio Penitenciario a pesar de las denuncias y de que los internos entregaron las armas como prueba del encargo. "Lo que hicimos fue sacarlos de la Unidad", explicó el director del Servicio Penitenciario (SP), Mariano Bufarini, en relación a Rodríguez y Romano, y puntualizó que Rodríguez se desempeña como director del cuerpo penitenciario, tramita los movimientos del personal, mientras que Romano está en la División Seguridad adonde se encarga de relevar la cuestión edilicia de los penales, aunque aclaró que en estas funciones "no tienen contacto con internos".

La abogada Maidagan recordó que "ellos denunciaron con nombre y apellido a quienes los amenazaban y les habían entregado las chuzas, o sea que tendrían que llamarlos a declarar". La denuncia por el encargo de asesinato fue efectuada por Ayala y García en el Juzgado en lo Penal de Instrucción Nº2 de Rosario, a cargo de Alejandra Rodenas, quien dispuso el traslado de los internos a la seccional 8 para resguardar su integridad física.

Castaño y Maschio habían estado detenidos en Coronda durante la masacre de abril de 2005 y habían denunciado a Romano y Rodríguez como "fogoneadores" de esta matanza. Luego de que fueran trasladados a la Unidad 3, denunciaron sistemáticas amenazas de muerte y de traslado a Coronda por parte de estas autoridades a las que finalmente denuncian Ayala y García por el encargo del asesinato de Castaño.

La primera semana de diciembre de 2007, los internos del entonces pabellón 1 -actual B- de la Unidad 3, al que pertenecen estos cuatro internos, quisieron pedir mejoras en las condiciones de detención y esto generó un conflicto en el penal que terminó por resolverse con la promesa del entonces director del SP Jorge Bortolozzi de que no habría traslados. Cuando el 10 de diciembre asumieron las nuevas autoridades, Romano y Rodríguez volvieron a la carga con las amenazas y esto derivó en una denuncia pública de Castaño y Maschio que habría motivado el encargo de asesinato.

En febrero, los internos se desayunaron que les habían bajado los puntos por buena conducta -con lo que perdían el beneficio de las salidas transitorias- por estar imputados por los incidentes de principios de diciembre, sanción de la que no habían sido notificados.

La sanción fue apelada ante el Juzgado de 1ª Instancia de Distrito de Ejecución Penal de Sentencia, a cargo de Efraín Lura, que debe pronunciarse para revocar la sanción o ratificarla. Desde el juzgado informaron que están tomando declaración a los imputados -por lo que algunos ya han comenzado a salir- pero Antonio Tesolini, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, aclaró que esto no lleva más de 20 días porque en el juzgado no se habían notificado de la apelación ya que se habían perdido los 19 expedientes en cuestión.

"Es un sistema perverso", sentenció Tesolini, porque mientras los internos esperan a que el juez se pronuncie no tienen los mismos beneficios que habían alcanzado, y ni siquiera se notificaron a tiempo de que los habían perdido. "Los presos están en una situación de vulnerabilidad", remató. Actualmente Ayala y García se encuentran alojados en el penal de Piñeyro, Maschio está en la seccional 25 y Castaño en la seccional 8.