La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados le pedirá hoy explicaciones a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Bressa, por su decisión de ampliar el Programa de Protección de Testigos y víctimas del terrorismo de estado a los propios verdugos de la dictadura, a quienes prometió "asistencia psicológica" -si la piden- para afrontar los juicios en los que deben responder por sus crímenes. La reunión se realizará a las 10 y había sido convocada antes de que Bressa revelara a Rosario/12 su interés en "garantizar (a los represores) la protección física y la atención psicológica que ellos mismos vulneraron a sus víctimas", dijo. Bressa recibió ayer el respaldo del silencio en la Casa Gris, mientras le llovían las críticas de militantes de derechos humanos, entre ellos la diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez. "El gobierno debe proteger a las víctimas y no a los victimarios", advirtió la legisladora. Mientras tanto, la funcionaria de la polémica publicó un comunicado en el que relativiza sus dichos (ver aparte).

Bressa y el director del Programa de Protección de Testigos, Oscar Blando, fueron convocados por la presidenta de la comisión de Derechos y Garantías, Mónica Peralta (UCR) para "intercambiar opiniones sobre la aplicación" del plan en la provincia, ante los juicios orales y público a represores que se realizarán en Rosario y Santa Fe. También fueron invitados los abogados patrocinantes de las causas que investigan delitos de lesa humanidad.

El anuncio de Bressa de incluir a los represores en un programa destinado -en principio- a víctimas de la represión ilegal causó sorpresa en la Casa de Gobierno y en la Legislatura. La vicegobernadora Griselda Tessio se excusó de opinar. "No va a hacer declaraciones sobre este tema", deslizó uno de sus colaboradores. El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, dijo no estar informado. "No sé de que se trata", contestó ante una consulta de Rosario/12. Y más tarde, la espera de una definición pública de Hermes Binner resultó infructuosa: el gobernador concedió la última audiencia de su agenda a una madre que lucha contra el narcotráfico, Norma Castaño (ver página 2) y después salió de la Casa Gris por la puerta de atrás.

El silencio oficial dejó a Bressa en la soledad política. Nadie salió a defenderla y menos, a explicar lo inexplicable. "Yo no me voy a borrar", planteó la diputada Gutiérrez. "Lo que dijo Bressa no es lo que se conversó en su momento, tanto con las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como en las distintas reuniones que organizamos en la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara. En lo personal, no acuerdo con un programa que proteja a los represores", disparó la legisladora del ARI rebelde.

"Lo que sí conversamos -aclaró- es que si algún represor hablaba o daba información, como en el caso de (Eduardo) Constanzo, sería importante protegerlo para que llegara vivo al momento del juicio, pero eso lo determinará el juez federal de la causa y no el Programa de Protección de Testigos en Santa Fe", explicó.

Gutiérrez dijo ignorar sobre qué normas se fundamentó Bressa para hacer su anuncio. "No hay ningún decreto o resolución del Ministerio, o por lo menos yo la desconozco, que garantice (a los represores) lo que ella dice que están en su derecho de pedir".

-La secretaria de Derechos Humanos habló de una contención psicológica de los represores.

-Pero el programa de protección de testigos, como su nombre lo indica, está dirigido a testigos, querellantes y familiares de víctimas del terrorismo de estado. Por lo tanto, cualquiera de las acciones del gobierno que implique esto, seguridad o apoyo psicológico, tienen que estar dirigidas a ellos.

-¿Cómo surge esta decisión de asistir también a los represores, si ellos lo piden?

-No lo sé.

-¿Cree que la señora Bressa debería dejar el cargo? Algunos organismos de derechos humanos y expresiones políticas ya pidieron su renuncia.

-El Poder Ejecutivo tomará las medidas que crea conveniente. Yo soy legisladora, pero en primer lugar soy querellante (en la causa de la quinta de Funes) y militante de derechos humanos. Por lo tanto, no acuerdo con todo esto -concluyó Gutiérrez.