Desde Santa Fe

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Héctor Superti, confirmó ayer que el programa de protección a testigos y víctimas del terrorismo de estado ﷓que diseña su cartera﷓ "se podría extender también a imputados (por crímenes de lesa humanidad) que transmitan la idea de declarar contra otros imputados. El típico caso de un arrepentido", dijo. "Hay un articulito (sic) que dice que a pedido de la justicia competente se podría extender este programa en casos de excepción" y con "la única finalidad de mejorar la calidad probatoria de los juicios", sorprendió.

Superti salió ayer en defensa de la ex secretaria de Derechos Humanos, María Bressa, que declinó el cargo por el revuelo que provocó su anuncio de extender el sistema de protección a testigos a los represores de la dictadura. "Queremos garantizar todos sus derechos, incluso la protección física y la atención psicológica que ellos mismos vulneraron a sus víctimas, dijo la funcionaria desplazada a Rosario/12.

Sin embargo, ayer Superti sorprendió con su propia interpretación de los dichos de Bressa que publicó este diario. "Las declaraciones de la doctora Bressa, que por lo que ella me explicó, yo creo que se oscilan en un punto de ese programa, que inclusive se incorporó en el proyecto (de decreto), imaginando una forma importante de colaborar en la eficacia de los juicios, que consiste en si se puede aplicar el sistema de protección a imputados que transmitan la idea de declarar contra otros imputados. El típico caso de un arrepentido", explicó el ministro.

"Entonces, hay un articulito (sic) que dice que a pedido de la justicia competente, que es la justicia federal, se podría extender este programa en casos de excepción. Esto, cuya única finalidad es mejorar la calidad probatoria de los juicios, considerarlo como que es el anuncio de un programa para proteger emocional y físicamente a los imputados de delitos de lesa humanidad por la Secretaría de Derechos Humanos no tiene absolutamente nada que ver", dijo Superti. Fue Bressa la que habló de la "protección física y la atención psicológica" de los represores. Ahora, el ministro habla de los arrepentidos.

"De todas maneras, ﷓agregó Superti﷓ esas declaraciones confusas generaron todas las reacciones que se conocen. Y aquí quiero hacer una precisión. Hay distintas áreas de gobierno con distintos matices, el área de Derechos Humanos tiene en esta época que estamos viviendo un matiz muy especial que es de todo aquello que se vincula con la gente que sufrió mucho con la última dictadura militar y donde el común denominador es el fuerte dolor que eso ocasionó".

﷓Entonces, ¿el programa contemplaría la figura del arrepentido? ﷓insistió una colega de LT10.

﷓Lo único que está en el proyecto es la posibilidad de que el juez pida que ese programa, fundamentalmente pensando en la seguridad física, se extienda a alguna persona que no sea una víctima. Puede ser, en hipótesis, un imputado porque entiende que su relato puede ser muy valioso para el desarrollo del juicio. Punto. Nada más. Este es un programa para las víctimas, no para los victimarios. Esto es así, está escrito así ﷓contestó Superti.

El "articulito" al que aludió el ministro, es ﷓en realidad﷓ el tércer párrafo del artículo 5º de un proyecto de decreto que está a la firma del gobernador Hermes Binner, según reveló el director de Programas de Derechos Humanos, Oscar Blando, en la reunión del miércoles en la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados que aceleró la caída de Bressa.

En su exposición ante legisladores, abogados de Hijos y víctimas del terrorismo de estado, Blando explicó las reformas al programa de protección a testigo que planteaba el gobierno. Bressa estaba a su lado. "Quiero hacer referencia al artículo 5º, que me parece clave en la cuestión y en el debate público", dijo el funcionario. Y leyó el texto: "Las medidas de protección prevista en el presente decreto podrán ser aplicadas a los testigos y querellantes que se encuentren en situación de peligro para su vida e integridad física como consecuencia de su intervención de un proceso penal de competencia federal relativa a los delitos (de lesa humanidad). Las mismas podrán se dirigida o extendidas a cónyuge, ascendientes, descendientes, parientes hasta el cuarto grado de consaguinidad. Sin perjuicio de lo dispuestos en el primer párrafo, la autoridad judicial competente podrá disponer fundamente medidas de protección para otras personas'.

"Este tercer párrafo me parece importante. ¿A ver si está claro?", se preguntó Blando. "El programa prevé quiénes son los destinatarios: los testigos y los querellantes. Puede extenderse, por supuesto, a sus familiares y parientes. Y después dice: "Sin perjuicio de lo dispuesto, la autoridad judicial competente podrá disponer fundadamente medidas de protección para otras personas".

Uno de los querellantes le contestó poco después: "Este plan carece de un punto fundamental. Para prevenir cualquier posibilidad de un ataque hacia alguien, testigo o querellante, lo primero que hay que hacer es controlar a aquellos que sean capaces de producirlo. En la ciudad de Santa Fe, se han pintado paredes, tiraron un cajón con huesos en la vereda de una radio, amenazaron a jueces y fiscales, invadieron la casa de un secretario. Particularmente, nosotros hemos sufrido un sinnúmero de amenazas que fueron desde una pistola en la cabeza a un hijo nuestro hasta autos tiraron encima del nuestro. Y todavía no existe absolutamente nadie detenido, investigado o sospechado", denunció Daniel García.